Puerto Rico es un Estado asociado a los Estados Unidos y su economía está al borde de la quiebra. Según diferentes estudios e informes independientes, uno de los principales responsables de esta situación es el Banco de Santander. A lo largo de estos meses, Diario16 ha publicado informaciones según las cuales el banco cántabro necesitaba del Popular para mejorar sus cuentas y, para ello, se urdió una operación de acoso y derribo con el fin de rescatar al que dicen es la principal entidad financiera de la Eurozona. Además, a través del trabajo de Claudia Moreno y de su equipo de investigación, hemos visto cómo el Santander ha utilizado técnicas poco éticas para hacerse con el control de la empresa asturiana Duro Felguera, una corporación que es referencia mundial y que ha quedado bajo el control del Santander, usando la misma metodología que ya le dio buenos resultados en Abengoa. Hay muchos analistas financieros que han señalado que la situación real del Santander está cercana a la quiebra técnica y, por esta razón, se está buscando fórmulas para generar ingresos que de otra forma no conseguirían con las estrategias aplicadas en la actualidad y por la elevada exposición a las fluctuaciones de los ciclos económicos o a los movimientos geoestratégicos, tal como ocurre con las economías latinoamericanas (Brasil y México, sobre todo) y con el Brexit.
Sin embargo, el Santander también ha querido controlar un Estado a través de la emisión de bonos de deuda y, según distintos informes independientes, es uno de los causantes de la situación económica de ese país: Puerto Rico.
La deuda de Puerto Rico está cifrada en 74.000 millones de dólares, aproximadamente un 99% de su Producto Interior Bruto. Por lo tanto, el Estado asociado se halla al borde de la quiebra, cuando no lo esté, lo que está provocando una crisis humanitaria con más del 50% de la población por debajo del umbral de pobreza extrema. Esta situación económica provocará que se cierre el 40% de las escuelas o que los hospitales no tengan personal ni recursos para ofrecer un servicio sanitario digno.
El grado de endeudamiento es tal que organizaciones como Committe for Beter Banks o Hedge Clippers han publicado diferentes informes en los que se culpa a directivos del Santander como los principales culpables de la quiebra de Puerto Rico, a través de un entramado de puertas giratorias entre la entidad cántabra y el Banco Gubernamental de Fomento (BGF), el equivalente a lo que sería el Banco de España en la isla.
En el año 1.996 Santander contrató a José Ramón González para dirigir Valores Santander. Este ejecutivo había sido jefe del BGF y fue el responsable del desarrollo de la deuda municipal y de establecer los fondos de inversión «First Puerto Rico» que invertían sobre todo en deuda soberana del Estado. En 2.002 González ya era el director ejecutivo del holding del Santander, cargo que ocupó hasta 2.008 hasta que fue reemplazado por Carlos M. García, otro de los cerebros de los bonos municipales. García y González fueron los responsables de que Valores Santander se hiciera con el negocio de suscribir y asegurar bonos de deuda pública puertorriqueña. En 2.004 se emitieron 6.100 millones de dólares de títulos de deuda pública con la inestimable ayuda del Santander. Un año más tarde, los ingresos del holding por los honorarios de estos bonos suponían más de la mitad del beneficio.
En 2.006 la deuda pública de Puerto Rico se disparó. En 9 años pasó del 60% al 100% del PIB. En los primeros años de este periodo (2.006-2.015) el Santander fue partícipe en la emisión de 32.000 millones de dólares en bonos lo que hizo que los beneficios se incrementaran.
Desde el año 2.008 el tráfico de ejecutivos del BGF no ha parado y el Santander de este modo se aseguraba mantener la comercialización y el aseguramiento de los bonos con un intercambio de directivos con la entidad pública que, precisamente, es la encargada de decidir qué entidad es la que debe encargarse de la comercialización de los títulos de deuda. Es en este año cuando Carlos M. García es nombrado director de BGF y formó un equipo formado, entre otros, por David Álvarez, analista de Valores Santander, William Lockwood, ex consultor de Santander, George Joyner, ex presidente de Santander Mortage Corp., Jesús F. Méndez, ex director general de Valores Santander. Este equipo implementó un sistema de emisión de bonos e inició procesos de privatización de servicios públicos.
Esta nueva dirección de BGF, recordemos que es una institución pública, creó un sistema de bonos en el que se incluían swaps y bonos de revalorización de capital, un sistema que funciona como las cláusulas suelo en el que se obliga a pagar altos tipos de interés, aunque los reguladores los hayan bajado. Con esta operación el Santander se benefició de un sistema similar al aplicado en Grecia por Goldman Sachs ya que el holding actuaba tanto como asegurador como corredor de bolsa de los bonos de deuda de Puerto Rico. Entre los años 2.006 y 2.013 la isla había emitido bonos por más de 61.000 millones de dólares, por los que pagó a distintas sociedades unos emolumentos de 1.400 millones de los que el Santander fue el principal beneficiario. Que Carlos M. García fuese el jefe del BGF ayudaba a que esto fuera así.
En el año 2.011 se produjo un cambio en la Jefatura del BGF. El director de Valores Santander, Juan Carlos Batlle, sustituyó a Carlos M. García quien, sorprendentemente, se convirtió en vicepresidente ejecutivo del holding bancario del Santander en Estados Unidos.
La deuda municipalista de Puerto Rico fue utilizada para manipular las cuentas de la deuda del país y, de este modo, que no se rebajara su clasificación crediticia.
Para que la clasificación de la deuda de Puerto Rico no sufriera rebajas y pudiera afectar a los beneficios del Santander, Carlos M. García y su equipo de ex directivos de la entidad cántabra comenzaron a comercializar bonos de deuda municipal: Corporación del Fondo de Interés Apremiante (COFINA), que funcionó como un método de externalización de la recaudación de impuestos que, en primer lugar pasan por la banca privada quien los distribuye entre los acreedores y, si sobra algo, va a las arcas del Estado. Esto garantiza el cobro de la deuda por parte del acreedor porque la cobra directamente de los impuestos. Puerto Rico se vio obligado a esta privatización para poder seguir financiándose más allá de sus Presupuestos Generales y, por tanto, emitiendo más deuda que generaba más beneficios al Santander.
El dinero obtenido por la emisión de estos bonos municipales sirvió para maquillar las cuentas de un modo similar a como lo hizo Grecia para mantener las clasificaciones de deuda.
Carlos M. García vendió 5.300 millones de dólares en bonos COFINA en dos emisiones cuyo principal vendedor y asegurador fue el Santander. Estos bonos se utilizaron para pagar deuda ya existente, es decir, deuda para pagar deuda. El BGF, bajo la dirección de García y de Batlle llegaron a emitir más de 10.000 millones de deuda de COFINA.
El informe de Hedge Clippers destapa operaciones de permutas financieras y bonos de recapitalización de capital en las que estuvo implicado el Santander. En algunos casos se llegó a pagar 730 millones por una emisión de 139 millones por los elevados tipos de interés, la capitalización de los mismos y por los largos plazos de vencimiento.
El año pasado, Carlos M. García solicitó a Estados Unidos la imposición de una especie de troika con poderes ejecutivos y legislativos sobre Puerto Rico. PROMESA, que así se llamó, es la junta de control fiscal creada en el mes de junio. Está formada por siete personas que tienen la potestad de decidir cómo se ha de reestructurar la deuda puertorriqueña. Casualmente, Carlos M. García y José Ramón González forman parte de esta especie de troika, lo cual deja en manos de quienes generaron la crisis de deuda para beneficiar al Santander el futuro económico del país boricua. Por tanto, el Santander se ha hecho el dueño de Puerto Rico a través de la deuda soberana. El problema es que le puede salir mal y se puede convertir en un problema mayor si, finalmente, el Estado asociado se declara en quiebra puesto que el aseguramiento de esos bonos de deuda le hace responsable ante otros acreedores.
Si el Santander es capaz de arruinar a un país, ¿cómo no lo va a ser de la ruina de más de 305.000 familias con el Popular?
