La equiparación real que exigen policías y guardias civiles para lograr la igualdad salarial con las policías autonómicas trae de cabeza al gobierno de Mariano Rajoy. Tras intensos meses de negociaciones entre asociaciones y sindicatos representativos con el Ejecutivo, -excluyendo de la mesa técnica a asociaciones no representativas como Jusapol y ARP-,  continúan sin llegar a un acuerdo ambas partes en las cifras económicas. En una última propuesta a la «desesperada» del ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, que realmente no alcanza esta equiparación cifrada en 1.500 millones de euros, sino que resulta una subida salarial encubierta, los sindicatos y asociaciones representativos se ven «forzados» a someter a votación esta oferta del Gobierno al ser muy inferior a la equiparación. El SÍ o el NO en estas votaciones es clave en los próximos días para re-definir este conflicto. Sin embargo, Jusapol y ARP se mantienen firmes en el «NO al Gobierno», además de «elevar» esta Equiparación a una cuestión de Estado para Rajoy, pues el Ejecutivo depende de ello para la aprobación de los Presupuestos Generales. La equiparación se convierte en la llave para los presupuestos al negar su respaldo desde la oposición el líder de Ciudadanos, Rivera, que se posiciona contra el presidente Rajoy, sí éste no cede ante la equiparación real para los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. Además, Jusapol ha presentado una iniciativa legislativa ante el Congreso que cuenta con el visto bueno de la oposición para desbloquear este conflcito y pone en jaque a Rajoy ante la Cámara.

Durante los días 5 al 7 de marzo las votaciones de los afiliados a los sindicatos de policías nacionales y de las asociaciones de guardias civiles vía telemática defienen la aprobación o rechazo a la propuesta del Gobierno cifrada en 1.201 millones de euros proyectados hacia el periodo 2018-2020 con una mejora de 561 euros brutos al mes para policías y 720 euros más al mes para guardias civiles, según informan los colectivos que participan en la mesa técnica con Interior. Esta propuesta  de Zoido tiene carácter retroactivo a enero de 2018 con la intención de destinar 500 millones de euros en el año en curso, además del compromiso de una auditoría externa para revisar las cifras de la equiparación. También existe la promesa de Interior para sacar adelante una Ley que impida la desigualdad salarial entre Cuerpos de Seguridad. El sistema técnico para las votaciones ha presentado fallos según han indicado algunos afiliados en Twitter, lo que ha encendido una oleada de críticas en redes sociales sobre el método de voto utilizado por los sindicatos y asociaciones representativos.

Sin embargo, esta oferta desde Interior «no acaba de convencer del todo» a asociaciones y sindicatos representativos, -según apuntan fuentes consultadas-,  aunque prefieren acudir a la votación decisiva de los afiliados, y en función de los resultados de esta consulta, dar respuesta al Gobierno. Por su parte, Jusapol y ARP declinan la propuesta de Interior, y su intención es «llegar hasta el final en esta reivindicación para logar esta equiparación real solicitada a los diferentes gobiernos desde hace treinta años».

El abogado y portavoz de Jusapol, Antonio Vázquez, explica que «estas votaciones a propuesta de los sindicatos y asociaciones para que sus afiliados decidan es una deslegitimación de la votación en sí misma, aunque es evidente que desde el punto de vista legal se prede hacer , pero no es vinculante el resultado que publiquen estos colectivos». Vázquez insiste en que «los sindicatos y asociaciones policiales tienen un mandato representaivo, por tanto no es necesario acudir a estas votaciones para trasladar la posición a sus afiliados, ni tampoco veo la necesidad de firmar un acuerdo con el ministro ya que el propio Gobierno de Rajoy ha reconocido la desigualdad salarial que existe entre policías».

Este letrado argumenta «una falta de diálogo», además del conflicto con las partidas presupuestarias para el complemento de productividad que representa un fraude a la equiparación al no ser destinados todos los fondos a complemento general para que todos los policías y guardias civiles accedan por igual a la equiparación. Vázquez asegura que «el documento del Gobierno es una trampa, pues todo acuerdo implica una transacción y no un regalo del Gobierno, por ello nos preguntamos qué pide a cambio a los sindicatos. No hay ningún acuerdo con el Gobierno sino un compromiso del Ejecutivo después de décadas de reivindicación, y reconocido en las cuentas en noviembre que aceptó en principio aprobar 1.500 millones de euros para la equiparación»

«Las negociaciones del Gobierno suponen una tomadura de pelo, al reconocer una subida de 40 euros mensuales en las nóminas, por ello se ha rechazado el documento ofertado en la mesa técnica porque no es equiparación. Además, la sociedad ha cambiado y está en otra posición, el Gobierno no aguanta y las elecciones generales están al llegar queramos o no…como Andalucía que trata de adelantar sus comicios…Entonces empezaríamos otro debate político con un nuevo gobierno, cuando la equiparación no es un debate político. Realmente. habría que subir 250 euros lineales a complemente general, pero si los sindicatos están en el juego de parar el golpe al Gobierno por  la situación de crisis que tiene…Sí el ministro Zoido quiere dar 500 millones, pues que los aporte…aunque ésto parece un juego de trileros«, expone el letrado de Jusapol.

«Desde el 20 de noviembre que tuvieron las cifras de 1.500 millones para la equiparación, no se entiende por qué no se aprobó esta cifra para los Presupuestos, incluso trataron de disuadirnos para no hacer manifestaciones desde Jusapol, pero nunca los hicimos caso...Jusapol supone un antes y un después en las negociaciones por la equiparación, y un fenómeno social«, aclara Vázquez, y pregunta «¿dónde estaban los sindicatos y asociaciones en septiembre cuando había que presentar las propuestas para que la equiparación fuera incluída en los Presupuestos?. Es obvio que los afiliados a sindicatos y asociaciones votan la propuesta de Zoido con un censo regulado, nadie discute eso, pero no es una consulta a las bases ni a las FCSE, es una consulta a la organizaciones pero no tiene valor vinculante…El voto es muy serio como para votar…la consulta sindical es legal pero no legitima, y los sindicatos no tienen mandato imperativo sino representativo, pero no hay estudios, ni debates, ni listas para votar…¿y si deciden abiertamente la posición del Gobierno o enfrentamos las dos posiciones en una consulta?».

«Este gobierno reconoce la desigualdad, y se han firmado 7 documentos de equiparación entre  1992, 2005 y 2010, pero ni el PP ni el PSOE han cumplido con los acuerdos», argumenta el abogado de Jusapol que sostiene «son 1.500 millones de euros mas o menos según hemos evaluado, hay que perfilar para saber la plantilla de los próximos tres años, 14 pagas, subida lineal de 250 euros al año, por ello, requerimos a  tres catedraticos de economia aplicada para que determimen la diferencia salarial, pero el Ejecutivo no lo ha concedido, ni tampoco firma una ley que equilibre y que establezca mínimos y máximos para que no haya mas desigualdad, elaborar una ley de retribución».

Antonio Vázquez califica de «torpeza política las declaraciones públicas del Secretario de Estado de Seguridad, José Antonio Nieto, en relación a aprobar 1.200 millones de euros para repartir en tres años cuando no tiene garantías de estar en el gobierno el año que viene».
«En la Junta Electoral Central los fedatarios han presentado para el parlamento una iniciativa legislativa para la equiparación, la mesa tiene que autorizar esta iniciativa a trámite, pero es posible que el Gobierno la vete en la mesa, todos los partidos políticos nos apoyan menos el PP«, anuncia Antonio Vázquez que dice «esta iniciativa legislativa es para que no haya una carrera de discrepancias económicas entre las policías autonómicas, -ronda una diferencia sobre los 700 euros mensuales en nómina-, pero si Zoido tiene a la Intervención General  del Estado que paga a los funcionarios es imposible que no le expliquen al ministro lo que se puede gastar para la equiparación, pero parece que el Gobierno no quiere oír a la Intervención General cuando son los mejores funcionarios del mundo que estudian exactamente la diferencia salarial, …tenemos los peores políticos que juegan con nosotros en una sociedad en la que hemos aguantado tormentas, sobresueldos, a la gente no se le puede mentir…».

«El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, tiene un peso muy importante y fundamental en este proceso así como su portavoz de Interior, al igual que agradecemos la disponibilidad de José Antonio del Grupo Podemos que siempre nos ha recibido, el respaldo del senador del PSOE, Francisco Camaño, personas de alto valor como Miguel Ángel de Ciudadanos, la eurodiputada Beatriz  Becerra con una iniciativa en el parlamento, el Grupo VOX con Cristiano Brown,… el Gobierno tendrá el reproche del parlamento porque hay una nueva política, y Jusapol  ha cambiado el paradigma las politica y es gracias al apoyo de todos los ciudadanos», subraya Vázquez que recuerda la reciente sentencia del Tribunal Constitucional anulando un Real Decreto aprobado por el Gobierno de Mariano Rajoy, que «regalaba  1.350 millones  en concepto de indemnización a una empresa privada en el caso Castor, pero que ahora tendrá que devolver. El Gobierno sí tenía dinero público para esta abonar a este empresa pero no para la equiparación «.

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