Tal y como ya publicamos en Diario16, la Justicia europea podría declarar nulo el IRPH tras el informe de la Comisión en el que se oponía frontalmente a la sentencia del Tribunal Supremo que se negó a declarar al índice como cláusula abusiva y se alineó con el voto particular emitido por uno de los magistrados. Sin embargo, el Gobierno español presentó observaciones orientadas a defender los intereses de la banca, alegando que no es necesario examinar si la cláusula IRPH es o no transparente y afirmando que «no tiene sentido suministrar las fórmulas de estos tipos oficiales porque el consumidor medio no va a entenderlas. Además, y para el hipotético caso de que el IRPH sea declarado nulo por abusivo, el Estado español pide que la nulidad no tenga efectos retroactivos, por el impacto económico que esta medida tendría en la cuenta de resultados de las entidades bancarias».
Pedro Sánchez marcó un camino que despertó las esperanzas de todas las ciudadanas y ciudadanos afectados por los abusos de la banca con la decisión que adoptó en referencia al pago del impuesto de actos jurídicos documentados.
Este posicionamiento favorable a las víctimas del IRPH tanto de la Comisión Europea como de Pedro Sánchez en referencia a los abusos de la banca ha hecho saltar las alarmas de las élites financieras. Hay más de 1,3 millones de afectados y si la Justicia europea dictamina en favor de ellos podría provocar un verdadero terremoto en el sistema financiero español. Por esta razón, los mecanismos de defensa de estas élites se han activado y lo han hecho a través de una advertencia que perfectamente podría ser interpretada como una «amenaza» velada.
El IRPH es una de las mayores presuntas estafas bancarias de la historia
Goldman Sachs ha calculado que el impacto en la banca española de una resolución favorable a las víctimas del IRPH sería de 44.000 millones de euros, es decir, el dinero que han cobrado de manera irregular por la aplicación de este índice. Para entender la magnitud comparemos esta cifra con el impacto de las cláusulas suelo, que fue de 4.000 millones, o de lo que podría haber afectado la devolución del impuesto de actos jurídicos documentados, unos 5.000 millones de euros. Si ante estas cantidades se puso todo el aparato del Estado a trabajar para evitar que la banca pagara a las víctimas de las cláusulas abusivas, imagínense qué ocurrirá ahora con una cantidad diez veces superior.
El mensaje que transmite Goldman Sachs a la Justicia es el siguiente: «A ver qué sentencia vais a dictar, porque podéis tumbar al sistema financiero español».
El problema que tiene la banca española en este caso es que ya obtuvo un veredicto favorable del Tribunal Supremo y el caso llegó a Europa, donde no tienen la «protección» de la disponen aquí. Recordemos que las cláusulas suelo fueron anuladas por Europa, por ejemplo. Por esta razón la presión tenía que venir a través de uno de las firmas más influyentes del mundo, una entidad que tiene como clientes a todos los grandes bancos españoles.
Sin embargo, lo que queda claro con el cálculo que ha hecho Goldman Sachs es que el IRPH es una de las presuntas estafas bancarias más grandes de la historia de España.
Ahora le toca mover ficha al gobierno español tras la Propuesta No de Ley en la que el Congreso insta «al Gobierno a modificar la postura del reino de España en el litigio C-125/18 que, en relación al índice de referencia IRPH, está siendo tramitado en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, para defender a las personas consumidoras en lugar de a las entidades bancarias. Para ello retirará su escrito de observaciones y presentará uno nuevo o declarará que comparte las conclusiones de la Comisión Europea. También defenderá esta postura en la vista oral del caso».
