Las secretarias de Movimientos Sociales y Diversidad, Mónica Silvana González, y de Cohesión Social, Sanidad y Consumo, María Luisa Carcedo, mantuvieron una reunión de trabajo con los responsables del CERMI (Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad), en la que han analizado la iniciativa para garantizar el derecho de sufragio a todas las personas con discapacidad intelectual, que hoy llevarán los socialistas al Congreso de los Diputados.
El pasado mes de junio la Asamblea de Madrid aprobó instar al Gobierno de España a modificar la LOREG con el fin de garantizar a estos ciudadanos su participación en las elecciones. La propuesta, que partió del Grupo Socialista, fue refrendada por PP, Podemos y Ciudadanos en el parlamento regional y será este martes, a partir de las 15’00 horas, cuando se debata en el Pleno del Congreso su toma en consideración como proposición de ley.
Como han recordado las responsables socialistas, desde que en España entrara en vigor la Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, hace ocho años, han sido doce los procesos electorales celebrados en los que 100.000 personas no han podido participar por tener una discapacidad.
“La realidad evidencia que en nuestro país, aún hoy, después de haber sido firmada y ratificada esa Convención Internacional, el derecho al voto de este colectivo no está garantizado. De hecho, nuestro ordenamiento jurídico expone abiertamente su exclusión”, ha señalado Mónica S. González, que es además portavoz en la Comisión de Políticas Integrales de la Discapacidad de la Asamblea de Madrid.
“Nuestro objetivo es cambiar una ley que impide ese ejercicio pleno de los derechos en democracia, haciéndonos eco del clamor del movimiento social de la discapacidad y recogiendo esta histórica reivindicación del CERMI”, subrayó.
Por su parte Luisa Carcedo ha destacado que se trata de “un avance en el acceso al pleno disfrute de los derechos regulados en la Constitución Española para toda la ciudadanía, sin que deba existir ningún tipo de discriminación por circunstancias personales”. “Supone la eliminación de una barrera que aún persiste para las personas con discapacidad intelectual” ha añadido.
