Mientras tienen a España mirando hacia Cataluña, el gobierno del PP, con Mariano Rajoy a la cabeza, sigue con sus recortes sociales. El Grupo Confederal de Unidos Podemos – En Comú Podem- En Marea presentó el pasado 23 de junio una Proposición de Ley (PL) de modificación del Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprobaba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, para la mejora de la prestación económica por hijo o menor a cargo.
El Gobierno ha vetado in extremis esta propuesta de Unidos Podemos para aumentar a 100 euros al mes la prestación por hijo/a a cargo en un contexto en el que 1 de cada 3 niños y niñas de nuestro país se encuentra en riesgo de pobreza o exclusión. Ione Belarra, portavoz adjunta de Podemos en el Congreso explica cómo «el PP ha decidido abusar una vez más de su prerrogativa como Gobierno en contra del criterio de los letrados del Congreso de los Diputados».
«Es incomprensible que el Gobierno se niegue a aplicar una medida defendida por organizaciones como UNICEF, que ha demostrado su eficacia para reducir la pobreza infantil en países como Irlanda. Esto sólo demuestra la profunda irresponsabilidad del Partido Popular y su incapacidad para aplicar políticas que mejoren la vida de los niños y niñas de nuestro país», ha concluido.
La declaración de intenciones de la propuesta de Podemos es clara y contundente: “Aunque la pobreza infantil y la exclusión que afecta a los menores de edad constituye un problema de naturaleza multidimensional y su evolución es el resultado de una multiplicidad de factores, la crisis económica ha contribuido a agravar un problema que en España tiene carácter estructural, y ha mostrado con crudeza la vulnerabilidad de los menores de edad y sus familias frente a coyunturas de aumento del desempleo y ausencia de políticas públicas de mitigación de sus efectos. Durante este periodo, diversos informes 1 documentan un intenso aumento de las brechas ya existentes en los niveles de renta disponible entre los hogares con niños/as y los hogares sin niños/as, y, muy especialmente, entre las personas mayores de sesenta y cinco años y las personas menores de dieciocho años. Estos datos pondrían de relieve que durante los años de la crisis económica las políticas públicas de transferencias económicas, en particular las relacionadas con el sistema público de seguridad social han resultado patentemente insuficientes para proteger adecuadamente a la infancia de los riesgos de pobreza y exclusión”.
