El Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (SCRATS) ha anunciado movilizaciones este mes y recursos judiciales ante el previsible incremento de los caudales mínimos del Tajo en la nueva planificación hidrológica de este río, ya que «ponen en peligro la continuidad del trasvase hacia el Levante y, por tanto, los puestos de trabajo de 106.000 personas y la continuidad de un sector que genera al PIB nacional 3.000 millones de euros».
«El Día Mundial de Agua, la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, se pronunció sobre la nueva hoja de ruta en el trasvase y consiste en modificar las redes de explotación. Prevemos un recorte injustificado en el tiempo por las reglas de explotación y seguir adelante subiendo los caudales ecológicos, que supondrá acabar con el difícil equilibrio de los regadíos y la economía de esta región», ha manifestado el presidente del sindicato, Lucas Jiménez.
Actualmente el caudal mínimo del Tajo en Aranjuez es de 6 metros cúbicos y quieren aumentarlo a 8,5. Y los de Toledo y Talavera de la Reina pasarlos de los 10 metros cúbicos por segundo a los a 17,00 y a 17,80, respectivamente.
Así, los desembalses desde los pantanos de Entrepeñas y Buendía para mejorar estos caudales mínimos supondrían una reducción de decenas hectómetros cúbicos a los trasvases hacia la cuenca del Segura, o lo que es lo mismo, supondrían un descenso del 21 por ciento del agua destinada al riego y un 18 por ciento menos de agua para consumo urbano.
Esta reducción será mayor si se acepta la petición del Canal de Isabel II, dependiente de la Comunidad de Madrid, de 60 hectómetros para atender la demanda de la población. Si se aprueba, el recorte del Trasvase oscilaría entre el 35% y el 38%, con envíos nulos durante seis años a la agricultura levantina.
En el caso de Aranjuez, los desembalses aumentarían de los 365 hectómetros actuales a los 443; mientras que si se aprueban las demandas del Canal, esos desembalses aumentarían hasta los 503 hectómetros de media, «aumentado la insolidaridad con la zona más seca de España».
El presidente del sindicato hace hincapié en que los regantes deberán seguir pagando el mismo peaje por el uso del trasvase aunque llegue menos agua, además de compensar la caída de los caudales del Tajo con agua desalada, de mucha peor calidad y mucho más cara. Y subraya que el sector agroalimentario ha mostrado su fortaleza como uno de los pilares económicos y laborales en la actual crisis sanitaria, por lo que no entiende los intentos que hay para debilitarlo.
Por ello, para evitar que el Ministerio persista en sus pretensiones, han anunciado movilizaciones en las calles «imaginativas» debido a la situación de pandemia por la que pasamos. Así, la próxima semana se reunirá el Círculo del Agua, con representantes de las mesas de las tres provincias afectadas y también con asociaciones agrarias, sindicatos de clase, cooperativas, etcétera.
SCRATS tampoco descarta medidas judiciales. «El estado de las masas de agua en Aranjuez es bueno y por ello un cambio unilateral del Ministerio en ese sentido supondría ir contra las reglas del juego. Sería actuar por motivos políticos y no técnicos o ambientales. Vamos a iniciar una batalla legal no solo desde el sindicato, sino queremos que se adhieran todas las empresas afectadas», ha dicho Jiménez.
Entre otras medidas para dar solución al llamado ‘Conflicto del Agua’, ha reclamado a los municipios ribereños al Tajo, especialmente a Aranjuez, y a las comunidades autónomas de Madrid y Castilla-La Mancha que acometan un plan de depuración como el realizado en la Región de Murcia hace dos décadas, lo que permitiría, según sus cálculos, destinar a caudales ecológicos hasta 500 hectómetros anuales de aguas depuradas.
Infraestructura «injustamente criticada»
Este año va a ser clave para la pervivencia del Trasvase Tajo-Segura. Tras más de cuarenta años de funcionamiento, esta infraestructura hidráulica ha generado una productiva agricultura en las provincias de Murcia, Alicante y Almería, la llamada ‘Huerta de España’, ya proveen el 71 por ciento de las exportaciones nacionales de hortalizas y el 25 por ciento de las frutas, con importantes exportaciones al resto de Europa, según un informe de PWC.
«Sin embargo, el acueducto es permanente e injustamente cuestionada por motivos territoriales, políticos, medioambientales, pero nunca técnicos. Ahora, el Ministerio para la Transición Ecológica también lo pone en entredicho, pese a la oposición de los Gobiernos regiones de Murcia y Valencia, y la ambigüedad del Ministerio de Agricultura», les reprochan.
Se olvida, según el Sindicato de Regantes, que los trasvases «son un recurso unitario, de solidaridad interterritorial, y uno de los mayores elementos vertebradores de un país subordinado al interés general, según recoge la propia Ley de Aguas y la Constitución Española en su espíritu».
«Además, los trasvases cumplen un papel esencial en la gestión hídrica de España. No se puede regionalizar este recurso básico para la vida. El agua no es de los territorios, ni de las comunidades autónomas, ni de sus presidentes, ni de las confederaciones hidrográficas. Es un recurso esencial que se debe gestionar atendiendo a criterios técnicos y de interés general», señala Jiménez.
El trasvase, en cifras
España produce el 13% de la producción agrícola de la Unión Europea, una cifra que está muy por encima de su peso en el conjunto de la economía. En 2019, las exportaciones agrícolas supusieron el 6,4% del conjunto de exportaciones españolas y contribuyeron a reducir el déficit comercial estructural de España en más de un 17%. Asimismo, destaca la capacidad del sector agrícola para equilibrar la economía en momentos de recesión, como el actual.
La producción agrícola de la zona del trasvase, el 80% exportada a la UE, aporta casi 1.548 millones de euros de PIB, cifra que equivale al 2,4% del PIB agregado de las provincias de Alicante y Murcia. De esta cantidad, más de 646 millones de euros corresponden al impacto directo, esto es, el generado dentro de la propia actividad, lo que representa el 28,3% del PIB conjunto del sector de la agricultura de las provincias de Alicante y Murcia. Los impactos indirectos e inducidos superan los 901 millones de euros, según un reciente informe de PWC.
Asimismo, el impulso de la agricultura en la zona del trasvase ha potenciado la implantación y el desarrollo de sociedades y empresas que se dedican a la comercialización, distribución y transformación de los productos hortofrutícolas. La comercialización se encarga de las labores de recepción del producto, control de calidad, envasado, etiquetado, embalaje y transporte al punto de destino. Esta actividad económica genera casi 1.146 millones de euros de PIB, de los cuales 582 aproximadamente se corresponden con el impacto directo.
Los impactos indirectos e inducidos ascienden a cerca de 564 millones de euros, y benefician especialmente a sectores como transporte terrestre, servicios inmobiliario, caucho y plásticos, que se emplean en el envasado y embalaje. Además, el trasvase es un potente generador de empleo, y contribuye a generar 106.566 empleos absolutos en las tres provincias. Y ha contribuido a romper el ciclo emigratorio de la zona, que ha pasado a otro de inmigración y de crecimiento vegetativo positivo.