La vida política de Jaime González Taboada tiene un límite judicial. El consejero de Medio Ambiente y Ordenación Territorial del gobierno de Cristina Cifuentes se encuentra en el foco de la investigación/imputación en la Operación Púnica. Hasta el momento, según fuentes judiciales, no se ha producido su procesamiento al ser aforado. Este hecho ha permitido al consejero seguir al frente de sus responsabilidades políticas como número 2 y medio de la presidenta madrileña. Sin embargo, la intención del juez Manuel García Castellón es imputarle en cuanto termine la fase de instrucción. Como también tenía pensado hacer el juez Eloy Velasco.
La fecha de extinción, al contrario de los animales que, en el día a día de su consejería, trata de salvar, es clara y se va a tomar porque existen numerosas pruebas contra su actuación en Arpegio. Al contrario de lo acontecido con Cifuentes y su presencia en la mesa de contratación de la Asamblea de Madrid y la adjudicación a Arturo Cantoblanco, en el caso de González Taboada hay testigos e investigados que han declarado en su contra. Respecto a los contratos con DUSA y otras adjudicaciones de la empresa de ordenación del territorio, ya se han expresado algunos de los demás miembros de la mesa de contratación, que también se encuentran investigados. Y no han dejado lugar a dudas en sus declaraciones, González Taboada sabía tanto como ellos y presionó en más de una ocasión para “desviar” las adjudicaciones.
Por ejemplo, uno de los investigados, como desveló El Mundo, ha contado al juez Velasco cómo González Taboada le presionó para que se concediese el mantenimiento del Parque Polvoranca (perteneciente a los municipios de Alcorcón, Leganés y Fuenlabrada) a la filial de ACS (Florentino Pérez) Imesapi, empresa que no había obtenido la mejor valoración de los técnicos. Según se recoge en el auto el testigo declaró: “Estábamos en la tercera planta, Taboada bajó a la primera y subió al cabo de diez minutos nervioso y colorado. Me dijo que, por orden del consejero, había que cambiarlo [informe] y que la ganadora debía ser Imesapi porque había dado 800.000 euros para la campaña del PP”.
Según ha podido conocer Diario 16 Mediterráneo, no es la única testifical que le compromete en este intento de adjudicación y otros. Al estar esta pieza separada en su fase de instrucción aún caben nuevos testimonios. Los informes de la UCO advierten que no sólo estaría implicado el consejero sino también concejales de distintos partidos políticos como PSOE e IU. Por lo que las fuentes de la investigación presumen que aparecerán nuevas implicaciones y testimonios en el mismo sentido que los ya recogidos.
¿Cuándo se producirá la imputación/investigación del consejero? En cuanto acabe la fase de instrucción se enviará la pieza separada al Tribunal Supremo para que, por su condición de aforado, comience el proceso de apertura de juicio. Salvo que haya una dimisión anterior, ese es el calendario judicial que, a día de hoy, tienen en mente en la Audiencia Nacional. Quieren dejar la instrucción completamente terminada para que ningún juez “superior” rehaga el trabajo de tantos años. Y, además, apuntan que la meticulosidad de García Castellón servirá para que no queden dudas sobre la investigación del consejero.
Esa fecha, ahora que el juez García Castellón ha solicitado un juez de refuerzo al Consejo General del Poder Judicial, podría ser de un año. Pero en el mundo de la judicatura todo lleva un proceso garantista que podría extenderlo y hacerlo coincidir con la preparación de la elecciones autonómicas de 2019. En caso es que Cifuentes tiene un problema con su consejero. Aunque se haya puesto el foco mediático en la “pérdida de los papeles”, es un procedimiento penal y existen las copias que tienen igual validez procesal. Al contrario que sucedería si el procedimiento fuese civil o administrativo. No encontrar los originales no resta validez argumental al proceso al haber copias. Así que las maniobras de distracción sólo sirven para desprestigiar la figura del consejero y la presidenta de la Comunidad de Madrid.
