La diputada regional socialista Choni Ludeña ha reiterado que la Consejería de Educación, encabezada por Adela Martínez Cachá, sigue incumpliendo la ley presupuestaria, “y lo que es más grave, sigue asfixiando a los centros educativos públicos de la Región de Murcia”.
Ludeña ha asegurado que esta Consejería retiene el pago para gastos de funcionamiento diario, incumpliendo su propia Ley de Presupuestos, a los centros educativos públicos, con una deuda que alcanza hasta el cien por cien del presupuesto para los centros de Formación Profesional.
“A un mes de finalizar el curso escolar 2016-2017, los centros educativos públicos aún no han recibido ni un solo euro para gastos de mantenimiento e inversiones en Formación Profesional”, ha indicado.
Según la diputada socialista, en Educación Secundaria tan solo se ha recibido un 25 por ciento del gasto de mantenimiento, y en Primaria, otro 25 por ciento. “Es decir, más del 75 por ciento del ya menguado presupuesto, que ha ido sufriendo continuos recortes durante los últimos años, todavía no ha llegado a los centros educativos a un mes de finalizar las clases”, ha señalado.
“La consejería y el Gobierno del PP siguen asfixiando a los centros públicos de la Región de Murcia, y el riesgo de colapso es inminente porque no hay dinero absolutamente para nada. En muchos casos, no disponen de presupuesto ni para pagar las facturas de electricidad”, ha añadido.
Ludeña ha exigido que, ya que no existe voluntad de recuperar capacidad económica ninguna desde los sucesivos recortes, la Consejería haga lo necesario para que los centros reciban, al menos, las “menguadas” dotaciones económicas en plazo.
Para la diputada socialista, la ejecución inminente del pago a los centros educativos públicos debe ser una prioridad para el Gobierno regional. “La comunidad educativa lleva años pidiendo un plan de recuperación a los niveles de inversión anteriores a 2012, unos niveles de inversión que puedan garantizar la calidad e igualdad de la educación”.
En su opinión, la Consejería sigue sin afrontar las imprescindibles inversiones que requiere la Formación Profesional, porque para el Gobierno regional no es una prioridad, “ni su estabilidad económica, ni la dotación de recursos humanos y materiales».
“Una vez más, familias, alumnado y profesorado están gritando ‘basta ya’. No se puede seguir ahogando a la Educación Pública de forma tan descarada. El Gobierno tiene que cumplir lo presupuestado y tiene que hacer llegar el cien por cien del presupuesto a los centros educativos”, ha concluido.