Los coordinadores de Izquierda Unida Madrid, Sol Sánchez y Mauricio Valiente, y el responsable de políticas económicas de Izquierda Unida, Carlos Sánchez Mato, han presentado este viernes ante la Fiscalía Anticorrupción una denuncia por posibles delitos cometidos en la contratación menor de la Comunidad de Madrid.
El informe, firmado por los tres representantes, expone que el número de contratos menores formalizados del el 1 de julio de 2015 hasta el 31 de diciembre de 2017 es de 1.273.406 contratos. Suman más de 1.987 millones de euros suponiendo más del 15% de la contratación, una cantidad desmesurada en comparación con otras administraciones públicas.
“Es reiterativo, en numerosos casos, la repetición de contratos con idéntico objeto, tramitado por la misma consejería e incluso, en ocasiones con importe repetido”, se explica en la denuncia, que recoge una tabla con los objetos que se repiten más de 3.000 veces como implantes, catéteres, material de curas o prótesis entre otros.
Existen además muchas empresas que reciben contratos de manera sucesiva vulnerando los procesos de concurrencia. En la denuncia se recogen numerosos ejemplos como el de la Consejería de Cultura, que adjudicó contratos menores repetidamente a una misma empresa para la misma tarea, la de “trabajos de carga y descarga”. “Los ejemplos no representan casos aislados en la adjudicación de contratos menores de la Comunidad de Madrid sino un patrón constante en todas las Consejerías”, se explica en la denuncia.
Gran trabajo de las compañeras y compañeros de @IU_Madrid denunciando los contratos menores del PP, que acabaron sumando nada menos que 2.000 millones de euros. #OpacidadEnLaComunidadpic.twitter.com/C6av9jGgYF
— Alberto Garzón🔻 (@agarzon) June 15, 2018
“La actuación administrativa puede calificarse de arbitraria y presumiblemente produce un resultado materialmente injusto”, continua, pues “beneficia a empresas y profesionales elegidos por propia voluntad de quienes autorizan dichas contrataciones, con perjuicio de los principios de publicidad y libre concurrencia”.
En el informe se insta a la Fiscalía a practicar las diligencias que considere oportunas teniendo en cuenta que los hechos expuestos podrían “ser considerados un concurso medial (art. 77 del Código penal) entre los delitos de prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos de los artículos 404 y 432 del Código penal, cometido en régimen de continuidad delictiva (art. 74 del Código penal)”.
Y los responsables serían los firmantes de los distintos instrumentos jurídicos, esto es, la ex presidenta Cristina Cifuentes Cuenca, Ángel Garrido, Engracia Hidalgo, Pedro Rollán, Rosalía Gonzalo, Jesús Sánchez Martos, Enrique Ruiz Escudero, Jaime González Taboada, Carlos Izquierdo, Rafael Van Grieken y cualquier otra persona responsable de contratación que hubiera podido vulnerar la legislación.
La denuncia llega unos días después de que Izquierda Unidad de Madrid publicara el listado completo de contratos menores realizados por la Comunidad de Madrid entre junio de 2015 y diciembre de 2017. La liberación de esta información, que puede ser consultada y analizada libremente, se produjo después de comprobar que la administración autonómica publicaba estos datos de manera opaca e incompleta y más tarde de lo indicado por la ley estatal.
En paralelo también el grupo Podemos en la Asamblea de Madrid ha realizado un trabajo de análisis exhaustivo y riguroso tal y como han expuesto de manera clara y contundente diputados de la formación en sucesivas sesiones parlamentarias. Los contratos menores no se rigen por licitación abierta y sólo se pueden utilizar para contrataciones de importe reducido. Es una fórmula de contratación legal siempre y cuando sea de carácter excepcional o no previsto y que no sirva para sortear otros modelos de contratación sujetos a normativa de publicidad y concurrencia.
Hay indicios de que los contratos menores son usados para incurrir en fraccionamiento cuando una contratación de importe elevado que acorde a la ley tendría que regirse por una licitación abierta, se desguaza y se convierte en varios contratos con importes más reducidos, logrando así evitar la competencia con otras empresas. Eso está expresamente prohibido en la legislación.
