Casi 40 años después de aquel crimen que convirtió en mártir de la causa andaluza a un joven sindicalista de 18 años asesinado por la policía armada el mítico 4 de Diciembre de 1977, cuando se manifestaba en Málaga para reclamar autonomía plena para Andalucía, aún nadie sabe qué pasó exactamente ni quién disparó ni quién dio la orden de apuntar sobre los manifestantes. Todo se tapó bajo un manto de silencio que aún se prolonga 40 años después. La presidenta andaluza, volcada en esta inminente conmemoración para desde el Ejecutivo autonómico patrimonializar todos los actos en torno al 4-D y lo que significó para Andalucía, no quiere que nada ni nadie –en concreto Podemos e Izquierda Unida de Andalucía– le quiten el protagonismo de tan jugoso escaparate en plena vorágine de nacionalismos de toda índole.
40 años después, el Congreso de los Diputados sigue sin levantar el secreto de la investigación
El primer paso no lo ha dado el Gobierno andaluz ni el partido que dirige la comunidad autónoma, el PSOE, lo ha dado la diputada de Izquierda Unida integrada en Unidos Podemos, Eva García Sempere, quien ha podido acceder por primera vez a las actas secretas de la comisión de investigación parlamentaria sobre este suceso. El ponente que leyó las conclusiones es otro malagueño como el asesinado y actual alcalde de la capital, Francisco de la Torre, del Partido Popular, entonces en las filas de la extinta UCD.
La Mesa del Congreso de los Diputados acordó a principios de octubre “autorizar la consulta de la documentación secreta” de las actas de la comisión de investigación que indagó en el crimen de Manuel José García Caparrós cuando se manifestaba por la autonomía andaluza el 4 de diciembre de 1977 en Málaga. La Mesa del Congreso impuso una batería de requisitos para que se pudieran acceder a estos datos, como por ejemplo “la previa disociación de los datos de carácter personal” que aparecen en ese sumario, ahora, 40 años después, objeto de ‘deseo’ de todos al aproximarse una conmemoración tan señalada.
Sólo la diputada malagueña de Unidos Podemos Eva García Sempere ha podido acceder a estos papeles, aunque sólo a la “exhibición de una copia de la documentación” sin posibilidad de hacerle copia a la misma. Tras conocer que podría tener acceso restringido a esta documentación, la diputada de Unidos Podemos ha lamentado que las actas aún no se hagan públicas. “No es de recibo después de 40 años y significa que no habrá justicia y reparación. Tendremos una parte de la verdad, pero no toda y no será suficiente para alcanzar justicia y reparación que nos parece que deber se el objetivo”, avanzó García Sempere.
Las tres hermanas de García Caparrós, que estuvieron presentes en la presentación de los datos recogidos por la diputada de Unidos Podemos, exigen justicia, verdad y reparación, y que el peso de la justicia caiga tanto sobre los “culpables directos, como sobre los que han tapado durante 40 años el asesinato”. Una de ellas asegura que la primera versión que les dio un celador del hospital donde fue trasladado su hermano es que había fallecido “en un accidente de tráfico”. El padre del joven pudo desmentir rápidamente esta versión en cuanto pudo reconocer el cadáver de su hijo.
Las 675 páginas de que constan estas actas de la comisión del Congreso de los Diputados han desvelado a la diputada de la formación morada que los diputados no tuvieron en cuenta el informe policial en el que se hacía constar que el origen de los disparos procedía de la Policía Armada. Aquella comisión concluyó que no se habían producido responsabilidades políticas en el asesinato de García Caparrós y que lo urgente era la dotación de fondos para infraestructuras para Málaga. Leyó la ponencia el actual alcalde de la capital malagueña, Francisco de la Torre. IU ha reclamado explicaciones al hoy regidor y ex diputado por UCD.
El actual alcalde de Málaga fue el ponente que leyó las conclusiones del informe del Congreso
El informe desvela que los disparos que acabaron con la vida del joven sindicalista procedían de una sección policial de 32 agentes, que presuntamente realizó 30 disparos al aire. Uno de ellos “hirió mortalmente” a García Caparrós.
Ahora, después de estos primeros pasos dados por la diputada de Unidos Podemos en el Congreso de los Diputados, el PSOE andaluz ha anunciado que presentará una proposición no de ley en la Cámara autonómica para instar al esclarecimiento de esta muerte, tomando como base la existencia de las actas de la comisión del Congreso que investigó entonces aquel suceso.
De este modo, los socialistas andaluces quieren mostrar su apoyo a la familia de García Caparrós y también acudir a la Ley de Memoria Histórica de Andalucía para que se aclaren, 40 años después, aquellos hechos. El número dos del PSOE andaluz, Juan Cornejo, considera insuficientes los pasos dados por la diputada malagueña de IU en el Congreso porque asegura que el secreto de la investigación sigue vigente. Pero sobre la reclamación de IU en Andalucía de crear una ‘comisión de la verdad’, como lo recoge la propia Ley autonómica de Memoria Democrática, el dirigente socialista apela al desarrollo de la norma, sin concretar un plazo para la constitución de dicho grupo de trabajo.
El Congreso obvió el informe policial que admitía los disparos a los manifestantes
Cornejo también ha anunciado que la presidenta andaluza hablará con la familia del joven malagueño asesinado por la policía y ha recordado que el Ejecutivo autonómico nombró el 28 de Febrero de 2013 a García Caparrós como Hijo Predilecto de Andalucía a título póstumo. También el pasado agosto se declaró como lugar de memoria histórica el lugar donde recibió el impacto mortal de bala. El dirigente socialista ha calificado de “oportunismo político” la iniciativa de IU en el Congreso.
La coordinadora andaluza de Podemos, Teresa Rodríguez, anunció que su partido no va a parar hasta “conocer los nombres de quiénes estuvieron implicados en aquel asesinato terrible”, porque considera que es una deuda que el pueblo andaluz merece saldar con la familia de García Caparrós “después de 40 años de impunidad”.
Las sesiones de la comisión parlamentaria sobre la muerte de García Caparrós fueron consideradas “secretas” de acuerdo con un reglamento preconstitucional, vigente entre los años 1977 y 1982, por lo que se reclamaba ahora la desclasificación de la totalidad de los 675 folios de la investigación, en la que participaron los grupos de UCD, PSOE, PCE, Mixto, AP y PNV, que también trató el asesinato de un estudiante tinerfeño en La Laguna por disparos de la Guardia Civil. La comisión concluyó asegurando que no había responsabilidades políticas del Gobernador Civil y achacaba los incidentes que terminaron con el asesinato del joven malagueño a la aparición de banderas andaluzas que causaron tensiones con sectores de extrema derecha, al tiempo que planteaba un plan económico especial para Málaga para paliar su crítica situación socioeconómica.
Manuel José García Caparrós trabajaba en Cervezas Victoria y era militante de Comisiones Obreras. La policía cargó contra los manifestantes después de que se colocara una bandera andaluza en la fachada del edificio de la Diputación de Málaga. Después se produjeron los disparos de la Policía Armada, que acabaron con la vida de García Caparrós aquel mítico día 4 de diciembre de 1977, cuando dos millones de andaluces se manifestaron por las calles de las principales ciudades andaluzas –y también emigrantes en Madrid, Barcelona o Bilbao– para reclamar autonomía plena.
Aquel suceso marcó un antes y un después en la historia de Andalucía. Justo un año después, en Antequera se firmó el pacto que sentó las bases definitivas del autogobierno andaluz, votado en referéndum el 28 de febrero de 1980.
