Desde el mes de octubre de 2.017 Diario16 lleva informando de que la comunicación con la que se inició todo el proceso de intervención del Banco Popular y su posterior venta por un euro al Banco de Santander era «presuntamente» falsa y que, por esta razón, todo el proceso posterior no es válido porque parte de una presunta falsificación.
En el artículo publicado el lunes, mostrábamos las firmas de Emilio Saracho y anunciábamos que quien signó ese documento fue el secretario del Consejo de Administración, Joaquín Hervada y comparábamos la firma de éste con la que aparecía en la carta en la que se comunicaba al MUR la inviabilidad del Banco Popular. No coincidían y, por lo tanto, se produjo una presunta falsificación de la firma de Emilio Saracho que, además, no se encontraba presente porque abandonó la sala de la reunión del Consejo una vez que terminó su intervención.
Esta información y las pruebas documentales publicadas por Diario16 han provocado que un despacho de abogados de Barcelona haya solicitado a la Audiencia Nacional que se realice una prueba pericial de las firmas para determinar su veracidad o si, realmente, se produjo una falsificación. En concreto, en el escrito remitido a la Audiencia se afirma lo siguiente: «el periódico digital Diario 16 viene publicando numerosos artículos acerca de la intervención de Banco Popular S.A. y su posterior venta a Banco Santander por 1€ […] Atendiendo a la manifiesta disparidad de firmas entre la que figura estampada en la carta de 6/06/17 y la que figura en otros documentos públicos, interesamos que por el Juzgado se designe un perito calígrafo para que, previo cotejo de la firma y cuerpo de escritura de don Emilio Saracho, se emita dictamen acerca de la misma. Suplico al Juzgado que admita el presente escrito y acuerde designar perito calígrafo para que, previo cotejo de la firma y cuerpo de escritura de don Emilio Saracho, emita dictamen acerca de su supuesta falsificación».
Por otro lado, Emilio Saracho, de cara a las declaraciones judiciales que tendrá realizar en un breve plazo de tiempo, ya se está moviendo y, tal y como ha informado el diario económico digital El Economista, ha transferido la propiedad de su vivienda en el barrio de La Florida de Madrid a su esposa, una propiedad que tenía en régimen de gananciales. Este movimiento para reducir su patrimonio es un claro ejemplo de cómo el ex presidente del Banco Popular quiere presentarse sin apenas patrimonio de cara a posibles condenas en base a las querellas interpuestas contra él.
