El Banco Santander se siente cada vez más acorralado ante las distintas informaciones publicadas por Diario16 en referencia a su responsabilidad en la operación que terminó con la intervención del Banco Popular y su compra por un euro, noticias que, por un lado, muestran cómo su papel fue fundamental para que se produjera la resolución de la sexta entidad española y, por otro, que dan luz a la situación real en la que se encuentra el banco presidido por Ana Patricia Botín y los réditos que ya ha sacado gracias al Popular. Ambas líneas informativas tienen una fecha de unión: el 7 de junio. A partir de ese día el Santander se ha beneficiado del Popular y le ha arreglado las cuentas llevándole, incluso, a que distintos análisis financieros internacionales le vuelvan a colocar en la vanguardia de sistema bancario mundial tras el estancamiento de los beneficios que ha sufrido desde que Ana Patricia Botín se hizo con la presidencia del banco.
Por esta razón, publicaciones que ponen en duda a través de documentos la legitimidad y la propia legalidad de la operación están poniendo nervioso al Santander. Por consiguiente el siguiente paso es el desvío de atención hacia otro de los posibles responsables y lo han hecho a través de grupos de comunicación que controlan y en los que hace pocos meses quisieron imponer a un directivo propio para sustituir a su actual presidente. Hay que buscar otro culpable y lo han encontrado: la JUR.
El Tribunal de Cuentas de la Unión Europea ha censurado duramente a la Junta Única de Resolución y la causa principal de un informe demoledor proviene de las graves deficiencias encontradas en el propio organismo dirigido por Elke König.
La culminación de la operación de rescate del Santander ha provocado que las instituciones encargadas de gestionar los recursos judiciales de los afectados se hayan colapsado y que el Tribunal de Cuentas haya pasado a la acción haciendo públicas una serie de conclusiones que demuestran cómo el organismo de resolución europea no es fiable: se han detectado graves deficiencias operativas en los modelos de funcionamiento de la Junta Única de Resolución. En primer lugar, se ha puesto de manifiesto que la JUR tiene una muy grave falta de personal. Esto afecta a los planes de resolución que, según el Tribunal de Cuentas, incumplen de manera clara a los estándares de calidad. Este hecho es fundamental, sobre todo si vemos cómo se ha arruinado a más de 305.000 familias en el caso del Banco Popular, porque el incumplimiento cualitativo lleva a que estos planes estén incompletos y carecen de la información necesaria para demostrar que una entidad es inviable y, por lo tanto, que ese banco debe ser intervenido. También se critica la falta de coordinación con las autoridades nacionales.
En segundo lugar, el Tribunal de Cuentas de la Unión Europea, ha vuelto a criticar la falta de transparencia de la JUR en el caso del Banco Popular por la negativa a hacer públicos los informes que determinaron la intervención y la posterior venta al Santander por un euro de la sexta entidad financiera de España.
El informe del Tribunal de Cuentas es demoledor, sobre todo si vemos que esas ineficiencias han provocado la ruina de más de 305.000 familias porque, aunque el Estado Español como la Comisión Europea o el propio Banco Central Europeo han declarado que la operación fue un éxito, la realidad ha demostrado que la JUR tomó la decisión de intervenir el Popular a través de planes de resolución que están incompletos y que no pueden detectar de manera fehaciente si una entidad es inviable o debe ser resuelta.
Este informe demuestra que toda la operación es deficitaria desde sus orígenes y pone a la Justicia en una situación en que está obligada a plantear medidas cautelares sobre la misma porque, si no lo hace, se va encontrar en un escenario en el que no va a poder dar marcha atrás a la misma y, por lo tanto, no podrá hacer justicia porque, si la JUR es la responsable hay que anular la operación; si el Santander es el responsable, hay que anular la operación y permitir que sean los legítimos dueños del Popular, los 305.000 arruinados, los que determinen el futuro de la entidad en una Junta de Accionistas, aplicar un plan de viabilidad y, sobre todo, recuperar todo lo que el Santander ya ha ganado que, como ya hemos demostrado en Diario16, suponen, al menos, 43.000 millones de euros desde el día 7 de junio. Esa es la justicia que deben aplicar los Tribunales.
