Ignacio Aguado, jefe delegado de Ciudadanos en Madrid, decía en la reunión del Comité Autonómico que “el objetivo de Ciudadanos es llegar en 2019 a la Puerta del Sol y para eso nos vamos a dejar la piel recorriendo toda la región y explicando el proyecto de Ciudadanos para la Comunidad de Madrid”. Primero deberán explicar bien por qué han votado en favor de librar a la presidenta de la Comunidad de Madrid de la comparecencia en la Comisión de Investigación de la Corrupción y por qué mantienen a un imputado en el caso Lezo como asesor en el Ayuntamiento de Madrid.
No hace ni una semana Aguado criticó la falta de honestidad “y la actitud incomprensible del PP, no sólo con los grupos de la oposición, sino también con los madrileños”. Es más recomendó a la presidenta madrileña que dejase de “marear la perdiz con la corrupción” y que dejase de “coleccionar titulares” y cumpliese con lo pactado. La realidad choca con las palabras de la formación naranja. Su lucha contra la corrupción choca frontalmente con sus votos (hecho objetivo). Y la verdad es que han votado contra la comparecencia de Cristina Cifuentes en la comisión de corrupción, e incluso la de presidencia.
Miguel Ongil, de Podemos, ha sido claro y contundente: “Como nos temíamos Ciudadanos dice una cosa en público y hace otra en privado. En privado han votado para proteger a Cifuentes”. Y no se ha quedado ahí la respuesta de diputado morado, indica claramente que no es una cuestión de reglamentos, a lo que se acogen PP y Ciudadanos, sino algo completamente político: “No tiene nada que ver con un criterio jurídico, ha sido una decisión política en la que entre PP y Ciudadanos se han cerrado a que Cristina Cifuentes comparezca”.
Como se recordará los tres partidos de la oposición (Podemos, PSOE y Ciudadanos) había solicitado la comparecencia de Cifuentes en la comisión de investigación debido que desde la presidencia de la Comunidad se había negado la entrega de documentación a la comisión respecto al caso Lezo. La argumentación de la presidenta y de su consejero de presidencia, Ángel Garrido, era que, al estar bajo investigación judicial, el juzgado no les permitía entregarlas. En fechas recientes se ha conocido que en agosto/septiembre de 2017 el juzgado envió el visto bueno a esa documentación para ser entregada a la comisión parlamentaria. Entienden PSOE y Podemos que mintió Cifuentes y de ahí la petición de comparecencia.
Ahora Ciudadanos dice que había un defecto de forma en la solicitud, o que el informe de la Secretaría General decía otra cosa. En este sentido Enrique Ossorio, portavoz del PP, se ha congratulado de algo que ya había venido advirtiendo hace tiempo. Sin embargo, ha sido el diputado morado Ongil quien ha revelado que la situación no es la que han querido explicar desde Ciudadanos. La opinión, que no informe, que se solicitó a la Secretaría General habla de la “recomendación”, que no obligación, de que la comparecencia fuese en la Comisión de Presidencia. Comisión a la que no tendría que acudir Cifuentes, no está obligada a ello, y podría mandar a cualquier subordinado que no alcanza ni a viceconsejero.
Nani Moya, del PSOE, ha calificado la situación como “un día triste para la democracia”. Y ha recordado que, en la tramitación del Orden del Día, el Letrado de la Comisión no puso objeción alguna a la comparecencia de la presidenta de la Comunidad de Madrid, siguiendo la estela de lo comentado por Ongil. “Ciudadanos se ha dedicado a proteger a la señora Cifuentes. Y hoy han sido los que con su voto han impedido que haya trasparencia en esta Asamblea” ha manifestado la diputada socialista. También ha recordado, que la excusa del defecto de forma no se sostiene, porque en la primera votación lo han hecho afirmativamente, mientras que en la segunda se han negado. En el ínterin es donde entiende el PSOE que algo “ha sucedido que les ha hecho cambiar de opinión”.
Satisfacción en el PP madrileño.
También ha desvelado Ongil, lo que pone realmente en cuestión los argumentos de Ciudadanos y les señala políticamente, que el Letrado de la Comisión no ve impedimento jurídico alguno para que comparezca Cifuentes en la Comisión de Corrupción. Para Ossorio sería caer en prevaricación (artículo 404 del código penal) y, además, reafirma lo manifestado hace unos días al asegurar que el motivo de la comparecencia “ni coincide con el objetivo, ni con el límite temporal de la comisión”.
El portavoz del PP, por si no tenían bastante en la formación naranja, también ha tenido un recuerdo para Ciudadanos, sus “aliados” de gobierno, al recordar que Aguado se ha pasado todo el fin de semana diciendo “que era muy importante que Cristina Cifuentes compareciera”. También ha sido dura Moya del PSOE al recordar que Ciudadanos lleva toda la legislatura haciéndose pasar por “adalides de la trasparencia y que acaben protegiendo que la presidenta de una Comunidad no se explique en el Parlamento, en el lugar donde están representados todos los Ciudadanos”.
Según Ossorio a Ciudadanos sólo les “importaba la foto”. Y, al final, según el portavoz popular esto demuestra “el vodevil que ha sido la Comisión desde el inicio. Un vodevil que se ha convertido en un esperpento ilegal e ilegítimo”. Lo acontecido no hace sino fortalecer los argumentos de la salida del PP de la Comisión de Corrupción. Además, se suma que, según confiesan varios diputados, es paradójico que en la comisión la “gente de Ciudadanos nos atice de lo lindo” y luego vengan con una sonrisa a pactar. O como la oposición “de verdad” les ha dicho en innumerables ocasiones: “Si tan mal lo hace Cifuentes ¿por qué la siguen apoyando?” (tomando una frase del gran Nino Olmeda).
Un imputado en el caso Lezo asesor de Ciudadanos.
Según se ha podido saber, gracias a una noticia que recoge Madridiario, Juan María del Álamo, imputado en el caso Lezo por haber sido consejero del Canal de Isabel II, ejerce funciones de asesor municipal en el área de transparencia y participación (paradójico, sin duda) del Grupo Municipal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Madrid. Desde la formación naranja, tal y como recoge el medio madrileño, han manifestado que al ser funcionario no le pueden aplicar el código ético del partido. El cual en su apartado 10 habla de estos temas.
Sin embargo, la condición de funcionario del Ayuntamiento no impide que le aparten de su función de asesoramiento. Tal y como destacan fuentes del equipo de Manuela Carmena, se le podría cesar, volviendo a otras funciones como empleado del Ayuntamiento, y que si no lo hacen se debe a una cuestión de confianza. Esto es, hoy mismo podrían pedir su reemplazo por otro funcionario que les asesore si así lo estimasen conveniente. En palabras de Miguel Ongil: “Ciudadanos también tiene un imputado en la Lezo y ha decidido ser cómplice”.
