La senadora Maribel Mora, de Podemos, y representantes sindicales de la Confederación General del Trabajo (CGT) han denunciado la pérdida de derechos que viene sufriendo la ciudadanía española con la implantación de la Administración Electrónica y la amortización de puestos de trabajo, lo cual redunda en peores condiciones del servicio, de la Seguridad Social en concreto. A fin de conocer la valoración del Gobierno de M. Rajoy, la senadora Mora había registrado una serie de preguntas para el secretario de Estado, Tomás Burgos.
La senadora de la formación morada ha cuestionado al secretario de Estado sobre la falta de atención a las personas más débiles en el sentido digital y de pobreza. El 42% de la población tiene algún tipo de dificultad para manejarse “realmente” con las páginas web a las que derivan cuasi obligatoriamente. A ello hay que añadir que en las propias oficinas donde hay que solicitar ayudas o las propias pensiones de los ciudadanos, no tienen personal para enseñarles a utilizar el elemento digital. La amortización de puestos de trabajo tampoco ayuda, recuerda Mora, a que esas dificultades, ese “analfabetismo digital”, sean superadas mediante una ayuda supletoria.
Para Mora el secretario de Estado no está “teniendo en cuenta a mucha gente. Están creando una mayor vulnerabilidad en personas que están muy necesitadas, lo que supone una falta de conocimiento absoluto de lo que está pasando en la gestión de su ministerio a pie de calle”. Imagínense por un momento a una familia de una barriada deprimida, con extrema pobreza como Los Pajaritos en Sevilla, a la que le piden que para conseguir una prestación o un certificado, que ayudaría a sus hijos a comer, tiene que irse a casa al ordenador para pedirla. Cuando si una vez hubo ordenador en esa casa se vendió para comer, y esto con suerte. O ese jubilado, que se ha pasado toda su vida en el campo, y que ahora le piden que su certificado de pensión debe sacarlo con un smartphone, que no sabe ni lo que es. Y las cosas no llegan a más porque aún quedan funcionarios que entiende su puesto de trabajo como un servicio a la ciudadanía y acaban echándoles una mano. Pero si en esa oficina no hay nadie con ese ánimo, esas personas pierden derechos y oportunidades.
Como afirman los portavoces de CGT, al final lo que provoca todo esto, es una pérdida de derechos de la ciudadanía. Porque es el Estado quien tiene la obligación de atender de forma correcta a “toda” la población que se encuentra bajo su jurisdicción, no es el ciudadano quien debe “buscarse la vida” por un derecho que tiene, que es constitucionalmente suyo, ahora que los dirigentes de la derecha española tanto hablan de ello para otras cuestiones más nimias.
Y lo curioso es que como quedó claro en la comisión senatorial es que el secretario de Estado no sabía nada. Aunque Maribel Mora se lo aclaró con datos y ejemplos. Porque no sabía que no se daban informes en manos a las personas o no había nadie para dar un certificado a una familia pobre para que le permitiesen acudir a un comedor social. Pero como dice Mora, lo peor es que “no asume el secretario de Estado que esa realidad esté pasando”. La conclusión de la senadora es que “falta mucho por hacer, se está dejando a mucha gente atrás, y lo que deberían hacer los altos cargos de este ministerio y la propia ministra es ir y averiguar a las zonas donde hay más necesidades cómo se está aplicando en la práctica y qué consecuencias está teniendo”.
Destruir el Estado, quitar servicios, enriquecer a unos pocos.
Esta actuación del Estado, de la Administración general del Estado, impulsa la exclusión, aún más, de millones de personas que carecen de medios físicos e intelectuales. Un Estado excluyente y que se refugia en los nuevos avances para recortar derechos y empleo. Porque los datos son concluyentes respecto a la amortización de los puestos de trabajo. Una amortización que, como denuncian desde la CGT, se lleva produciendo desde finales del Gobierno de Felipe González en la Seguridad Social. Bajas tasas de reposición que, gracias a la “modernización de la Administración”, esto es, poner ordenadores según el pensamiento del Gobierno, redundan en un peor servicio hacia la ciudadanía. Sí ciudadanía y no clientela como gusta decir, en privado y en informes, al señor Burgos y demás altos funcionarios del ministerio.
Hay que tener en cuenta que un 83% de los trabajadores de la Seguridad Social superan los 55 años y que en la Administración General del Estado un 61% tiene más de 55 años. Estos son vistos como puestos amortizables a una década vista en gran parte mediante la Administración Electrónica. Pero como denuncia CGT, se amortizan cada vez más puestos pero las prestaciones no han disminuido, ni los expedientes a tramitar, sino que se han ampliado aún más en la parte referente a las competencias estatales. Así que ello genera retrasos en la tramitación de expedientes, algo fundamental para cobrar prestaciones o pensiones. Y la solución que han encontrado en el ministerio no es utilizar la Tasa de reposición, sino enviar los expedientes del ministerio en Madrid a las diferentes delegaciones provinciales, las cuales ya tienen los suyos propios.
Otra consecuencia de todo esto es que se quitan funcionarios, se cierran oficinas (CAI) y se incrementa el negocio de las Gestorías. Porque a las gestorías, con quienes se llega a un acuerdo para facilitarles firma electrónica y acceso a trámites, cobran pequeñas cantidades por certificados o impresos que deberían ser suministrados por las oficinas ministeriales. A la vez que se imposibilita al ciudadano acceder a derechos, se incrementa la cuenta de resultados de empresas privadas. Un negocio digno del neoliberalismo actual que busca esquilmar al Estado y los ciudadanos de sus recursos. Economía social lo llaman, cuando más parece saqueo social.
