La diputada del Grupo Parlamentario Socialista Consuelo Cano considera que “esta es la legislatura de las leyes que no llegan y las ideas novedosas en materia de política social tampoco”.
Para Cano nos encontramos ante un gobierno agotado con unos presupuestos arreglados en la trastienda y repletos de promesas incumplidas. “Unos presupuestos que aumentan ligeramente, pero no arreglarán la enorme desigualdad que se ha instalado en la Región”.
En el ámbito de mayores y discapacidad, para 2018 aumentarán ligeramente las plazas en ambos casos, pero no solucionarán el problema de las esperas ni de la atención de miles de usuarios. “Cuántos años serán necesarios para atender a todas las personas en espera de seguir aumentando a este ritmo”, se preguntó.
Consuelo Cano hizo hincapié en que tres años después ha llegado el reglamento de la Renta Básica, con diez de retraso y hasta la fecha es la única normativa de esta Consejería.
La accesibilidad, que precisamente hoy agotaba las prórrogas dadas a las Comunidades para actualizar la normativa nacional, sigue sin ser una realidad en nuestra Región. “Tenemos aprobada una Ley regional, pero carece de reglamento y ya sabemos lo que pueden tardar en este Región”. De hecho, los colectivos afectados (CERMI, FAMDIF) han amenazado con iniciar demandas por incumplimientos.
La diputada socialista echa de menos en estos presupuestos una revisión de los copagos, que en 2012 endureció el PP doblemente en la Región tras los recortes del Gobierno de Rajoy.
En materia de Dependencia, Cano indicó que “tenemos el 3×1, con la prestación que antes tenía un gran dependiente ahora se divide para tres, son los servicios Low cost, atendemos a más por menos”.
En inmigración y refugiados, la coordinación y el control es más que nunca necesaria, “ya hemos visto una muestra recientemente”; además, la Comunidad carece de un Plan de Atención a las personas Inmigrantes actualizado.
Otro servicio digno de comentar es la Fundación para la tutela y defensa judicial de adultos, que se ocupa de los mayores discapacitados. Esta Fundación presta servicios de tutela a 600 personas y sus medios no han crecido desde sus inicios. “Este tema preocupa extraordinariamente a las familias, porque ven peligrar la atención a sus mayores discapacitados”, advirtió.
Mención aparte y especial para Consuelo Cano merece el Proyecto legislativo de esta Consejería, “que inició la legislatura con grandes anuncios y tenemos el Decreto de Atención Temprana sin solucionar, por lo que de momento ni universal ni gratuita, como prometió la consejera hace tres años”. Por otra parte, la Ley de Servicios Sociales se encuentra en fase de Anteproyecto y está siendo muy contestada por los colectivos.
La ayuda a domicilio tampoco ha conseguido el convenio necesario para que sea una realidad equitativa en nuestra Región, por lo que exigió agilidad para el próximo año.
Consuelo Cano concluyó que necesitamos “una política social con mayúsculas”, ya que casi toda la prestación de servicios está en manos de entidades, ONG y ayuntamientos. “El trabajo de esta Consejería debería ser poner orden en el corpus normativo de esta Región, abandonado durante muchos años e iniciar realmente la senda de la recuperación de derechos, lejos de las medidas graciables”.
Violencia de género
Con relación a las políticas de igualdad y contra la violencia de género, la viceportavoz Isabel Casalduero calificó los presupuestos para 2018 de decepcionantes. “Se habían generado muchas expectativas en torno al cambio de rumbo del Gobierno regional y su sensibilidad en cuanto a las políticas de igualdad y lucha contra la Violencia de Género y este presupuesto viene a frustrarlas”.
En opinión de Casalduero, seguimos a mucha distancia de los presupuestos de ejercicios anteriores y a años luz de aplicar de manera transversal las políticas de igualdad que son necesarias en la Región.
Un presupuesto, el de la Dirección general, “que sigue siendo absolutamente irrisorio y residual”, constituyendo el 0,071% del total del presupuesto de la Comunidad, el que dedican en estas cuentas a atender actuaciones tendentes a dotar de igualdad a la mitad de la población.
El Gobierno regional vuelve a incumplir la ley, al traer un proyecto de presupuestos sin informe de impacto de género; no contemplan partida para la puesta en marcha del Observatorio de Igualdad y siguen dejando a los CAVIS sin financiación suficiente para atender las demandas que allí acuden a recibir un servicio esencial. “Los ayuntamientos no pueden más y se ven desbordados al querer hacer frente a la demanda de las usuarias de los Cavis y carecer de recursos”.
En el ámbito de las políticas contra la discriminación del colectivo LGTBI y cumplimiento de la Ley 8/2016 de igualdad social de lesbianas, gais, bisexuales, transexuales, transgénero e intersexuales, y de políticas públicas contra la discriminación por orientación sexual e identidad de género en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, vuelven a presupuestar una partida simbólica de 2.000 euros, “que dice muy poco de la voluntad del Gobierno de ponerlo en marcha”.
