Puigdemont declara y sus cuatro consellers cesados declararán hoy ante el juez en Bruselas. La cita ante la Cámara del Consejo es a las 14:00 horas y a puerta cerrada.
El Gobierno de España, ha respondido el requerimiento que la Fiscalía belga hizo a la Audiencia Nacional, que «no parece comprensible que se intente proyectar sospechas sobre las condiciones de internamiento en España” por parte “de personas que han gestionado las cárceles en Cataluña, con los mismos estándares legales y elementos materiales».
El Gobierno cita las leyes “que prohíben la tortura y los malos tratos” y explica que “las cárceles españolas están supervisadas por jueces de vigilancia penitenciaria, independientes, integrantes del poder judicial, con amplias facultades para corregir cualquier desviación o abuso que pudiera producirse«.
Fiscalía de Bélgica solicito por los cauces legales esta información para poder decidir sobre la Orden de Detención Europea (ODE) del president Carles Puigdemont y el resto de exconsellers que están citados a este medio día a declarar.
Puigdemont iría a la cárcel de Estremera y tendría una celda individual si la pidiera
El expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont ingresaría en la prisión de Estremera, en Madrid, en caso de ser encarcelamiento si se concede la extradición, tras la declaración de hoy, y podría disponer de una celda individual si la pidiera o compartirla con alguno de sus exconsejeros. Las exconsejeras huidas a Bélgica, en cambio, ingresarían en el de Alcalá-Meco, donde están recluidas ya dos exconsejeras.
Las autoridades españolas han informado a la Fiscalía belga de las condiciones de la cárcel Estremera, un centro tipo con un diseño «muy avanzado», inaugurado en 2008 y con instalaciones que mejoran las de prisiones de otros países europeos. La respuesta está en un documento del Gobierno en el que se aclaran las catorce preguntas de la Fiscalía belga.
Puigdemont y sus consellers cesados, Clara Ponsatí, Toni Comín, Meritxell Serret y Lluís Puig apelarán mañana a la legislación comunitaria que regula la orden de detención europea, que establece que la entrega puede ser rechazada si se ha emitido para enjuiciar o castigar a alguien sobre la base de su opinión política.
Las órdenes de arresto y detención emitidas por las autoridades españolas, hacen referencia a cinco violaciones del código penal español: 1.- delito cometido por un cargo público, 2.- desobediencia, 3.- rebelión, 4.- amotinamiento y 5.- malversación de dinero público.
De Standaard ha publicado unas conversaciones con el letrado Christophe Marchand, que junto a los abogados Michèle Hirsch -ambos representan a dos de los exconsellers- y Paul Bekaert -que defiende a expresident y a los otros dos- desarrolla la defensa legal conjunta del president y los cuatros consellers cesados por aplicación del artículo 155.
En opinión del abogado Christophe Marchand, el juez deberá rechazar la euroorden porque en ella, la Audiencia Nacional no imputó ningún acto «punible«, destaca el diario flamenco, que asegura haber tenido acceso a los argumentos legales de los abogados de los cinco acusados, entre ellos Carles Puigdemont, que serán invocados en la vista de hoy que comenzará a las 14h.
La defensa del expresident de la Generalitat Carles Puigdemont y de sus cuatro exconsellers que se encuentran en Bruselas alegarán ante la Justicia belga que la orden de entrega emitida por España no aclara sus supuestos delitos, sino que es un «ajuste de cuentas político», dice hoy De Standaard.
