España, mejor dicho, el Gobierno de M. Rajoy ha vuelto a suspender en un informe de la Organización de Naciones Unidas. En esta ocasión ha sido el Comité para los derechos del niño (Committee on the Rights of Child). Nuestro país, en lo relativo a defender a los niños y niñas de la pobreza o de la discriminación, se sitúa a la altura de Rumanía o Bulgaria. Que como todos conocen son modelos de bienestar. No será de extrañar pues que alguien como Rafael Hernando se atreva a decir que el modelo de bienestar de la socialdemocracia nórdica está desfasado, que lo normal es lo que hace la derecha. Pues bien, habría que si se acercasen a la derecha alemana, por ejemplo, les iría mejor a las niñas y niños españoles.
En el Punto A.8 del informe del Committee on the Rights of Child (CRC) afirma que las inversiones en políticas de infancia del Gobierno del PP han sido completamente inadecuadas e insuficientes para evitar el impacto negativo de la crisis económica. En el subapartado a) del citado punto, el CRC resalta que los recortes en inversión pública, esos que se han producido para salvar a la banca con 60.000 millones, han impactado de forma especialmente virulenta en la población infantil en situaciones especialmente marginales, especialmente en las áreas de educación, salud, vivienda y protección social. Además, se suma que no existe algún análisis presupuestario (tanto a nivel estatal como en algunas comunidades autónomas) para la “correcta identificación, rastreo y protección de recursos para la implementación de los derechos del niño”.
El informe remarca que existe de facto una discriminación a los niños y niñas que se encuentran en situación de discapacidad, por el origen nacional y el estatus socioeconómico (Punto C.15). Recuerdan, entre otras muchas faltas del Gobierno, que los niños que han perdido a su familia o se les ha separado de ella, carecen de un entorno familiar con diligencia. También son frecuentes los retrasos de guarda y custodia (en ciertas circunstancias) por parte del Estado, y las malas condiciones y sobrepoblación en los centros de acogida. A lo que hay que sumar algunos casos de malos tratos o trato degradante en algunos de esos centros de acogida. Y, respecto a la educación, dejan claro que ni el gobierno, ni algunas CCAA dedican esfuerzos a integrar a los niños y niñas con diversidad funcional, o de otros países, o de otras razas (incluida la población gitana). O la discriminación sistémica por los costes de libros de texto y derivados educativos. Lo que se dice un marco de dejadez y abandono completo de niños y niñas. Que es tan sólo achacable al Gobierno de M. Rajoy.
No es de extrañar que la senadora Maribel Mora, siempre tan preocupada por los Derechos Humanos, de mayores o infantes, haya decidido inquirir al Gobierno sobre este informe y esas carencias tan graves que denuncian. Si 1 de cada 3 niños y niñas viven en España por debajo del umbral de la pobreza, si los recursos son insuficientes como denuncian las instituciones supraestatales, si aumenta el abandono escolar, si la discriminación de diversos grupos persiste, ¿qué piensa hacer el Gobierno?
La senadora de Podemos ha lanzado al Gobierno una batería de preguntas que afrontan gran parte de los problemas desarrollados. “¿Qué piensa hacer el Gobierno con las altas tasas de abandono escolar?”; “¿Cómo piensa garantizar que el coste de algunos ítems no considerados como exclusivamente educativos, el comedor, extraescolares, ocio educativo, transporte escolar se cubran para todos los niños y niñas de las familias? ¿En qué plazos?”; “¿Cómo piensa llevar a efecto la observación de mejora en la inversión, en qué conceptos, y en qué plazos?”.
“¿Cómo se prevé poner a disposición de las familias con infancia en riesgo de pobreza y exclusión, procedimientos más sencillos para las ayudas? Y en concreto a colectivos que pueden tener mayores dificultades, como familias migrantes con poco conocimiento de la lengua o aquellas con menor formación para hacer frente a los formularios administrativos, muchos de ellos online” (algo que ya fue denunciado en estas mismas páginas); “¿Cómo piensa el Gobierno prevenir y combatir la discriminación de colectivos como los niños con discapacidad, minorías étnicas (incluidos los gitanos), de origen extranjero, o niños refugiados o solicitantes de asilo, mediante la aplicación estricta de la ley, y campaña públicas y educativas para luchar contra la estigmatización de estos colectivos?”.
Para finalizar la senador Mora pregunta sobre cuestiones importantes y técnicas: “¿Qué medidas piensa adoptar para dotar de mayor transparencia en los presupuestos en el uso de los recursos dedicados a la infancia?, ¿y en la protección específica de las partidas presupuestarias destinadas a los colectivos de niños con discapacidad o en situación de pobreza?”. Aquí la respuesta podría ser sonrojante pero sencilla, no habrá presupuestos. Pero este Gobierno con casos de corrupción hasta las orejas tiene cara para eso y mucho más, sólo hay que escuchar todos los días a su portavoz parlamentario. Y, por último, la senadora de la formación morada ha preguntado por lo obvio: “¿Qué valoración hace el Gobierno ante este resultado en el análisis del Comité?”. Adelantamos que dirán “manzanas vendo”.
