Pese a que cada día que pasa existe una mayor quiebra dentro del conglomerado independentista, Junts pel Sí y la CUP han decidido que la Ley de Transitoriedad debe ser aprobada cuanto antes y así lo han manifestado. Siguen con su plan de referéndum y de independencia para el 1 de octubre y dan muestras de ello comunicando a los medios que ya disponen de las urnas para el evento, que utilizarán la táctica de las actividades culturales para poner las urnas y que las personas puedan votar, que el día 2 de octubre comenzarán la separación de España, etcétera. Todo sin conocer el resultado del propio referéndum, lo que da pistas de las pocas garantías democráticas que posee la convocatoria. Algo que, por cierto, han criticado aquellos grupos políticos que más apoyan el diálogo con los separatistas.
Por su parte el Gobierno ha reaccionado frente a esta propuesta de los independentistas afirmando que la Ley de Transitoriedad es una ley baldía porque “nunca se aplicará”. Desde el Ejecutivo conservador se apuesta por seguir denunciando al Tribunal Constitucional cada movimiento legislativo que apruebe el Parlament y cada acción en ese sentido de la Generalitat.
En este camino contarán con el apoyo inquebrantable del dirigente máximo del PSOE, Pedro Sánchez, quien avisó mediante mensaje al presidente Mariano Rajoy de su apoyo frente a las intenciones separatistas. Sánchez se abraza a Rajoy en el a defensa de la unidad patria. Presidente y secretario general del PSOE han acordado tener una comunicación fluida y abierta frente al independentismo. A Ciudadanos ha llamado la vicepresidenta pese a ser socios de legislatura.
Óscar Puente ha sido claro, tras la reunión de la Permanente del partido socialista: “La postura del PSOE, que no puede ser otra que la de rechazo frontal a lo que supone un engaño y un nuevo desafío al Estado de Derecho en nuestro país”. Eso sí, también utilizarán los socialistas la vía del diálogo para solucionar el entuerto catalán. Un juego maniqueo negando por un lado legitimidad y por otro concediéndoles crédito nacional. Eso sí, no habrá consulta a las bases sobre este tema, ni sobre los acuerdos que se tengan con el Gobierno.
El lunes 4 de septiembre, eso sí, el PSOE lanzará su órdago político tras la reunión de la Ejecutiva amplia. Puente ha destacado que en ese momento “se decidirá sobre las propuestas relacionadas con el marco territorial español”. Por tanto, o bien están preparando algún documento, o bien no saben aún cómo conjugar la nación de naciones o el Estado plurinacional. Pero el socialismo sanchista cree que el maniqueísmo es factible para la resolución del problema catalán, “se puede conciliar la defensa de la legalidad, como está haciendo el Gobierno de España con nuestro apoyo, con el diálogo político” ha apoyado Puente.
Eso sí, nadie se atreve a manifestar que, de darse una separación a las bravas, la Ley de Transitoriedad no sería más que una Ley de una dictadura sin ningún tipo de garantías para la ciudadanía catalana. Siguen aferrándose a lo puramente legislativo como si la ley fuese cosa sacra y no hubiese cuestiones políticas y sociales que dilucidar en el procés. Lo que no extraña para el PP o Cs por ser de ideología nacionalista española y creyentes en la unidad indisoluble de la nación española, extraña en los partidos de izquierdas que no han realizado ni una sola crítica sólida e inteligente del proceso independentista. No apoyar el referéndum no supone no debatir y explicar las cosas. ¿Será que no hay capacidad?
