El sindicato UGT está denunciando cómo en las oficinas del Banco Popular se están produciendo problemas en referencia a la integración, sobre todo por la dificultad en la que se encuentran en muchos lugares para entender la nueva plataforma tecnológica, algo que precisa de un tiempo de adaptación que el ERE ha reducido. Este hecho está generando problemas de salud a los trabajadores.
Según una comunicación interna del sindicato, «No parece nada razonable que ante esta situación nos ahoguen a objetivos, reuniones, rones, links, calls… Por el camino se están quedando y se han quedado ya algunos compañeros con ansiedad y taquicardia. El ambiente pre-ERE no está siendo nada agradable y así lo hemos denunciado a relaciones laborales, las amenazas constantes, las llamadas de teléfonos, las reuniones inquisitoriales».
Por otro lado, también se denuncia la actitud de algunos directores de zona que están imponiendo castigos a los trabajadores, con falta de modales, marcando objetivos individualizados para cada uno de los trabajadores cuando «el banco ha reconocido por activa y por pasiva que estas figuras no van a tener objetivos marcados de forma individual y que sus actividades van a ser otras», con multi conferencias convocadas fuera del horario de trabajo o amenazas y vejaciones. Estos directores de zona señalados por UGT centran sus amenazas en repetir de manera constante a los trabajadores en que la plantilla está inmersa en un Expediente de Regulación de Empleo, de lo que repercutiría en la vida familiar de los empleados si fuesen afectados por el mismo y no pudiesen hacer frente a pagos como, por ejemplo, la hipoteca.
Estos comportamientos están provocando, como denuncia el sindicato, problemas de salud como taquicardias y ataques de ansiedad. En el comunicado interno UGT afirma que «denunciará la situación que están atravesando muchos de los trabajadores de esta casa, tenemos muy claro que se nos paga por trabajar, pero no por acabar enfermos. La responsabilidad de la salud laboral recae en la empresa y no la está ejerciendo, los riesgos psicosociales, aunque oficialmente controlados parecen estar abandonados.
Negociaciones del ERE
Las negociaciones del Expediente de Regulación de Empleo del Banco Santander, por el que serán despedidos 3.173 trabajadores, se han iniciado con una postura por parte de la entidad presidida por Ana Patricia Botín que ha sorprendido tanto a los empleados como a las fuerzas sindicales presentes en la mesa de negociación.
Los representantes de los trabajadores han insistido en que no se puede afrontar una reducción de plantilla como la planteada por el Santander porque, en la situación actual, la salida de más de 3.000 empleados supondrá un incremento de una carga de trabajo que ya es, de por sí, desmesurada por el volumen excesivo de horas extras a las que se ven obligados a realizar para poder sacar el trabajo adelante.
La integración de Popular y Santander puede ser causa de duplicidad en las oficinas pero no en el número de empleados, ya que todos los trabajadores son necesarios tendiendo en cuenta que, en realidad, la plantilla del banco cántabro está infra dimensionada para poder hacer frente a esa carga de trabajo. Una reducción como la planteada en el ERE supondrá que la calidad del servicio que se dé a los clientes, tanto de Popular como de Santander, se vea afectada.
Esto nos lleva a una situación en que en el Grupo Santander realizará ampliaciones ilegales de la jornada de trabajo.
Por otro lado, en las dos reuniones mantenidas la semana pasada se ha comprobado que los criterios a la hora de determinar quiénes deben ser los trabajadores implicados no han sido comunicados a los representantes legales de esos empleados. Es más, el sindicato UGT ha denunciado que, en algunos casos, las evaluaciones finales han sido modificadas sin tener conocimiento de qué criterios se han seguido.
