El Grupo Socialista de la Diputación Provincial considera que el equipo de Gobierno del Partido Popular debe dar explicaciones por los “escandalosos hechos” que han dado lugar al auto judicial del pasado día 20 de marzo, donde se abren diligencias de investigación contra el alcalde de Olula del Río, el popular Antonio Martínez Pascual, y contra el ex-diputado de Fomento de esta institución, Miguel Ángel Castellón, actual primer teniente de alcalde y concejal de Urbanismo en el Ayuntamiento de Almería.
En el mencionado auto se acuerda abrir diligencias por dos hechos de los que el presidente de la Diputación Provincial, Gabriel Amat, “no debe alejarse” puesto que su vinculación es “absoluta” al ser la cabeza del equipo del Gobierno provincial y presidente del PP, partido del alcalde de Olula, como le recuerda la diputada socialista, Ángeles Castillo. El PSOE considera que Amat “no puede permanecer en silencio ante la presunta comisión de hechos delictivos, que podrían derivar en responsabilidades penales graves”, tanto para Martínez como para Castellón, ha advertido.
Es la Diputación Provincial la que, como investiga ahora la Justicia, adjudica una obra en Olula del Río “cuando ya estaba presuntamente finalizada e inaugurada por el alcalde del municipio”. Los hechos que se relatan en la denuncia de la Fiscalía están “avalados por documentos que probarían de manera contundente las presuntas irregularidades que se investigan y además, apuntan directamente a nuestra institución provincial”, concretamente al área de Fomento, del que era titular en esa época Miguel Ángel Castellón.
Desde el Grupo Socialista “nos quedamos perplejos al comprobar que, presuntamente, se han podido producir, situaciones tan palmarias como que en una obra referida a planes provinciales y consistente en la construcción de una rotonda en el municipio de Olula del Río, se firmara el contrato administrativo con la empresa, el día 14 de julio del 2015, a pesar de que esta, había sido inaugurada un mes antes, el 13 de junio del 2015, coincidiendo con la toma de posesión del alcalde del municipio” y todo ello “con la presunta colaboración de la Diputación Provincial”, subraya la diputada socialista.
Las explicaciones, entienden los socialistas, las deben ofrecer, igualmente, los miembros de la Diputación que formaron parte de la Junta de Gobierno el 9 de junio del 2015 al ser quienes suscribieron y aprobaron la adjudicación de una obra, cuando la misma estaba ya prácticamente finalizada en su ejecución.
Tanto el actual vicepresidente de la Diputación Provincial, Javier Aureliano García, como la ex-diputada provincial María Vázquez –concejala en la actualidad en el Ayuntamiento de Almería- deben explicar “por qué votaron a favor de adjudicar una obra que presuntamente ya estaba ejecutándose y que se inauguraría pocos días después, coincidiendo con la toma de posesión del alcalde de Olula y compañero de partido de ambos”.
En este sentido, aunque defendiendo la presunción de inocencia, Ángeles Castillo se pregunta “¿cómo pueden adjudicar los diputados del PP una obra que ya está ejecutada?” y, más aún, “¿cómo es posible que el presidente de la Diputación firmase el contrato para la ejecución de una obra que ya se había terminado?”. Tampoco les cuadra a los socialistas que desde Diputación se realizara el acta de replanteo para iniciar unos trabajos “que ya estaban hechos”. En este sentido, se preguntan cómo es posible que Miguel Ángel Castellón comunicara al interventor de la Diputación el plan para ejecutar los trabajos “de una obra que ya estaba finalizada”.
Ante tales despropósitos, unos hechos que podían ser constitutivos de delito, el PSOE clama porque la Diputación argumente el silencio en su defensa ante lo que podría derivar en una condena a cargos públicos por hechos muy graves.
Castellón y la eficiencia energética
Para el PSOE son “igualmente graves” los hechos descritos en la denuncia de la Fiscalía referidos a la adjudicación del contrato para la mejora de la eficiencia energética de las instalaciones del alumbrado público en Olula del Río, ya que ésta fue realizada “a pesar de los reparos del secretario de la corporación provincial, quien advertía que la empresa adjudicataria no debía haber siquiera licitado en el procedimiento ya que podría haber participado en la elaboración de los pliegos”, ha recordado Ángeles Castillo.
De probarse los hechos resulta “totalmente inadmisible” que el entonces diputado de Fomento, Miguel Ángel Castellón, acudiera presuntamente en auxilio del alcalde del municipio para avalarle en la contratación de la empresa OSEPSA, S.A. en contra de la opinión jurídica del secretario de la corporación.
En aras de “preservar” la imagen y el buen nombre de la Diputación Provincial de Almería, los socialistas exigen, por decencia, a Gabriel Amat que ofrezca explicaciones cumplidas sobre el acaecimiento de estos hechos y “depure responsabilidades políticas” ante la denuncia del fiscal y la apertura de diligencias previas por el Juzgado de Instrucción Único de Purchena.
