Una minoría, repito, una minoría de socialistas han pedido que en el marco del 39 Congreso se debata la regulación de la gestación subrogada, de los vientres de alquiler, una actividad que rebaja la condición humana de la mujer a la categoría de bien con el que comerciar. Aunque son una minoría quienes reclaman esto, hacen mucho ruido y van a por todas. En pleno acto inaugural la delegada por Euskadi Rafaela Romero exigió que se abriera el debate porque los socialistas lo deben afrontar. En una comparecencia ante los medios de comunicación afirmó que la regulación de los vientres de alquiler no va en contra de los derechos de la mujer y que no regular esta actividad sería ir en contra de la evolución.
La reacción no se hizo esperar por quienes defienden los derechos de la mujer. La diputada Ángeles Álvarez anunció una comparecencia en el hall del Palacio Municipal de Congresos junto a Alicia Millares, portavoz de la plataforma «No somos vasijas». En su intervención ante los medios Álvarez fue tajante: «defender la regulación de la maternidad subrogada no es feminismo» porque no se pueden supeditar los derechos de la mujer a los deseos de unos pocos.
El PSOE se va a posicionar totalmente en contra de la regulación porque la posición en contra del partido es mayoritaria. El propio Pedro Sánchez está totalmente en contra de la gestación subrogada. Sin embargo, los delegad@s que están en favor de la defensa de los derechos de la mujer desconfían por la ambigüedad de la ponencia porque en ella sólo se hace mención al rechazo a la mercantilización de la gestación subrogada por lo que se piensan que se pueda aprobar eso que se ha dado en llamar la maternidad subrogada «altruista», aspecto que es rechazado de manera frontal por quienes se han posicionado en la defensa absoluta de los derechos de la mujer. Hay un hecho que deja en evidencia a quienes defienden lo contrario: la existencia de un tráfico de vientres en países del tercer mundo o en vías de desarrollo que se esconde detrás de ese pretendido «altruismo».
Finalmente, el Congreso ha rechazado la regulación por 175 a 35 votos.
