El diputado regional socialista Jesús Navarro ha pedido conocer la situación económica y financiera de la Desaladora de Escombreras, así como la deuda que la Comunidad Autónoma tiene con la empresa.
Navarro ha hecho estas declaraciones ante el anuncio de la empresa gestora de desaladora de Escombreras de la posibilidad de su ampliación para producir 50 hectómetros.
Por ello, ha dicho, exigimos varias cuestiones previas a esa posible ampliación y a ese futuro contrato que pudiera haber entre la empresa gestora y la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
En primer lugar, ha destacado Navarro, “saber cuál es la situación económica y financiera real de la desaladora de Escombreras y cuál es la deuda total que la Comunidad Autónoma tiene con la empresa ‘Desaladora de Escombreras’”.
Navarro ha recordado que el informe del Tribunal de Cuentas ha publicado que, en 2015, con una producción de 7,5 hectómetros, el coste para la Comunidad ha sido de más de 17 millones de euros.
De igual modo, en 2016, con una producción máxima de 10 hectómetros, el coste superaba los 20 millones de euros. Y para 2018 hay presupuestados más de 23 millones de euros para pagos compensatorios para desaladora de Escombreras.
“Queremos saber cuál va a ser la capacidad de producción para 2018. Y si puede estar a pleno rendimiento para producir los 21,6 hectómetros para los que estaba previsto antes de pensar en una nueva ampliación”.
Jesús Navarro ha añadido que, si hay una nueva ampliación, desde el Grupo Parlamentario Socialista “vamos a pedir que las condiciones del contrato previo a su firma pasen por la Comisión especial del agua, creada a tal efecto en la Asamblea Regional”.
De igual modo, el diputado socialista ha insistido que: “El nuevo contrato debe ser público y transparente, no podemos caer otra vez en el fiasco del actual contrato, que es leonino que puede costar a todos los murcianos entre 500 y 600 millones de euros”.
“No lo vamos a permitir en esta ocasión y vamos a estar atentos y en alerta para que no se produzca ningún tipo de contrato que previamente no haya sido público y transparente”, ha concluido.
