En todo el entramado corrupto de Ángel María Villar hay un nexo con el Partido Popular: la localidad de Las Rozas. No es que Villar cobrara o pagara comisiones a políticos municipales del PP. En este caso no es así. Es, quizá, algo más grave puesto que se realizaron actuaciones de manera unilateral aprovechando el modo autoritario en que el partido conservador español tiene de hacer política cuando tiene mayoría que fueron ilegales y condenadas por los tribunales, pero de las que se benefició Villar y la Real Federación Española de Fútbol (RFEF).
El Partido Popular de Las Rozas ha llegado a desobedecer sentencias judiciales para seguir manteniendo La Ciudad del Fútbol. Todo comenzó cuando el Ayuntamiento de la localidad madrileña cedió más de 100.000 metros cuadrados de suelo público a la RFEF, hecho por el que en el año 2.004 el Tribunal Superior de Justicia de Madrid anuló el acuerdo del Pleno porque se trataba de suelo público demanial por lo que el uso del mismo sólo corresponde a las administraciones públicas. El gobierno municipal del Partido Popular recurrió a todas las instancias posibles hasta que en 2.006 el Tribunal Supremo declaró la sentencia firme.
El ex alcalde Bonifacio de Santiago y siete concejales fueron acusados de prevaricación y desobediencia al no cumplir con la sentencia del Supremo. Fueron absueltos de esas imputaciones, pero la sentencia de ilegalidad de la cesión de los suelos continuó vigente.
Pasados los años el también ex alcalde José Ignacio Fernández Rubio implementó un complejo procedimiento jurídico para que la RFEF continuara con el uso y disfrute gratuito de los terrenos cedidos durante 75 años. Al tener una calificación demanial el Ayuntamiento de Las Rozas reclamó a Villar el pago de un canon de 46 millones de euros, pago que no se realizará porque en paralelo se reconoció que había una deuda con la RFEF por, exactamente, la misma cantidad. Casualidades.
Villar hizo un buen negocio en Las Rozas, un negocio en el que, en principio, no recibió ninguna cantidad de dinero. Sin embargo, la actuación del Partido Popular roceño es totalmente corrupta. Regalar recursos que pertenecen a los ciudadanos es un tipo de corrupción porque se está actuando contra los intereses de los mismos. Lo que hizo el Ayuntamiento de Las Rozas fue ilegal, tal y como han declarado los tribunales, pero también fue corrupto dado que el uso y disfrute del patrimonio público tiene que ir orientado a beneficiar a los ciudadanos y no a los intereses de una entidad semiprivada como es la RFEF. Villar se benefició de la protección del PP haciendo un gran negocio para la institución que presidía pero los roceños han perdido 120.000 metros cuadrados porque al Partido Popular se le ocurrió regalar esos terrenos aprovechándose de las mayorías absolutas que tenían en ese momento y olvidándose, una vez, más de las verdaderas necesidades de los habitantes de Las Rozas.
