El Portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Lorca, Diego José Mateos ha valorado con “cautela y mucha prudencia” las nuevas condiciones que el Gobierno Regional de la CARM ha transmitido a los afectados por la devolución de las ayudas por los terremotos de Lorca. “Lo que tiene que hacer el Gobierno Regional es cumplir la Ley regional 8/2018 que aprobamos todos los partidos, y que siguen sin cumplir, así como hacer efectiva la interpretación muy favorable del informe de la Abogacía del Estado sobre la prescripción de los expedientes”.
Mateos espera que los lorquinos no estemos ante “otro teatrillo político más” como el que hace dos meses vinieron a hacer tanto el Presidente López Miras como el Consejero delante de los afectados que estaban encerrados en el Ayuntamiento de Lorca. “Es evidente que aquello que se firmó era papel mojado y que sólo ha servido para alargar esta agonía varios meses más sin que se haya solucionado nada”, asegura Mateos.
El portavoz del PSOE desea que esta vez sí sea la definitiva, y sea el Ayuntamiento de Lorca quien, en este caso, habilite ahora los medios humanos y materiales suficientes y necesarios para agilizar la tramitación de los expedientes y solucionar de una vez por todas, la preocupación de estas familias. “Queda claro que el Gobierno Regional quiere quitarse de encima esta problemática y ahora quiere lavarse las manos”. “Si no eran capaces de solucionar esta situación, lo que tenían que haber hecho es haberlo reconocido antes y así hubieran ahorrado meses sufrimiento a estas familias”, asegura.
Continúan las negociaciones con las diferentes administraciones para condonar los intereses de la parte estatal
Por su parte, Mateos ha podido avanzar que la Delegación del Gobierno continúa trabajando de manera directa y constante con los responsables del Ministerio y del resto de administraciones “para solucionar lo que el anterior Gobierno de Mariano Rajoy y el PP no hizo, y nos referimos la condonación de los intereses correspondientes a la parte estatal de las ayudas”. “Mantenemos una gestión directa, constante, para paralizar la tramitación de la devolución de los interés, exigiendo al Gobierno de España y a todas las administraciones soluciones para condonar estos intereses”.
