El pasado día 7 diciembre finalizaba el plazo para la suscripción de los bonos de fidelización ofertados por el Santander y que iban dirigidos sólo una parte de los afectados del Popular, en concreto a aquellos que habían suscrito sus acciones en la ampliación de capital del año 2.016, no a la totalidad de las 305.000 personas a las que se les arruinó en la noche del 6 al 7 de junio.
El Santander ha comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores que un 77,8% de los afectados del Popular. En total, según el dato presentado por la entidad Cántabra, 764 millones de euros.
Sin embargo, según distintas fuentes internas del Grupo Santander consultadas por Diario16, la aceptación total apenas supera el 50%, en concreto, un 52%. Por mucho que se esté queriendo vender desde el Santander que su cifra corresponde a todos los afectados del Popular, lo que supondría más de 200.000 afectados, la realidad es que estos bonos sólo estaban dirigidos a aquellos pequeños accionistas que accedieron a la ampliación de capital de 2.016, lo que ya reduce el número. Por tanto, no son todos los afectados sino sólo un porcentaje. Por otro lado, según la cifra indicada por nuestras fuentes internas del propio Grupo Santander, el número de personas que han suscrito los bonos no supera los 50.000, lo que supone que tan sólo un 15,3% del total de afectados han aceptado los bonos.
En otro orden de cosas, hay varios aspectos y situaciones que hay que tener en cuenta. Se puede dar el caso de afectados que suscribieran acciones en la ampliación y que tuviesen ya títulos de otros procesos anteriores, por lo que, aunque suscribiera esos bonos trampa del Santander, seguiría estando afectado. También hay que tener en cuenta el hecho de la perversidad de esta emisión ya que el Santander se ha beneficiado de la situación económica de muchos de los arruinados que se han visto obligados a aceptar la oferta de bonos; de la situación de muchos de los empleados que también eran accionistas y que, en muchos casos, habrían asimilado la idea de la suscripción de los bonos con el mantenimiento de sus puestos de trabajo; de la situación de muchos pequeños empresarios con créditos o préstamos que para poder hacer frente a los mismos se verían obligados a contratar un producto peligroso.
Hay que recordar que según confirmaba el propio folleto informativo «los bonos de Fidelización presentan complejidades que las hacen generalmente no convenientes para inversores minoristas como los Beneficiarios». Además, se ha obligado a los afectados que han suscrito los bonos a firmar una declaración manuscrita en la que declaren «conocer que los Bonos de Fidelización son un producto complejo que adquieren sin recomendación o asesoramiento de ninguna entidad de Grupo Santander y que han sido informados de su falta de conveniencia […] una operación no resulta conveniente cuando el cliente carece de conocimientos y experiencia necesarios para comprender la naturaleza y riesgos del instrumento financiero sobre el que va a operar». Además, la firma de los bonos conllevaba la renuncia expresa por parte del afectado de emprender acciones legales contra el Santander.
Finalmente, según nos confirman nuestras fuentes del Grupo Santander, viendo cómo la suscripción de bonos no ha tenido la repercusión que se esperaba, la entidad cántabra está valorando la negociación individual con algunos de los afectados para evitar querellas y demandas que ya se están dirigiendo directamente contra el propio Santander, algo que la entidad presidida por Ana Patricia Botín ha intentado por todos los medios posibles como, por ejemplo, provocando conflicto de intereses en los principales bufetes del país.
