El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha propuesto una «vía reformista» contra el «inmovilismo» y la «recentralización» y ha pedido «valentía» para «abrir el melón» de los cambios en la Constitución y en el modelo de financiación, de manera que se garantice la igualdad entre la ciudadanía y «una nueva y más eficaz cohesión territorial».
Así se ha pronunciado durante la conferencia de clausura del VII Foro de las Autonomías del Senado, donde ha defendido la propuesta de reforma constitucional aprobada por el Consell, que, en palabras de Puig, constituye una «reflexión abierta», planteada desde la Comunitat Valenciana para el conjunto de España, como un «punto de partida» para «redefinir la estructura institucional y política». En este sentido, el president ha reclamado «la participación de los nuevos actores», para que las comunidades autónomas sean «parte activa ante la futura reforma».
Puig ha defendido también una propuesta para que la Constitución «crezca en valores», que contemple aspectos como la lucha contra la violencia de género y la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, que ya forma parte de un «tsunami democrático imparable», y también la sostenibilidad y la lucha contra el cambio climático, la promoción del gobierno abierto y la lucha contra la corrupción y el avance en la integración de la Unión Europea y la cooperación internacional para el desarrollo.
Ha reivindicado también la necesidad de un crecimiento en valores que englobe «la protección de los derechos que permiten garantizar una vida digna a las personas, como el acceso a la a la salud universal, la vivienda, la renta básica, la protección de la dependencia y la infancia». Además, ha abogado por la introducción de mejoras en la proporcionalidad del sistema electoral.
«En definitiva, proponemos ideas para crecer en valores, garantizar derechos y avanzar en democracia y calidad institucional», ha propuesto. El president ha explicado que la Constitución de 1978 consiguió recuperar las libertades y la democracia, desarrollar el estado del bienestar, así como crear una base económica «que ha conducido a la mejora de las condiciones de vida» o la creación del Estado de las Autonomías.
Sin embargo, el jefe del Ejecutivo valenciano ha explicado que, pese a que ha sido un «vehículo de convivencia democrática y de transformación», se hace necesaria una reforma constitucional ante un modelo autonómico que ha calificado de «agotado». Por otro lado, el president ha recriminado las resistencias a la reforma «procedentes de quienes se aferran al ‘statu quo’, a veces con una defensa dogmática de la Constitución» que Puig ha calificado de «poco constitucional».
«En 40 años de vida constitucional soy, tan solo, el segundo presidente de una comunidad autónoma que ha solicitado comparecer ante la Comisión General para las Comunidades Autónomas del Senado, y solo se han producido seis reuniones de la Conferencia de Presidentes en 14 años», ha subrayado también el president, quien ha añadido que «es momento de acabar con tanto silencio acumulado».
El federalismo como clave de bóveda.
El president, siguiendo los postulados que defiende su partido, PSOE-PSPV, ha subrayado que la vía por la que apuesta la reforma constitucional que propone el Gobierno valenciano plantea también que, desde la lealtad institucional, se avance hacia el federalismo, de forma que «se establezca una distribución de competencias y recursos clara, que evite las duplicidades y conflictos estériles».
Se trata de «un modelo en el que todas las comunidades dispongan de competencias exclusivas e iguales en las materias relacionadas con el desarrollo del Estado social, para que sea real la igualdad de todos los ciudadanos, vivan donde vivan». Así ha añadido también que «junto con esa distribución idéntica, proponemos la asunción voluntaria, por las comunidades, de competencias sobre sus hechos singulares, históricos, culturales, y jurídicos».
Puig ha defendido un modelo federal construido sobre el principio de subsidiariedad, con una concepción de Estado del que participen tanto Gobierno central, como autonomías y ayuntamientos, un modelo que «blinde constitucionalmente la autonomía financiera con los principios de suficiencia financiera, igualdad, reducción de la discrecionalidad, multilateralidad y lealtad, junto al fundamental principio de solidaridad.
Tampoco podía olvidar el tema que más preocupación tiene entre los diversos presidentes autonómicos. Por ello ha querido dejar claro que se trata de la «constitucionalización de un modelo de financiación, que no puede esperar, basado en la población y que garantice la estabilidad para que los ciclos económicos no amenacen los servicios públicos fundamentales». Además, en esta «ruta federalizante», ha propuesto un modelo de Senado próximo al Bundesrat alemán, «por supuesto no mimetizado y más próximo a nuestra realidad, pero que sirva para el diálogo de los territorios», ha precisado también.
En la misma línea se encuentra la propuesta de «constitucionalización de la Conferencia de Presidentes, con reuniones regulares y capacidad de debate sin que el Gobierno central se reserve la capacidad de convocatoria y la mitad más uno de los votos», ha indicado. Al acto, organizado por el Instituto de Derecho Público y que ha tenido lugar en el Senado, también han asistido la consellera de Justicia, Administración Pública, Reformas Democráticas y Libertades Públicas, Gabriela Bravo, y el conseller de Transparencia, Responsabilidad Social, Participación y Cooperación, Manuel Alcaraz.
