El soterramiento de la antigua M-30 ha hipotecado el presupuesto del Ayuntamiento de Madrid. La Comisión de Investigación impulsada por el actual equipo de gobierno y su concejal de Economía y Hacienda Carlos Sánchez Mato, está sacando a la luz el enorme despilfarro que ha supuesto. Aunque todo hubiera sido escrupulosamente legal -y hay motivos para sospechar lo contrario-, no dejaría de ser un enorme expolio, un símbolo que refleja que los intereses del Partido Popular en Madrid están al servicio de la burguesía y de las grandes empresas y no de las vecinas y vecinos de esta ciudad.
De un coste inicial planteado por el Partido Popular de unos 1.700 millones de euros, se pasó a un presupuesto de adjudicación de 2.500 millones, llegándose a pagar finalmente a las constructoras la ingente cantidad de 3.700 millones de euros. Si incluimos los gastos financieros y de mantenimiento de la infraestructura, ésta habrá costado casi 10.000 millones de euros, una cifra que supera con creces el presupuesto de dos años del consistorio madrileño.
Todo parte, además, de la ejecución de unos proyectos de manera totalmente ilegal, pues no se realizó el preceptivo informe de impacto medioambiental, tal y como luego sentenció la justicia europea. Eludir la elaboración de este informe amparándose en un simple cambio de nombre le sirvió al Partido Popular para acelerar las obras y concluirlas ocultando a la ciudadanía no solo el enorme impacto económico, medioambiental y social que suponían sino la destrucción de nuestro patrimonio arqueológico y cultural consecuencia de unas obras que alteraban la movilidad de la ciudad apostando por un modelo insostenible y pensado para el vehículo privado.
La falta de ese informe, además, impidió beneficiarse de las ayudas europeas que hubieran cubierto parcialmente la inversión en el soterramiento. Había prisa por terminarla antes de las elecciones. Esas prisas, añadieron un coste aún más dramático: centenares de heridos y nueve fallecidos consecuencia de accidentes laborales que podrían haberse evitado.
La entrada en el gobierno municipal de Ahora Madrid ha permitido poner al descubierto la actuación del Partido Popular en Calle 30, su “proyecto emblemático” en la ciudad.
La Comisión de investigación sobre Calle 30 intenta esclarecer si la inversión de miles de millones de euros en esta obra faraónica se ha hecho con las suficientes garantías legales. De momento, estamos teniendo indicios de grandes irregularidades: incrementos de presupuesto indebidamente justificados, obras pagadas que no se realizaron, duplicidades en conceptos de mantenimiento, pago de intereses encubiertos y sin fiscalizar, etc.
La Cámara de Cuentas de Madrid señaló que la entrada de las empresas privadas (Ferrovial, Dragados y API) en el accionariado de la empresa municipal Calle 30 sirvió para garantizarles un interés anual del 7 % durante años, hagan lo que hagan, y sin que se transfiera ningún riesgo a las mismas. El contrato estipula que, si se rompe ese equilibrio, el balance se debe volver a nivelar, obviamente hacia el lado de las grandes constructoras. Es otro claro indicio de la ausencia de riesgo para las constructoras que se materializó en el año 2007 cuando, al solicitar un requilibrio económico del contrato, el Ayuntamiento de Madrid gobernado por el Partido Popular accedió a encarecer el coste de mantenimiento pasando de 12 millones anuales a 23 tras sólo año y medio del comienzo del contrato.
Además, el modelo de gestión elegido mediante empresa mixta es gravemente lesivo para las arcas municipales. Si la empresa hubiera sido 100 % municipal, el consistorio se habría ahorrado millones de euros en IVA e impuesto de sociedades, habría podido optar a una financiación más económica y no tendría que haber repartido dividendos con las empresas privadas. La pésima elección del modelo de gestión (brillante eso sí para las constructoras españolas) ha supuesto hasta el año 2016 el pago de unos 597 millones de euros que con un modelo de gestión directa se hubiera podido evitar. El modelo de gestión elegido para garantizar el lucro de las grandes constructoras hace que el Ayuntamiento haya desembolsado hasta ahora en torno a 55 millones de euros anuales que con una gestión directa se hubieran evitado.
De esta Comisión de Investigación, a la que Ruiz Gallardón, Manuel Cobo y Diego Sanjuanbenito entre otros se han negado a acudir a declarar, quedan aún dos sesiones; una mañana día 12 y otra en el mes de octubre.
De momento, ya podemos concluir la existencia de importantes irregularidades durante la ejecución de las obras, así como en la adjudicación del mantenimiento de la vía a las principales constructoras. Tras muchos años de opacidad e irregularidades en la gestión de Calle 30, la actual gestión del equipo de gobierno de Ahora Madrid nos da buena muestra del saqueo al que el Partido Popular ha sometido al erario municipal durante años con unas políticas que han convertido a esta ciudad en una con los mayores índices de desigualdad de toda la Unión Europea.
Nuestro compromiso está siendo no sólo revertir esta situación –no en vano hemos aprobado los presupuestos más sociales en décadas- sino combatir tantos años de expolio y corrupción demostrando que otra política y otra forma de gobernar mejor, es posible.
