La Concejala de Izquierda Unida-Verdes, Gloria Martín, ha denunciado que el Consorcio de Compensación de Seguros está desestimando las peticiones de los afectados para acceder a la información de las indemnizaciones que les fueron concedidas. El Consorcio basa su desestimación en que es una “Entidad Pública Empresarial de las previstas en el artículo 43.1.b de la Ley 6/1997”, que se rige por un régimen jurídico específico al que no resulta de aplicación la Ley de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y que, por tanto, “no queda sometido al régimen de publicidad dispuesto en la misma”.
Sin embargo, la norma por la que el Consorcio se define en virtud de lo dispuesto en el artículo 1 de su Estatuto Legal, está derogada por la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, que se aplica a cualquier organismo o entidad de derecho público vinculada a las Administraciones Públicas.
Martín ha mostrado su sorpresa porque, además, que en la contestación dada por el Consorcio a los afectados, se afirme que su actividad jurídica no está sometida a la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. En ese sentido, recordó que la petición formulada por los afectados está relacionada con el ejercicio de su derecho a “acceder y a obtener copia de los documentos” en los procedimientos que tengan la condición de interesados (Art. 53.1.a de la Ley 39/2015), que “resulta de plena aplicación al sector público institucional”.
La edil de IU-Verdes recordó también que la Ley 9/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, dispone en su artículo 12 “el derecho de todas las personas al acceso a la información pública”, entendiendo como información pública los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en su ámbito de aplicación. Al respecto, Martín aseguró que dicha ley también es de aplicación a las entidades públicas empresariales (art. 2), como el Consorcio de Compensación de Seguros.
Martín se preguntó hasta dónde se pretende elevar el nivel de indefensión de los afectados por la devolución de las ayudas, vecinos “a los que se está negando el derecho a obtener la información necesaria para realizar las alegaciones que consideren oportunas en defensa de sus intereses”. “¿Cuántos obstáculos, trabas e impedimentos más se les va a poner a los afectados?”, se lamentó.
Martín aseguró que a los damnificados “sólo les comunicaron las resoluciones de las ayudas e indemnizaciones, pero no se indicaron conceptos, ni porcentajes; no se les dijo, esta cantidad debe ser para esto, y esta para esto otro…”. Tampoco se les proporcionaron los informes técnicos de las inspecciones efectuadas en sus viviendas y ahora, para colmo, tampoco se les facilita información del Consorcio para poder determinar si las indemnizaciones se concedieron exclusivamente para reparación de sus viviendas o también para reposición de enseres, en cuyo caso la CARM no tendría derecho a reclamar esa parte.
Por todo ello, Martín ha anunciado que remitirá una queja al Defensor del Pueblo para que los afectados puedan obtener “la información que necesitan y a la que tienen derecho”.
Concentración de afectados por los terremotos
La Plataforma de Afectados por la Devolución de Ayudas de los Terremotos ha solicitado a la Delegación del Gobierno la realización de una concentración el próximo 23 de noviembre, a las 19 horas, en la Plaza de Calderón.
El objetivo es aprovechar la visita a Lorca del presidente del Gobierno Regional, Fernando López Miras, quien previsiblemente asistirá al acto de concesión de los títulos y distinciones de la ciudad que cada año se otorgan coincidiendo con las fiestas patronales de San Clemente, para hacerle entrega de una carta en la que los afectados le expondrán su problemática y le exigirán soluciones.
Los integrantes de la Plataforma, que aglutina ya a 150 familias, han intentado ya, en vano, entrevistarse con el alcalde de la ciudad, Fulgencio Gil, a quien solicitaron una cita el pasado 18 de septiembre, sin que hayan obtenido repuesta alguna. “Dado que los políticos no abren sus despachos para escuchar a los vecinos, éstos se ven obligados a salir a su encuentro en la calle”, explicó Martín.
Comisión de Peticiones y Defensa del Ciudadano
Gloria Martín informó que ya han recibido respuesta de la letrada de la Comisión de Peticiones y Defensa del Ciudadano, quien ha comunicado que, en fechas próximas, la petición realizada por 80 afectados para que su caso sea abordado en la Asamblea Regional, será examinada por la Mesa de la Cámara. Si es admitida a trámite, será remitida “con la mayor brevedad posible” a dicha Comisión.
La concejala de IU-Verdes celebró que algunos partidos políticos hayan manifestado su interés por plantear iniciativas respecto al problema de la devolución de las ayudas por los terremotos de 2011, que afecta a más de 800 familias. Sin embargo, les pidió “valentía” para defender una “solución política” que vaya más allá de la ampliación de los plazos legalmente previstos para que los afectados puedan justificar las subvenciones, porque “eso no es suficiente”, aseguró.
Por ello, Gloria Martín les animó a que se sumen, “en Murcia y en Madrid”, a la petición que hace Izquierda Unida -aprobada por unanimidad en el Pleno Municipal de septiembre- para que las inspecciones a las viviendas, y el correspondiente informe técnico sirvan como método para justificar las ayudas. “La concejala de IU recordó que el Decreto 68/2011, de 16 de mayo, es muy claro al respecto, y que hay dos métodos de justificación: facturas o informes técnicos”. Martín aseguró que los funcionarios de la Comunidad Autónoma están “a la espera” de un “criterio político” para poder aplicar esta segunda vía de justificación de las ayudas.
En IU también piden a otras fuerzas políticas que exijan abiertamente al Gobierno autonómico del PP “que deje sin efecto aquellos requerimientos que afecten a beneficiarios de ayudas cuyo procedimiento de reintegro ha prescrito” y que Martín cifró en un 90%.
Al respecto, denunció que el sistema informático que utiliza el Servicio de Inspecciones y Sanciones de la Dirección General de Ordenación del Territorio, Arquitectura y Vivienda de la Región de Murcia para realizar el cálculo de las prescripciones está utilizando parámetros erróneos, en grave perjuicio de los damnificados. “No se están calculando bien las prescripciones y están exigiendo la devolución del dinero a vecinos que ya no tienen la obligación legal de hacerlo porque la Administración no lo reclamó en tiempo y forma”, dijo Martín.
