Han pasado ya 40 años desde que Amnistía Internacional promovió la histórica Declaración de Estocolmo, primer manifiesto abolicionista internacional sobre la pena de muerte donde se pidió a todos los gobiernos que abolieran totalmente esta pena:
«Cuando el Estado utiliza su poder para poner fin a la vida de un ser humano, es probable que ningún otro derecho sea inviolable. El Estado no puede dar la vida y no debe atreverse a quitarla».
En 1977 sólo 16 países habían abolido totalmente la pena de muerte en su legislación y en la práctica. 40 años después son 105, además de que otros 36 países la han abolido para los delitos comunes o han dejado de utilizarla en la práctica aunque continúe en su legislación.
En 2016, sólo 23 países llevaron a cabo ejecuciones, siendo los responsables de la gran mayoría de ellas un pequeño grupo de Estados: China, Irán, Arabia Saudí, Irak y Pakistán.
En España ha pasado totalmente desapercibido una conmemoración de este tipo debido a los acontecimientos de Cataluña. Este año el Día Mundial contra la Pena de Muerte está centrado en la vinculación de la pena de muerte con la pobreza. Las personas de entornos socioeconómicos desfavorecidos se ven afectadas de manera desproporcionada en su contacto con el sistema de justicia penal y suelen ser las que sufren la imposición de la pena de muerte. Estas personas pueden tener enormes dificultades para contratar los servicios de abogados eficaces que las defiendan de los cargos penales. Asimismo, la capacidad de desenvolverse en el sistema de justicia penal se ve afectada por el grado de alfabetización de las personas y por el hecho de que tengan o no redes sociales influyentes en las que apoyarse.
Recientes análisis realizados por Amnistía Internacional a través de datos relativos al uso de la pena de muerte en China muestran un preocupante patrón: la pena de muerte podría estar imponiéndose de manera desproporcionada a personas que viven en la pobreza, con niveles bajos de educación o pertenecientes a minorías raciales, étnicas o religiosas. Sólo la revelación completa de todos los casos de ejecución judicial por parte de las autoridades chinas permitiría determinar de manera definitiva hasta qué punto es así.
En Arabia Saudí, el 48,5% de todas las ejecuciones registradas entre enero de 1985 y junio de 2015 fueron de extranjeros, en su mayoría trabajadores migrantes, que no saben árabe, el idioma en que se interroga a los detenidos y en el que se celebran los procedimientos judiciales. A estas personas se les niega a menudo unos servicios de interpretación adecuados. No se informa sin demora de su detención –ni de su ejecución, incluso– a sus embajadas y consulados. En algunos casos no se avisa previamente a sus familias de la ejecución ni se las devuelve el cadáver para que lo entierren.
