La derecha española tiene interiorizado un hecho que es inquietante: los intereses partidistas son iguales a los intereses del Estado y, por este motivo, el Partido Popular suele acudir a la razón de Estado para justificar comportamientos que para cualquier otra organización política serían reprobados o utilizados como argumento de desestabilización de cara a la población.
Hay que tener en cuenta que un porcentaje importante de los dirigentes del PP aún conviven con los comportamientos o con las costumbres propias de algunos de los fundadores o de los que, tras medrar en el Régimen, siguieron en política agarrándose a la crin del caballo que Manuel Fraga y más aún Aznar pusieron a correr.
Un medio de comunicación no sirve a la razón de Estado, sirve a sus lectores ofreciéndoles noticias y opiniones y a la libertad de difusión de ideas. Cuando se fuerza la unión entre periodismo y Estado las libertades dejan de existir y los medios pasan a ser “aparatos del estado”. Un país es más libre cuanto más separados y repartidos estén los poderes en su sociedad.
Por eso desde Diario16 rechazamos con enorme firmeza la sola alusión a la “razón de Estado” para pedir la mutilación de la libertad. No lo vamos a consentir ni al Partido Popular ni a nadie. No sido esa la norma de comportamiento de Diario 16 desde su fundación.
Inquieta además que el partido en el Gobierno utilice ese tipo de razones cuando no corresponden a una formación política, sea ésta cual sea. ¡Qué preocupante resulta que el PP se crea Estado! Otra vez la separación de poderes.
Y sorprende igualmente que el Partido popular no invocara razones de Estado para cortar en seco las fechorías de sus militantes, algunos muy altos cargos, cuando decidieron que la razón de su paso por el Gobierno era expoliar. Hablamos de la dirigencia popular en Madrid, Murcia, Mallorca, Comunidad Valenciana, entre otras muchas, o en el caso del esposo de la ministra de Defensa o el de quien administraba los dineros del PP.
Es inquietante que se utilice la «razón de Estado» para atacar a un medio de comunicación o para intentar defender comportamientos del todo oscuros como estar en consejos de administración de empresas públicas sólo por ser hijo de tal o marido de cual; defender a personas acusadas y enjuiciadas por casos de corrupción política y empresarial; participar en tramas presuntamente corruptas, como la de la familia Pujol, cobrando comisiones irregulares de proyectos en África; defender operaciones urbanísticas con fondos extranjeros que dejan en la calle a las víctimas de la crisis; expulsar de la carrera judicial a jueces de probada decencia sólo porque atacaban los intereses o la ideología del Partido Popular; derrochar el dinero de todos los españoles en proyectos faraónicos con contratos opacos de los que se están beneficiando grandes constructoras facturando millones de euros por trabajos que no se realizan; ganar grandes cantidades de dinero con la venta de productos televisivos a RTVE independientemente de la calidad de los mismos; permitir que se utilicen recintos deportivos como centros de negocio.
El propio Miguel Blesa, fallecido ayer por un disparo en el pecho, afirmaba a sus íntimos que su máxima prioridad era defender la operación de venta de los pisos sociales de Madrid al Cerberus, el fondo del hijo de Aznar mientras su madre era alcaldesa. Todo ello por lealtad porque él ya no tenía nada que perder. La propia muerte de Blesa está llena de misterios porque, según expertos consultados por Diario16, la versión del suicidio es muy complicada por el tipo de rifle que utilizaba el fallecido, lo mismo que con el accidente con el capó del coche. Salvo que haya otras causas… ¿Es razón de Estado que alguien se inmole socialmente para defender operaciones que están en los tribunales y que atentan contra los seres humanos más vulnerables?
Razón de Estado tendría que ser la vigilancia exhaustiva de los mercados bursátiles y de los bancos custodios que están haciéndose las dueñas de empresas estratégicas y que, en función de la rentabilidad, las pueden llevar a la ruina como ya ha ocurrido recientemente con alguna entidad financiera. Estos bancos custodios están ya entre los máximos accionistas de empresas como AENA, Santander, Endesa, Abertis, Sabadell, Telefónica o BBVA, por citar algunas.
Desde luego lo que no es razón de Estado es atacar a un medio de comunicación porque haya denunciado que siniestros personajes venezolanos con causas pendientes en Estados Unidos, Panamá o Venezuela se encuentren en España ni tampoco exigir la retirada de la información.
La razón de Estado es una máxima que solo debe ser utilizada en la defensa del propio Estado ante una amenaza que pueda atentar contra su razón de ser y existir.
¿Representa Diario16 una amenaza para el Estado español, o todo lo contrario?
