El PSOE de Almería ha criticado la negativa del gobierno de permitir que los ayuntamientos puedan invertir el superávit –fruto de un buen trabajo administrativo y económico- en las necesidades del propio municipio. Al contrario, como denuncian los socialistas, el Estado es el que se beneficia de la buena gestión que realizan los consistorios a los que llegan a “asfixiar”, ha expuesto esta mañana la secretaria de Política Municipal e Institucional del PSOE de Almería, Adela Segura.
Segura, que ha estado acompañada de alcaldes, alcaldesas y concejales socialistas de la provincia, ha arrojado luz sobre el actual sistema de financiación municipal y ha defendido el papel y el valor de las entidades locales. Los ayuntamientos “no son sujetos menores, tienen autonomía política e institucional, y son competentes y capaces para desempeñar competencias públicas diferenciadas”, ha argumentado.
En su opinión, el Gobierno del PP “pretende vaciar de contenido a los ayuntamientos” y asegura que el Ejecutivo de Rajoy “tiene alergia al ámbito rural” ya que, ha trasladado, “impone más restricciones y discrimina económicamente” a los municipios con menos de 20.000 habitantes. La negativa del PP a dejar que los ayuntamientos inviertan su superávit mantiene a los consistorios “secuestrados” y, en definitiva, “se ceba con ellos”.
“Los socialistas mantenemos que la visión de Rajoy donde la estabilidad presupuestaria anula la atención a la ciudadanía bajo la finalidad de un pretendido ahorro es la forma más nociva de entender el municipalismo”, ha criticado la socialista y ha añadido que el Plan de Estabilidad Presupuestaria del PP “ha obligado a los ayuntamientos a utilizar su remanente a amortizar deuda y no han podido destinar ni un solo euro ni a contratar personal, ni ejecutar obras y servicios”.
Discriminación a los más pequeños
Por su parte, el diputado provincial del PSOE y alcalde de Lubrín, Domingo Ramos, ha criticado el criterio con el que el Estado financia a los municipios a través de la Participación en los Ingresos del Estado (PIE). Según ha expuesto, establece tres criterios siendo el más importante, a su juicio, el poblacional. Sin embargo, en él se discrimina a los pueblos menos poblados a los que se les destina una menor cuota de ingresos. Ramos ha destacado el hecho de que el 95% de los municipios de la provincia cuenta con menos de 5.000 habitantes que son, precisamente, los más perjudicados del actual sistema que mantiene Mariano Rajoy.
En definitiva, “dependiendo de dónde se vida el Estado ingresa más por habitante o menos” y eso es algo que “no podemos permitir los alcaldes y alcaldesas de la provincia”, ha considerado. Otro mecanismo del sistema discriminatorio que emplea el Gobierno del PP para financiar a los entes locales es que el Estado da a los ayuntamientos en base a una previsión de lo que va a ingresar. “Si los cálculos del Estado son erróneos el ayuntamiento debe reintegrar parte de lo que ha recibido, lo que es un disparate”, ha valorado.
Al contrario de los criterios que emplea el Estado, el Gobierno andaluz realiza una financiación “más justa”, en opinión del diputado provincial del PSOE, como es que aumenta la cuantía a transferir al ayuntamiento en función de la superficie del término municipal, de su dispersión geográfica y núcleos poblacionales.
“Los representantes políticos de esta provincia tendríamos que poner pie en pared para defender a nuestros vecinos y vecinas y tendríamos que pedir justicia social e igualdad a la hora del reparto de los fondos del Estado”, ha defendido Ramos.
