Según la información publicada por el diario económico Expansión —un medio que fue uno de los que ayudaron a la caída del Popular con las informaciones publicadas en el mes de mayo, tal y como se refleja en los propios documentos internos del Banco Popular—, la Junta Única de Resolución ha reconocido en una respuesta a las miles de reclamaciones que está recibiendo de los afectados por la intervención del Banco Popular y su posterior venta por un euro al Santander que «respecto a los rumores recientes sobre una potencial ampliación de capital garantizada por Deutsche Bank y/o Barclays, la JUR querría hacer notar que no había ninguna indicación en el momento de la resolución de que ninguna medida del sector privado pudiera haber evitado la caída de Banco Popular dentro de los plazos disponibles». La JUR se enteró de estas dos ofertas gracias a los documentos que publicó Diario16 porque esos documentos le fueron mostrados a la señora Elke König por el diputado de Podemos Alberto Montero en la comparecencia de la presidenta de la JUR en el Congreso de los Diputados. Dichos documentos están en nuestro poder, como otros muchos que ratifican toda la presunta estafa de esta operación. La JUR también debería investigar o tener en cuenta de cara a la publicación del informe definitivo que el Banco Popular tenía garantizados 36.000 millones de euros en depósitos por parte del Fondo de Garantía. Estos documentos que se publicarán en los próximos días en Diario16. También la JUR debió tener en cuenta la operación de WiZink que fue ocultada por Saracho en la reunión del Consejo de Administración del 6 de junio, una operación de la que, cómo no, sacará réditos el Santander.
Hay que recordar que todo lo anterior y todo lo que se explicará a continuación se encuentra en las páginas del libro Banco Popular. Una Operación Diabólica.
En primer lugar, no se trata de rumores y aquí les volvemos a mostrar las dos comunicaciones dirigidas a Miguel Escrig en el caso de Barclays y al propio Emilio Saracho en el caso de Deutsche Bank. Hay un hecho que demuestra que no interesaba hacer públicas dichas ofertas: en la carta del banco alemán se indica que ya se envió una primera oferta al propio Miguel Escrig y que, por no haber recibido respuesta alguna, la dirigían al propio Saracho:
En este reconocimiento podemos comprobar cómo las instituciones económicas europeas eran un parte de la operación de rescate del Santander. El deber de la JUR era buscar la solución para el Popular antes de llegar a la resolución. Sin embargo, sólo se basó en un informe provisional redactado por la auditora histórica del Santander, a pesar de que en la actualidad las cuentas de la entidad presidida por Ana Patricia Botín son auditadas por PwC, la empresa que se encargaba de las cuentas del Popular, la empresa en la que tanto Luis de Guindos como Antonio Carrascosa, vicepresidente de la JUR, trabajaron. Para una entidad bancaria cambiar de auditora es una decisión muy importante y muy arriesgada. Sin embargo, el Santander no dudó en dejar a Deloitte precisamente en las fechas en las que se daban los primeros pasos de la «Operación Washington» y, casualmente, fue Deloitte quien realizó el informe provisional sobre el que la JUR basó su decisión de intervenir al Popular y quien presentará el informe definitivo del que ya informamos que se adaptará a las versiones que han dado tanto el Santander como la propia JUR. Otra casualidad más en un mundo en el que las casualidades no existen.
Deloitte, que llevaba desde el mes de mayo preparando el informe del Banco Popular que fue calificado por los inspectores del Banco de España como de «grosería técnica», ni se tomó la molestia en preguntar si existían soluciones a medio plazo. Por otro lado, el propio Emilio Saracho ocultó la información de esas dos ofertas de ampliación de capital al Consejo de Administración por dos razones: porque eso hubiera obligado a la CNMV a paralizar la cotización y, una vez reanudada, hubiera provocado un repunte del valor, y porque no se podía dar una imagen de solvencia a la entidad, a pesar de que, precisamente, en las ofertas de Barclays y de Deutsche Bank se hacía mención a que el Banco Popular era una entidad solvente y con potencial.
Por otro lado, la JUR también tendría que haber tenido en cuenta que CaixaBank, a través de Criteria, tenía reservados 4.000 millones de euros para entrar en la subasta del Popular, hecho que se anunció en el propio portal de inversión de la entidad catalana y que fue retirado varias horas después.
Saracho ocultó la información al Consejo, a la CNMV y, por tanto, al propio mercado, algo que incumple claramente la ley.
Hay que tener en cuenta un hecho muy importante respecto a las ofertas de Barclays y de Deutsche Bank. Miguel Escrig recibió dichas comunicaciones en la semana previa a la intervención. Aún no se habían producido las salidas de depósitos por valor de 14.000 millones de euros que fueron la causa principal de la presunta crisis de liquidez sobre la que se soportó la decisión de declarar la inviabilidad de la entidad y la comunicación de la misma a través de una carta de dudosa veracidad. En concreto, la oferta de Barclays se recibió el día 3 de junio y la de Deutsche Bank remitida a Saracho el mismo día 6, aunque anteriormente ya fue remitida al propio Escrig. El día 2 de junio desde el despacho de abogados de referencia del Santander (Uría y Menéndez) se remitieron las instrucciones sobre cómo declarar la inviabilidad, todo ello a pesar de que los incumplimientos de ratios eran poco importantes, a pesar de que aún había tiempo para anunciar una ampliación de capital porque aún no se había producido las salidas de depósitos que, según el documento de Uría y Menéndez, ya estaban previstas.
El mismo día en que se recibió la oferta de Barclays, 3 de junio, el FROB, de acuerdo con las disposiciones adoptadas por la JUR, inició el «Proyecto Hipócrates» en el que se anunciaba a BBVA, CaixaBank, Bankia, Banco Sabadell y Santander que el Popular iba a ser intervenido, por lo que se abría el proceso para recibir ofertas para hacerse con la entidad una vez que fuera resuelta.
La realidad es que fueron esas dos ofertas que la JUR niega tener conocimiento de su existencia y que define como de «rumores» las que precipitaron la decisión de intervenir al Popular porque la sexta entidad no se le podía escapar al Santander. Había demasiado en juego y demasiadas facturas por pagar que han quedado saldadas gracias a la ruina de más de 305.000 familias.
Manuel Domínguez Moreno es autor de Banco Popular. Una Operación Diabólica.
