La semana pasada se celebró el Día Internacional de las Desapariciones Forzosas. Casi nadie le hizo caso, desde luego nadie de la prensa oficialista. Pasó inadvertido y esto es muy grave teniendo en cuenta en el país en que vivimos, en la patria donde las cunetas están repletas de la sangre, de la carne podrida, de los huesos y de los sueños de quienes una vez tuvieron el valor de enfrentarse con sus ideas o su acción a la sinrazón que significaba la presencia de Francisco Franco en el poder. España es la patria de la indignidad y dejar pasar por alto un día en el que rendir honores a quienes de una forma u otra lucharon por la libertad y dieron su vida por ella es de miserables. Pero para que esto ocurra tiene que haber unos responsables y en este país los hay.
El Estado español y los gobiernos de turno, ahora el de Mariano Rajoy, son los responsables de buscar a los asesinados por el franquismo y que aún se encuentran en las cunetas o en fosas comunes de los cementerios de este país. España es el segundo país del mundo en número de desapariciones forzosas solo superado por Camboya y el terror de los Jemeres Rojos, por tanto, es el primero de Europa. Esta situación ha llevado a que nuestro país sea advertido y condenado en varias ocasiones por la ONU o a que los representantes de Naciones Unidas se hayan tenido que marchar de España sin haber recibido un compromiso firme por parte del Partido Popular de que asumirían sus responsabilidades en lo referente a las víctimas del genocidio franquista.
España es un país que ya ha superado los 40 años de democracia, casi el mismo tiempo en que vivió bajo el yugo de una dictadura que basó su acción de gobierno en el terror impuesto a quienes discreparan del Régimen. Detenciones, encarcelamiento, torturas y ejecuciones sumarias fueron una constante del franquismo hasta unos días antes del fallecimiento del dictador. En los dos últimos años de Régimen, Franco dio el «enterado» a las ejecuciones de Salvador Puig Antic, Georg Michael Welzel (últimos ejecutados por garrote vil), José Humberto Baena, José Luis Sánchez Bravo, Ramón García Sanz, Juan Paredes Manot y Ángel Otaegui (fusilados en octubre de 1975).
No obstante, España tiene un déficit democrático fundamental y lo seguirá teniendo hasta que las víctimas del genocidio franquista recuperen su dignidad y a sus familiares, porque hasta que esto no se produzca España será una pseudo-democracia.
Las desapariciones forzadas son un crimen de lesa humanidad y, por lo tanto, no prescribe. En nuestro país el proceso siempre era el mismo: se realizaban detenciones ilegales, se torturaba a esas personas y después se las ejecutaba negándole el derecho a una sepultura con el único fin de incrementar el miedo y el terror a sus familiares.
Todos estos crímenes se ejecutaron por parte del Estado en nombre de España y, por tanto, es aquél el máximo responsable de que más de 100.000 hombres y mujeres continúen aún enterradas en cunetas, campos o en fosas comunes como la de Paterna, por ejemplo.
La inacción del Gobierno de Mariano Rajoy respecto a las víctimas del genocidio franquista es una falta de respeto hacia los derechos humanos y una violación de los tratados internacionales firmados por España con la excusa de que los problemas de la dictadura fueron resueltos durante la Transición. Esto es falso. No se restañaron las heridas durante ese periodo. La pena de muerte estuvo vigente hasta la aprobación de la Constitución. La Ley de Amnistía sobre la que se sustenta toda la argumentación y que está paralizando la detención de los responsables de la represión, las torturas y los asesinatos que aún siguen vivos estaba diseñada para exculpar de los delitos políticos de la dictadura y no para hacer un punto final respecto a los culpables, por lo que, el propio Gobierno está utilizando una Ley que se aplicó de manera errónea y transgrediendo su propio espíritu. Esta actitud no es más que un acto de negacionismo similar al de quienes niegan la existencia del Holocausto o de la represión y los asesinatos políticos en la Unión Soviética. Esta actitud negacionista está penada por las leyes de los países que realmente se pueden considerar democráticos.
Por tanto, el Estado español debe hacerse responsable de restañar las heridas que aún siguen abiertas y que no se cerrarán hasta que no quede un solo español enterrado en cunetas, campos o fosas comunes. Tiene que ser el Gobierno del Partido Popular quien lleve a efecto la Ley de Memoria Histórica en sus aspectos más maximalistas, es decir, cumpliéndola de manera estricta y sufragando la búsqueda, exhumación y recuperación de los cuerpos de quienes fueron ejecutados por defender un modelo político similar al que deberíamos tener en la actualidad pero que la memoria de quien sigue abandonado impide que se pueda llamar democracia.
Otro aspecto importante por el que el Estado debe responder es la presencia aún de monumentos, placas conmemorativas o nombres de calles dedicados a los asesinos o a quienes fueron sus cómplices. La negativa del Partido Popular a que esto se lleve a cabo les convierte en encubridores del genocidio, además de ser responsables del insulto constante que supone a las víctimas vivir o ver cómo se sigue homenajeando a quienes ejecutaron un genocidio sistemático durante 40 años.
Lo mismo ocurre con las subvenciones que reciben fundaciones dedicadas a honrar la memoria del dictador o de quienes impusieron el terror en España. Todas estas organizaciones estarían prohibidas si España fuera una democracia plena que respetara los derechos humanos, la libertad, la igualdad y la fraternidad entre sus ciudadanos. Mantener con dinero público a, por ejemplo, la Fundación Francisco Franco es en sí mismo un acto de desprecio hacia el régimen que los españoles nos dimos tras la muerte del dictador. Esto sería impensable en cualquier país democrático. Pero «Spain is different» y se sigue sufragando con el dinero de todos a nostálgicos del fascismo que sigue pensando que el país es suyo.
Ante esta responsabilidad del Estado frente a las víctimas del franquismo, ¿dónde está el Jefe del Estado? ¿Por qué no ha recibido o ha tenido aún un encuentro con las víctimas de la dictadura? En primer lugar, que la Jefatura de Estado de España sea una Monarquía es el cumplimiento de la voluntad de Franco quien el 22 de julio de 1969 tomó la decisión de designar a Juan Carlos de Borbón como su sucesor con el título de Príncipe de España, momento en el que el futuro Juan Carlos I juró «fidelidad a los principios del Movimiento Nacional y demás Leyes Fundamentales del Reino». En 1978 no juró la Constitución de 1978, sino que «como Rey de España […] expreso ante el pueblo español, titular de la soberanía nacional, mi decidida voluntad de acatarla y servirla». No juró, sólo sancionó. Por tanto, en España tenemos a un Jefe del Estado por la voluntad de Franco y no por la voluntad del pueblo español.
En segundo lugar, ni Juan Carlos ni Felipe de Borbón han tenido ningún gesto con las víctimas, no los han recibido y, más bien, han tenido palabras en las que se las conmina a que «no remuevan heridas del pasado». El único gesto que ha tenido la Monarquía española con las víctimas del franquismo fue en la visita que realizaron a México en noviembre de 1978 cuando recibieron en la Embajada española en México DF a Dolores Rivas Cherif, la viuda de Manuel Azaña. Desde entonces, silencio y complicidad con quienes no han asumido su responsabilidad.
