Así, lo ha explicado la vicepresidenta y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mónica Oltra, quien ha destacado que de los 41 millones de euros que su departamento destinó en los presupuestos de este año al pago de la renta, 16,4 ya han llegado al bolsillo de las personas que más lo necesitan, mientras que el resto ya está comprometido y en breve se transferirá a las 86 entidades municipales colaboradoras para que puedan sustanciar todos aquellos expedientes que ya están tramitados.
Oltra ha afirmado que estas cifras “evidencian la buena gestión del Consell del Botànic y contrastan con las del antiguo gobierno, que en los cinco primeros meses de 2013 sólo fue capaz de tramitar ayudas por valor de 1,7 millones de euros, a pesar de que éste fue uno de los peores años de la crisis”.
La vicepresidenta ha lamentado que no fuera hasta 2016, el año en el que el actual Consell aprobó sus primeros presupuestos, cuando se produjo un cambio real en esta tendencia, duplicando la cantidad abonada el año anterior y llegando a los 8,7 millones de euros.
Ha incidido en que “el pago de la renta ha sido una de las prioridades de este Gobierno, y por ello le confirió la categoría de crédito ampliable, lo que permite aumentar la partida destinada a este fin cuando se agota. Algo que, según ha explicado, ya se ha hecho este año para poder seguir rescatando personas.
Con este aumento el presupuesto destinado en 2017 a sufragar la renta garantizada de ciudadanía se incrementa hasta los 53,9 millones de euros, una cantidad que contrasta con el presupuesto que se destinaba a esta prestación en los años donde la crisis económica era más fuerte, como en 2008, donde la renta tenía un presupuesto asignado de 1,6 millones de euros.
Titulares y beneficiarios
Oltra ha indicado que la gestión de estos dos años también está marcando un incremento en el número de titulares y beneficiarios, que en los cinco primeros meses de 2017 ya suman un total de 23.799, de los que 9.900 tienen la condición de titular de la ayuda, y 13.899 son beneficiarios.
Estas cifras van en la misma línea de incremento del año anterior, cuando por primer vez se llegaron a los 50.204 destinatarios de ayudas (20.007 titulares y 30.197 beneficiarios), y que evidencian la efectividad de las “medidas urgentes que se adoptaron hace dos años ante la caótica y grave situación de emergencia social, heredada del anterior gobierno”. Medidas que han permitido lograr que en 2016 se gestionaran y emitieran 28.023 resoluciones, que existan 50.204 destinatarios de la Renta (20.007 titulares y 30.197 beneficiarios.
Al respecto, ha querido agradecer al personal de la administración autonómica “el esfuerzo y la labor que ha realizado a lo largo del pasado año para poder incluir dentro del sistema de renta”.
La prestación media de la renta en 2016 fue de 377,11 euros, que se distribuyó de acuerdo con el número de miembros y sus ingresos medios mensuales. De los 20.007 titulares de la renta en 2016, 13.097 son mujeres y 6.910 hombres.
Medidas agilizadoras
Mónica Oltra ha recordado que para “hacer frente a la urgente y extraordinaria necesidad de poner al día la gestión de los expedientes y agilizar el pago de las ayudas por el tapón heredado del anterior gobierno, se aprobó en julio de 2016 un decreto ley para agilizar el proceso de tramitación de la Renta Garantizada de Ciudadanía”.
El decreto ley establece, entre otras medidas, que el plan familiar de inserción que deben elaborar los servicios sociales municipales no sea determinante para la concesión de estas ayudas, en aquellos casos en que los ayuntamientos se demoren más de dos meses en la redacción del plan. Asimismo, contempla que las direcciones territoriales dependientes de la Conselleria sean consideradas centros de atención directa, y que los puestos de trabajo adscritos a la tramitación de la Renta Garantizada de Ciudadanía tengan la consideración de puestos de atención directa o cobertura prioritaria susceptibles de sustitución en el caso de que se produzca una baja o una vacante.
También se ha acometido una mejora y actualización de la aplicación informática de la Renta, a través de un conjunto de cambios que han posibilitado un incremento en la productividad y de la calidad del trabajo realizado por las direcciones territoriales, y también se ha logrado optimizar la información estadística, con herramientas para un conocimiento más lógico y veraz de los datos de las prestaciones.
Nueva Ley de Renta valenciana de Inclusión
Paralelamente, Oltra ha recordado el proyecto de la ley de Renta Valenciana de Inclusión, cuya prestación sustituirá a la renta garantizada de ciudadanía, “para dignificar la vida de las personas y les permita insertarse”.
La nueva ley permitirá que esta ayuda tenga “carácter indefinido, cuando la situación de la persona que la solicite se mantenga en el tiempo”, y al mismo tiempo, ampliará los requisitos para poder demandarla.
Entre las mejorías que aportará la nueva normativa, ha destacado también la flexibilización de los requisitos “por lo que llegará a más personas”. De hecho, ha señalado, será necesario sólo un año de empadronamiento, frente a los 24 meses actuales, exigiendo únicamente la residencia efectiva en la Comunitat Valenciana para tener derecho a la misma, amplia la edad para poder solicitarla a los 18 años y a la vez que se elimina el límite de edad para percibirla, cuando ahora era sólo para personas de entre 25 y 65 años.
Cabe recordar también que el importe de esta será de 531 euros en el caso de un titular, frente a los 385 actuales, tanto en los casos en que la persona no necesite un itinerario de inserción o de acompañamiento como en los que sí lo requiera, y en este último caso, si el solicitante renuncia voluntariamente a realizarlo mantendrá la ayuda, pero se reducirá hasta los 266 euros
