Pilar Garrido, senadora de Unidos Podemos ha registrado una moción en la Comisión de Fomento del Senado instando al Gobierno a que convierta el Fondo Social de Viviendas en un instrumento eficaz, obligando tanto a la SAREB y a las entidades financieras de nuestro país a ceder su parque inmobiliario disponible. Tal y como se razona en la moción, a pesar de que el artículo 47 de la Constitución recoge el derecho a una vivienda digna, la realidad es que existe “una grave situación de vulneración de derechos y de injusticia social”.
El texto registrado por Unidos Podemos afirma que “ha llegado la hora de realizar otra lectura de la Constitución Española y avanzar en la garantía del derecho a una vivienda digna”. Se trata de escuchar las voces que se han alzado dentro de la sociedad española, cuyo altavoz más importante ha sido la PAH, del Defensor del Pueblo o la Relatora Especial Sobre el Derecho a una Vivienda Digna de la ONU, Raquel Rolnik, que reclaman “un cambio de política y la urgente necesidad de aportar soluciones efectivas a la situación de emergencia habitacional que se vive en nuestro país”.
La moción plantea la puesta en marcha de un paquete de medidas para acabar con el acaparamiento de viviendas que protagonizan las entidades bancarias españolas. Hay que recordar que el propio TJUE “ha declarado la ilegalidad de la normativa hipotecaria” española. “Es hora de que los bancos asuman obligaciones y responsabilidades” y “ello se debe traducir en la obligación de contribución de viviendas idóneas al Fondo Social de Vivienda”.
La moción apunta hacia tres líneas de actuación urgente para garantizar que el Fondo Social de Vivienda sea un instrumento útil para las necesidades de la sociedad. Por un lado, la iniciativa pretende facilitar los criterios para acceder a la vivienda para aquellos colectivos más vulnerables, incorporando las situaciones de desahucio por imposibilidad de pago del alquiler. En segundo lugar, Unidos Podemos insta a que la SAREB ceda la totalidad de su patrimonio inmobiliario, que ha sido costeado por la propia ciudadanía, al Estado para su gestión. En tercer lugar, establecer la obligación de ceder parte de su parque de viviendas a los “grandes tenedores”, es decir, a las entidades bancarias de nuestro país, para que se den soluciones a las situaciones de exclusión y de emergencia habitacional que padece nuestra sociedad.
Se estima que en España hay aproximadamente 3 millones y medio de viviendas vacías, lo que supone un tercio del total de todas las que hay en Europa. En el tercer trimestre de 2016 los datos oficiales apuntan a que se producían cada mes más de 1.000 ejecuciones hipotecarias de vivienda habitual, mientras que los desahucios por la imposibilidad de hacer frente al pago del alquiler aumentan dramáticamente. “Hacen falta soluciones urgentes y el actual Gobierno mira hacia otra parte mientras grandes sectores de nuestro país se quedan literalmente en la cuneta”, ha manifestado Pilar Garrido.
