Francisco Fernández Marugán, Defensor del Pueblo en funciones, ha enviado un escrito a José Manuel Maza, Fiscal General del Estado, en el que le recuerda que la situación de los derechos humanos en Turquía cambió con el golpe de estado fallido en julio de 2016. Este hecho debería tenerse en cuenta en todas las fases del procedimiento de extradición del periodista turco Hamza Yalçin.
La Fiscalía General del Estado ha remitido un informe al Defensor del Pueblo en el que destaca un pronunciamiento de la Audiencia Nacional que cuatro meses antes del golpe de Estado frustrado desestimó las alegaciones contra la aceptación de entregas extradicionales a Turquía.
Según Fernández Marugán, que también se ha dirigido a la Secretaría de Estado de Justicia sobre este asunto, la situación desde la perspectiva de los derechos humanos ha cambiado sustancialmente: «estas circunstancias deben ponderarse tanto en la fase gubernativa previa a la decisión sobre la continuidad del procedimiento de extradición como, eventualmente, en la fase gubernativa posterior a una decisión de la Audiencia Nacional».
El Defensor del Pueblo ha reiterado su «preocupación por el posible uso de la extradición por el Estado turco como instrumento de represión política, desvinculado de la comisión de delitos», remarcando que «son de general conocimiento las actuaciones represivas que han padecido periodistas y escritores, muchos de ellos ciudadanos de algún país de la Unión Europea».
Yalçin, ciudadano de doble nacionalidad turca y sueca, fue detenido en Barcelona el 3 de agosto en el marco de un procedimiento de extradición pasiva solicitada por Turquía. Fernández Marugán también se ha interesado por la situación del periodista turco alemán Dogan Akhanli, que fue detenido el 19 de agosto en Granada y posteriormente puesto en libertad, y que también se encuentra sujeto a un proceso de extradición pasiva a solicitud de Turquía.
