En las últimas semanas el Gobierno español y el Vaticano han llevado a cabo intensas negociaciones antes de decidir dónde trasladar los restos de Francisco Franco una vez que sean exhumados del Valle de los Caídos. El último contacto ha tenido lugar hace solo unas horas en Roma, donde la vicepresidenta Carmen Calvo y el secretario de Estado del Vaticano, Pietro Parolin, han debatido sobre las posibles alternativas. En principio, el papa Francisco no se opondrá a que los restos del dictador sean exhumados, pero el problema viene después. ¿Qué hacer con ellos? ¿Dónde llevarlos? El Gobierno no quiere ni oír hablar de enterrar los huesos del dictador en la catedral de La Almudena, en pleno centro de Madrid, porque ello sería tanto como abrir una especie de gran santuario a mayor gloria del tirano. La imagen de cientos de turistas guardando cola a las puertas del templo para conseguir una entrada, por mucho que supusiera importantes ingresos para la Iglesia católica, dejaría el prestigio de España seriamente dañado. Resulta de justicia y de sentido común que un país que dice respetar los derechos humanos rechace honrar la memoria de un genocida. Y ahí es donde no queda claro qué alternativas ofrece la Santa Sede, que por momentos está manteniendo una postura cuanto menos ambigua en este conflicto. Si el papa Francisco está dispuesto a ceder un monumento propiedad de la Iglesia para albergar los restos del general, ello podría interpretarse como una deslealtad hacia el Gobierno español, además de un apoyo explícito y un reconocimiento directo del franquismo, con el que mantuvo estrechas relaciones durante los cuarenta años que duró la dictadura en España.
De momento la Iglesia mantiene un misterioso silencio sobre este asunto, como si se guardara un as en la manga, y eso lo sabe el Gobierno. El hecho de que Parolin no haya despejado la duda de forma rotunda significa que todavía valora la posibilidad de enterrar a Franco en la catedral de Madrid. De momento, Carmen Calvo y el secretario papal han mantenido un primer acercamiento para tratar sobre el espinoso asunto que puede tensar las siempre difíciles relaciones entre un Gobierno socialista y el Vaticano. Por lo que al Gobierno respecta, el departamento que dirige Carmen Calvo ha tratado de mostrar cierta normalidad. De hecho, asegura que este contacto “forma parte de las relaciones habituales y fluidas que siempre han mantenido ambos estados”, según un comunicado del Ministerio de la Presidencia. En realidad se trata del primer encuentro que mantienen representantes del Estado español y de la Santa Sede tras la llegada al poder del nuevo Ejecutivo que preside Pedro Sánchez. Según esa misma nota de prensa, el cardenal Parolin ha garantizado a la vicepresidenta Calvo que “no va a oponerse a la exhumación de los restos de Francisco Franco del Valle de los Caídos”. Sin embargo, respecto al lugar donde podría llevarse a efecto el traslado, es decir la inhumación, nada se dice, aunque ambos mandatarios han coincidido en la necesidad de “buscar una solución y seguir manteniendo el diálogo”. Esta declaración hace pensar que las negociaciones no han hecho sino comenzar y que queda mucho camino por recorrer y mucho por hablar.
Quizá para mostrar buena voluntad, el Gobierno de Pedro Sánchez “ha agradecido a la Santa Sede la comunicación cordial y fluida que se está manteniendo con el cardenal arzobispo de Madrid, Carlos Osoro, y con el presidente de la Conferencia Episcopal, el cardenal Ricardo Blázquez”. Lo cual no es más que una mera fórmula de cordialidad diplomática que no aclara nada sobre el futuro de los restos de Franco. Sin duda, tras las palabras oficiales queda mucho margen para la interpretación, incluso una cierta inquietud y preocupación por parte del Ejecutivo socialista ante el dictamen final que pueda adoptar el papa Francisco. Si esa decisión es enterrar a Franco en La Almudena el escándalo podría ser mundial.
El Ejecutivo de Sánchez ha informado a la Iglesia católica sobre su reforma penal para que los delitos de abusos sexuales cometidos por sacerdotes nunca prescriban
Pero más allá del juego diplomático, el simple hecho de que el Vaticano no se pronuncie sobre si tiene previsto permitir que un genocida acusado de miles de asesinatos y ejecuciones sea acogido en un templo cristiano y católico ya revela que las simpatías del clero con el régimen franquista siguen estando cuanto menos latentes. Es algo unánimemente aceptado por los historiadores que sin el apoyo explícito de la Iglesia a la “causa nacional” ‒que fue definida por el propio clero como “una cruzada” o “una guerra santa” contra el comunista infiel‒ Franco jamás se habría podido mantener en el poder durante tanto tiempo. Esas estrechas relaciones y deudas históricas parece que todavía siguen vigentes en amplios e influyentes sectores vaticanos. Es decir, la guerra entre obispos franquistas y demócratas se ha trasladado también a Roma y de ese tira y afloja, de esa lucha intestina, dependerá el veredicto final de Francisco.
Mientras tanto, el encuentro entre Calvo y Parolin, “que ha sido extremadamente cordial”, según insisten fuente del Gobierno, ha servido para sondear cómo están a fecha de hoy las relaciones entre Madrid y el Vaticano. Según Presidencia, el contacto se ha producido con el “objeto de intercambiar puntos de vista e información sobre diferentes cuestiones de interés para España y la Santa Sede”. Entre otros, se han abordado asuntos como el régimen fiscal de la Iglesia en España y el proceso de revisión de los bienes inmatriculados por la Iglesia. A su vez, el secretario de Estado del Vaticano ha mostrado su voluntad de “abordar conjuntamente ambos temas para alcanzar puntos de encuentro”.
Por su parte, la Iglesia ha trasladado su interés, compartido por el Gobierno, por hacer justicia a las víctimas de la pederastia en la Iglesia y su intención de prevenir nuevos casos en el futuro. En ese sentido, el Gobierno ha informado a la Santa Sede de la reforma del Código Penal que prepara para conseguir que estos delitos nunca prescriban. Finalmente, se han repasado otros temas como la agenda internacional de ambos Estados.
