Ya vimos en artículos anteriores que el Santander tiene cierta impunidad en su modo de actuar, una especie de patente de corso que le permite hacer lo que le dé la gana porque sabe que nadie se va a atrever a ir contra ellos en serio. Por otro lado, su posición en el sistema financiero español e internacional propició que se declarara cuestión de Estado su rescate por la situación de extrema dificultad en la que se encontraba por las consecuencias del Brexit, por la reducción de beneficios y por la vulnerabilidad de su elevada exposición en el mercado latinoamericano. Esta situación se ve claramente con el volumen de beneficios desde la muerte de Emilio Botín y la asunción de la presidencia por Ana Patricia Botín. En un ciclo económico positivo, la gestión de la actual presidente sólo ha logrado un incremento del beneficio en apenas 300 millones de euros. Esta es una de las cuestiones que está provocando que tanto los grandes accionistas del Santander como varias plataformas de minoristas estén planteando un movimiento para provocar cambios en la dirigencia del banco.
Sin embargo, el Santander reclama sus facturas o pide favores, pero no los devuelve, aunque sólo sea por el hecho de cumplir con la ley. Para que fuera rescatado se pusieron todos los mecanismos del Estado y de la Unión Europea a su servicio para poder adquirir al Popular por el menor precio posible y lograr de este modo la máxima rentabilidad a la operación, consiguiendo posicionamiento en zonas donde el Santander tenía poca presencia, liderazgo en el sector pyme y unos activos inmobiliarios que ya le han dado más de 5.000 millones de beneficio, además de recuperar las cantidades provisionadas para dichos activos.
Es en referencia a esta operación con BlackStone con la que se vuelve a demostrar la negligencia social del Santander, el no devolver a la sociedad y la ciudadanía lo que recibe de ella. En esta operación con el fondo buitre norteamericano BlackStone se han creado estrategias de ingeniería financiera y societaria para eludir el pago de los impuestos que les correspondería pagar. Según el diario digital Vozpópuli, esas ventas «no pagan el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (ITP y AJD) sobre las viviendas traspasadas». Además, en la operación el Santander también traspasa los créditos inmobiliarios. Estamos hablando de una operación de 5.100 millones de euros que hubiera reportado a la Agencia Tributaria 306 millones, algo que el Estado no recibirá por la ingeniería societaria creada para reducir al mínimo la factura fiscal por parte del fondo.
Sin embargo, el Código Civil, en su artículo 1535, en este sentido es taxativo en la referencia a la cesión de créditos: «Vendiéndose un crédito litigioso, el deudor tendrá derecho a extinguirlo, reembolsando al cesionario el precio que pagó, las costas que se le hubiesen ocasionado y los intereses del precio desde el día en que éste fue satisfecho. Se tendrá por litigioso un crédito desde que se conteste a la demanda relativa al mismo. El deudor podrá usar de su derecho dentro de nueve días, contados desde que el cesionario le reclame el pago».
El Santander, para hacerse con el Popular, obligó a Europa a incumplir la ley
