El Ministerio de Relaciones Exteriores y Expatriados de la Autoridad Nacional Palestina condenó el jueves la aprobación del Knesset israelí del proyecto de ley de pena de muerte preliminar para los prisioneros palestinos y lo describió como «terrorismo de Estado» y considera que el proyecto de ley es una extensión de la escalada israelí de sus medidas arbitrarias contra los palestinos y las graves violaciones de la ley, los convenios y los protocolos internacionales y los principios de los derechos humanos.
A pesar de la oposición masiva de los legisladores israelíes, el primer ministro Benjamin Netanyahu fue influyente en la decisión del Knesset de apoyar un proyecto de ley que permitiría a los tribunales militares y civiles sentenciar a muerte a terroristas, siempre teniendo en cuenta que Israel considera terrorista a cualquier palestino que se enfrente a la ocupación. Hay que recordar que hace dos años el propio gobierno israelí aprobó una ley en la que se permitía encarcelar a niños de 12 años y que se considerarían actos de terrorismo acciones como, por ejemplo, tirar piedras.
En una estrecha votación de 52-49, el parlamento de Israel, el Knesset, aprobó el primer borrador de un proyecto de ley que podría facilitar que los terroristas reciban la pena de muerte. La ley militar actual permite que una persona sea condenada a muerte por un acto de terrorismo, pero solo si dicha sentencia cuenta con el apoyo unánime de los tres jueces en funciones. El nuevo proyecto de ley busca enmendar el orden actual, y quiere que sea reemplazado por una decisión de mayoría simple de los jueces.
El ministerio palestino afirmó que este proyecto de ley no es nuevo para el gobierno israelí ya que sigue una serie de leyes racistas, que solo profundizan el control de los colonos sobre el gobierno y extienden el régimen de apartheid racista que Israel continúa estableciendo y expandiendo en Palestina, y con eso claramente y apuntando explícitamente a la tierra y la presencia nacional y humanitaria en Palestina.
El gobierno israelí, encabezado por el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, tiene la responsabilidad plena y directa de este proyecto de ley, que podría convertirse en ley, y sus peligrosas repercusiones en el conflicto. Este proyecto de ley, además de otras leyes como la ley de anexión racista, ha revelado la verdadera cara de un estado ocupante y ha demostrado ser erróneo al afirmar que es la única democracia en el Medio Oriente.
Pidió a la comunidad internacional, las Naciones Unidas y sus organizaciones especializadas que impidieran la adopción de esta ley brutal e inhumana, que viola violenta y violentamente los derechos básicos del pueblo palestino.
