El juez de lo contencioso administrativo, José Yusty Basterreche, ha ordenado que se impida la celebración en sedes del municipio de Madrid a un acto de debate y exposición de las propuestas de los independentistas catalanes. El motivo alegado, que queda fuera de la competencia administrativista, es que el referéndum catalán ha sido suspendido, cautelarmente hay que recordar, por no ser constitucional. Se iba a utilizar una de las salas del Matadero para el debate y discusión pero ya no podrá ser. El juez Yusty Bastarreche es conocido por sus escasas simpatías hacia todo lo que huela a izquierda y Memoria histórica. Pertenece al núcleo de los jueces más conservadores de la judicatura pero se entiende, desde distintos grupos políticos, que esta vez ha traspasado sus competencias.
Tanto Podemos como Izquierda Unida han presentado diversos escritos criticando la negación de la libertad de expresión que se produce con este mandato judicial. Ramón Espinar ha sido contundente al manifestar que “tanto la derecha independentista catalana como el Partido Popular llevan muchos años viviendo de este conflicto, muchos años de no resolver el problema territorial de Cataluña”. Un acto que no iba a tener más trascendencia que las fronteras que suponen las cuatro paredes del Matadero, se ha convertido por obra y gracia del PP de Madrid en parte de la agenda política. “Entendemos que la libertad de expresión no se puede suspender por un conflicto político. Entendemos que los derechos y libertades de los ciudadanos no se pueden suspender y que si vamos a ese escenario, vamos a un escenario en el que lo que está en riesgo es la democracia” ha concluido Espinar.
Por su parte desde Izquierda Unida entienden que éste ha sido una “acto de censura caciquil” y que implica “un atropello a las libertades civiles, y que atenta directamente contra las bases mínimas de la democracia”. Entiende desde IU que “cuando una institución como la justicia responde a los intereses del gobierno y no garantiza los derechos civiles, la ciudadanía se encuentra totalmente indefensa”. Por último, instan a la Justicia a que “centre sus esfuerzos en perseguir a los que día a día nos saquean mediante la corrupción, pues son quienes de verdad atentan contra la soberanía del pueblo”.
¿Es capaz de explicar el señor Juez cómo afecta un acto con palabras la Unidad de España, el interés general o la defensa de la soberanía del pueblo, tal y como sostiene en su sentencia como principios? Según esta doctrina, no se podría hablar de instaurar una República en España por medios democráticos pues iría contra esos principios. Tampoco se podría hablar de formar una confederación ibérica de pueblos porque sería atentar contra la unidad de España. Tampoco se podría hablar de casi cualquier cosa que un Juez estimase como contraria al interés general o la soberanía del pueblo. Soberanía, por cierto, que recae en el propio pueblo no en un Juez o en un partido político.
José Luis Martínez-Almeida, portavoz municipal del PP, ha conseguido situar a su partido en el verdadero lugar que debe ocupar en la escala ideológica. En el tradicionalismo. Cristina Cifuentes nada ha dicho, por tanto consiente en que el partido que preside impida la libertad de expresión. Ella, que se dice liberal, olvida la máxima de John Stuart Mill y la libertad de expresión. Sólo de la confrontación con el otro podremos averiguar la verdad. Ya que aunque el otro no la tenga, servirá para hacer ver que nuestra postura era más correcta o no. Esto para el PP no existe.
La Ley Mordaza del gobierno conservador es sólo el primer avance contra las libertades de la ciudadanía española. Hablar, cuando no sea para atentar contra otras personas o para defender el odio a los demás (como puede suceder con racistas y/o fascistas), no puede ser considerado ilegal o contrario al espíritu democrático. Es más, la democracia tiene su mayor fundamento en la posibilidad de eliminación de distensiones por medio de la deliberación y el diálogo. Justo lo que ha faltado en el PP para solucionar el problema catalán. Prefieren el espadón (físico o jurídico). No son de hablar porque no creen que los demás puedan tener algo de razón o la verdad de su parte. Sólo ellos y ellas, que parecen haber sido tocados por dios, están en uso y disfrute de las libertades. Los demás no. Una vez más el PP atenta contra la libertad de expresión. Y sucede en Madrid.
