Los salarios pactados en convenio han crecido un 1,33% hasta julio, mientras que los precios de consumo aumentaron un 2,3% acumulado entre enero y julio, resultando una pérdida de un punto en su poder adquisitivo durante los primeros siete meses del año. Los salarios pierden, además, participación en la renta generada en las empresas en 2017: mientras que la productividad por hora creció un 1,3% en el primer trimestre del año, el salario medio por hora se recortó un -0,3%. Como se observa en el gráfico, el salario medio por hora aumenta menos que la productividad nominal desde 2012. En 2014 y 2015, con el inicio de la recuperación, esta tendencia parecía que había empezado a revertirse, pero en 2016 vuelve y en el primer trimestre de 2017 se hunde la participación de la población asalariada en la renta, con una caída del 0,3% del salario medio, mientras la productividad aumenta un 1,3%.
Para CCOO, esta negativa evolución se explica por la cerrazón de las organizaciones empresariales a permitir que los trabajadores participen de la prosperidad de las empresas, por la reforma laboral diseñada para devaluar los salarios, y cuya presión se mantiene durante la etapa de recuperación, por un modelo de crecimiento que prioriza la amortización de la deuda de las empresas a la rebaja del desempleo, y por la falta de un presupuesto público que impulse el crecimiento económico.
La ganancia de poder de compra de los salarios y la elevación de su nivel con respecto a la productividad, son condiciones imprescindibles para consolidar el crecimiento, recortar más rápidamente el paro y reducir la elevada desigualdad.
La variación anual de los precios en julio es del 1,5%, la misma que en junio, tras haber superado el período de caída de los precios del petróleo observada durante los primeros meses del año pasado y en ausencia de nuevos choques exógenos. El índice general converge aún más con la inflación subyacente (sin alimentos no elaborados ni energía), debido que esta última acelera dos décimas su tasa de crecimiento hasta el 1,4% (ver gráfico adjunto). La baja inflación estructural, que muestra el mantenimiento de la inflación subyacente en torno al 1%, es un motivo de preocupación, pues se basa en la desaceleración de la demanda interna, lo que significa menos empleo y una reducción más lenta del elevado paro. El crecimiento económico se mantiene en el 3% gracias al aumento de la demanda externa, pero las mejoras en el sector exterior se filtran poco al resto de la sociedad debido a que las exportaciones están muy concentradas en pocas empresas, que pagan pocos impuestos, son menos intensivas en trabajo e importan gran parte de sus factores productivos, lo que no genera empleo en España.
Se modera el repunte general de la inflación y se acelera el aumento de la subyacente
El aumento anual de los precios se mantiene en julio en el 1,5%. No obstante, consumos tan relevantes para las familias como gas, electricidad y agua (5,7%), aceite (6,1%), carne de ave (3,2%), pescado (3,5%) o carburantes y combustibles (3,7%) registran crecimientos muy superiores, lastrando el poder adquisitivo de la población.
Los precios registraron en julio un descenso mensual del -0,7% respecto a junio, marcado por el efecto bajista de las rebajas de verano y el descenso de vestido y calzado, solo compensado parcialmente por el incremento de los precios del grupo de ocio y cultura, por la subida de los paquetes turísticos en la temporada vacacional.
El Índice de Precios de Consumo Armonizado (IPCA) sube en julio una décima en España hasta el 1,7% anual, y aumenta una décima su diferencia con el de la Eurozona, que se mantiene en el 1,3% anual. El IPCA subyacente (sin energía y alimentos frescos) se situaba en junio en el 1,3% interanual en España, tras subir tres décimas, mientras que en la Eurozona el IPCA subyacente subía dos décimas hasta el 1,2%, lejos todavía del objetivo del 2% del Banco Central Europeo. La baja inflación y el moderado crecimiento económico europeo justifican mantener la política monetaria expansiva del BCE y aplicar una política presupuestaria expansiva en el conjunto de la UE que abandone las políticas de austeridad e impulse el crecimiento y el empleo, para reducir los 16,2 millones de personas desempleadas de la Eurozona, de los que más de la cuarta parte reside en España.
Fortalecer la negociación colectiva para que los trabajadores y trabajadoras participen de los beneficios de las empresas y acabar con la precariedad en el empleo, exige reequilibrar la capacidad de negociación entre las partes, derogando las dos últimas reformas laborales
El crecimiento económico en España se situó en el 3,1% interanual en el segundo trimestre según el dato adelantado, con una previsión de crecimiento algo menor en el conjunto del año. Mientras, los ingresos y los beneficios empresariales continúan creciendo gracias a que las empresas no trasladan a precios toda la caída del precio del petróleo y de las materias primas, al recorte de sus costes de financiación, la bajada del impuesto de sociedades y la devaluación de los salarios provocada por la crisis y la reforma laboral. Es necesario que el crecimiento y los mayores beneficios se repartan ahora en forma más justa, a través de más puestos de trabajo, de empleo más estable, y de salarios que recuperen y ganen poder de compra. La creación de empleo y el aumento del poder adquisitivo de salarios y pensiones son los dos factores que más hacen por consolidar el crecimiento y su sostenibilidad, gracias a la rebaja de la desigualdad que generan. Los datos provisionales de 2016 indican que 9,8 millones de trabajadores y trabajadoras han dispuesto de un convenio colectivo y han ganado poder adquisitivo, gracias a una subida media (1,02%) muy superior a la inflación media (-0,2%). En 2017, con datos hasta julio, los convenios colectivos cubren a 5,1 millones de trabajadores y trabajadoras, con una subida salarial pactada del 1,33%, un punto por debajo de la subida media del IPC entre enero y julio. Solo un 25% de esta población asalariado cuenta con clausula de garantía salarial en su convenio colectivo.
Impulsar los salarios de los trabajadores públicos y privados y la mejora de la protección social, que eviten la pobreza laboral, permitan una vida digna y contribuyan a garantizar la sostenibilidad y suficiencia de las pensiones.
El sindicato CCOO defiende que el crecimiento de la actividad económica debe servir para recuperar los salarios tras la fuerte devaluación interna sufrida durante la recesión y que continúa también durante la etapa de recuperación. Los beneficios empresariales ya han recuperado su nivel previo a la crisis, incluso lo han superado en un 2,5%, lo que proporciona un margen que debe ser utilizado para recuperarnos de los durísimos efectos de la devaluación salarial. Las subidas salariales negociadas en 2017 deben garantizar una mejora del poder adquisitivo y los convenios colectivos deben incluir una cláusula de garantía salarial. En el área pública, Comisiones Obreras insta a la negociación de los aspectos retributivos, de empleo y jornada para 2017, y la rectificación de todos los recortes sufridos durante la crisis. La oferta extraordinaria de empleo público supone una respuesta a la presión ejercida por los sindicatos, aunque sigue siendo insuficiente para recuperar el empleo público perdido durante la crisis.
En esta salida de la recesión no debemos permitir que sigan aumentando los niveles de pobreza y desigualdad. Se debe garantizar el poder adquisitivo de las pensiones en 2017 con una subida según la inflación prevista, opción que ha sido rechazada por el Gobierno. Urge incrementar los salarios más bajos mediante la mejora sostenida del SMI (más allá de la insuficiente subida aprobada) hasta alcanzar los 800 euros en 2017 (aproximándose al objetivo del 60% del salario medio), así como concentrar los incentivos a la contratación en las personas paradas de larga duración, para evitar que las mejorar del SMI recorten sus oportunidades de empleo. Hay que promover un Plan de Choque por el Empleo para crear urgentemente puestos de trabajo para la población en paro de larga duración, población joven sin o poca cualificación y mayores de 55 años, así como aumentar la protección social, en particular de las personas desempleadas (la tasa de cobertura está en mínimos). En este sentido, hay que poner en marcha un “Plan de Choque para la Recuperación de los Parados de Larga Duración” y redefinir el, hasta ahora muy insuficiente, programa de Garantía Juvenil e implantar una Renta Mínima Garantizada, promovida por CCOO a través de la ILP admitida a trámite en el Congreso de los Diputados.
Es necesaria una verdadera reforma fiscal progresiva, lejos de las últimas reformas regresivas que reducen la recaudación y agravan los recortes.
Hay que incrementar los ingresos públicos y de la Seguridad Social de forma estructural para garantizar la sostenibilidad y suficiencia del sistema público de pensiones en el corto plazo al tiempo que a medio plazo se siguen desarrollando medidas en el marco del Pacto de Toledo. Algunas de las medidas que plantea CCOO para incrementar los ingresos y la sostenibilidad de las pensiones pasan por incrementar los ingresos por cotizaciones (eliminando el tope superior de las bases máximas de cotización por contingencias comunes, equilibrando las bases medias de los distintos regímenes, incrementando las bases mínimas a través de la subida del SMI, actuando sobre los tipos, el fraude a la Seguridad Social,…) y financiar con cargo a los presupuestos del Estado, las políticas activas de empleo, gastos de gestión y administración de Seguridad Social y, al menos temporalmente, garantizar transferencias que contribuyan a financiar parcialmente prestaciones, como las de muerte y supervivencia, con impuestos directos y progresivos sobre la renta, el patrimonio y los beneficios empresariales.
La senda de rebaja del déficit público para 2017 impuesta por la Comisión Europea y aceptada por el Gobierno del PP implica más recortes del gasto público, lo que penalizará el crecimiento económico, disminuirá el ya de por si lento ritmo de rebaja del desempleo y lastrará la recuperación actual. CCOO rechaza las líneas principales de los Presupuestos Generales del Estado para 2017, que “cuadran” las cuentas públicas a costa de la pérdida de poder adquisitivo de empleadas y empleados públicos y prestaciones sociales, al tiempo que recorta en I+D+i e inversión en infraestructuras. CCOO reclama un reforma fiscal que proporcione recursos suficientes (aproximando nuestra presión fiscal a la media europea) y que reparta las cargas de manera progresiva, aumente la imposición directa y sobre el capital (IRPF, Impuesto de Sociedades e Impuesto sobre el Patrimonio) y fomente el crecimiento y la bajada del desempleo mediante un impulso de la inversión pública que aumente la productividad.
