Señor Fiscal General del Estado:
Soy Fernando Presencia, Magistrado destinado en Talavera de la Reina.
Me dirijo a usted nuevamente, esta vez a través de este periódico digital, para informarle del resultado de mi primera misiva.
Como seguramente recordará, en aquella mi primera carta le alertaba de mis temores acerca de que la denuncia que formulé contra el fiscal decano de Talavera de la Reina, por haber construido su chalé supuestamente en zona prohibida perteneciente al dominio público hidráulico y bajo la sospecha de sobornos y blanqueo de capitales, podía acabar con mi detención.
Le comunico que lamentablemente ha sido así.
Fui detenido pocos días después de que se publicara aquella mi primera carta.
Lógicamente he denunciado mi detención por considerarla absolutamente ilegal e impropia de un Estado de Derecho.
También me queda la satisfacción de haber conseguido que al final se hayan incoado Diligencias Previas para que se investigue la corrupción en la que supuestamente pudiera haber participado el fiscal Angel Demetrio de la Cruz Andrade.
Sin embargo la sensación que me ha quedado en el cuerpo es agridulce.
En primer lugar, porque la investigación se va a llevar a cabo en los Juzgados de Talavera de la Reina y no en el Tribunal Superior de Justicia de Castilla La Mancha, que sería el órgano competente para su instrucción dada la condición de aforado del denunciado, al tratarse de supuestos delitos cometidos en el ejercicio de su cargo, como ocurre con el delito cohecho.
En segundo lugar, porque en Talavera de la Reina sigue ejerciendo el fiscal investigado como fiscal Decano, sin que hasta la fecha haya sido relevado de sus funciones, con lo que se corre el riesgo de que la instrucción de la causa se convierta al final en un paripé.
Pero lo que más me ha preocupado de todo es la información que se ha hecho pública en los medios de comunicación estos últimos días, y sobre lo cuál la fiscalía del Estado no ha dado todavía ni una sola explicación.
Me refiero al asunto del chalé del fiscal jefe anticorrupción Sr. Moix.
Si como parece, porque el interesado no lo ha desmentido, el Sr. fiscal jefe anticorrupción es copropietario, con funciones de dirección, en una sociedad residenciada en un paraíso fiscal para encubrir la titularidad de su chalé, y a pesar de ello no va a ser cesado ni destituido, pocas dudas y esperanzas me quedan ya de lo que pueda ocurrir con la investigación abierta a un fiscal de pueblo, aunque existan sospechas de que en la parcela y en la construcción de su chalé pudiera haber existido corrupción.
Por eso, me despido de Ud. como lo hice en mi primera carta.
La libertad de expresión y el derecho a la información es la piedra angular, junto con la justicia, de cualquier sistema democrático. Sin una prensa libre y una justicia independiente lo único que queda es tiranía y corrupción.
En este sentido, me preocupa mucho que los fiscales puedan asumir la instrucción que ahora tenemos los jueces.
No quiero ni imaginarme lo que habrían podido hacer los dos fiscales con ese poder en sus manos en este caso.
Si el sistema democrático no hace frente a ese cáncer llamado corrupción no le queda más destino que perecer más pronto que tarde.
Una de las cosas por las que me hice juez fue para contribuir a que el imperio de la ley -la que nos damos en el Parlamento a través de nuestros representantes- y la Justicia funcionen.
En la Fiscalía no es así. Así lo veo.
No siempre una mentira que se repite mil veces es verdad. Lo creo de corazón.
Reciba un cordial saludo.
