El diputado socialista Alfonso Martínez Baños ha reclamado en la Comisión de Industria, Trabajo, Comercio y Turismo que se impulse un Pacto de Estado de la Energía a partir del diálogo de todas las fuerzas políticas y los representantes de la sociedad civil, para dotar a la política energética de una estabilidad mayor de la que ha tenido en los últimos años. “Se trata de facilitar la transición energética hacia un modelo seguro y sostenible, eficiente, bajo en carbón y construido sobre la base de un marco predecible y garante de precios estables”, explicó Martínez Baños. La moción fue aprobada con los votos de PSOE, Cs y Podemos; el PP se ha abstenido.
Según Martínez Baños es preciso reformar el mercado eléctrico, en un marco de competencia y al mínimo coste, que permita compatibilizar las inversiones de largo plazo en la nueva generación necesaria para la transición energética, reduciendo la incertidumbre sobre los retornos con los que se recuperan esas inversiones, con un mercado de corto plazo que promueva la gestión más eficiente del parque de generación disponible en cada momento, capaz de avanzar en la progresiva sustitución de las centrales nucleares por potencia renovable, sus normas de funcionamiento y revisar la retribución.
La argumentación del diputado socialista se cimenta en que el precio de la electricidad representa una tercera parte de la factura para los consumidores domésticos, mientras que el resto corresponde a los peajes e impuestos. La competitividad empresarial se resiente porque España sigue teniendo una de las energías eléctricas más caras de la UE.
Martínez Baños, además, denuncia que las políticas del Gobierno de Rajoy “han generado inseguridad jurídica e inestabilidad regulatoria. Todo ello mientras otros países europeos de nuestro entorno están ya inmersos en la transformación de su modelo energético”, impulsado por el compromiso global del Acuerdo de París.
En el mercado eléctrico toda la producción se retribuye al mismo precio. La Comisión Europea en 2012 ya alertó que “una competencia insuficiente en el sector energético ha contribuido, al menos en parte, a la constitución del déficit tarifario, al favorecer una compensación excesiva de algunas infraestructuras, tales como centrales nucleares y grandes centrales hidroeléctricas, ya amortizadas”.
Desde el Grupo Parlamentario Socialista se considera que el sector eléctrico necesita de manera urgente modificar sus normas de funcionamiento. “La regulación del sector eléctrico ni ha protegido hasta ahora los intereses de los consumidores ni proporciona el marco adecuado para impulsar las inversiones de la transición energética en el futuro”, afirmó Martínez Baños.
Por tanto, según el diputado socialista, es necesario llevar a cabo una auditoría sobre los costes integrados en la tarifa energética “como condición indispensable que permita conocer qué pagamos y qué recibimos a cambio. Tras las conclusiones de esta auditoría independiente de expertos podremos abordar en profundidad la reforma del sector eléctrico que defina una senda flexible de transición energética”.
