Más allá de que pueda parecer que se trata de una nueva maniobra para retrasar los plazos para que los afectados del Popular cobren un justiprecio por las acciones y bonos que la resolución de la entidad dejó sin valor, la petición de la Fiscalía de la Audiencia Nacional de que el Caso Banco Popular sea declarado como «causa compleja» es una buena noticia para las 305.000 familias arruinadas por la operación de rescate al Santander, dado que, de no darle tal categoría, todas las causas penales y los recursos administrativos que se encuentran en la Audiencia Nacional podrían terminar archivándose de cumplirse con el plazo máximo de instrucción de 6 meses que determina la Ley de Enjuiciamiento Criminal. La petición de la Fiscalía se fundamenta en lo dispuesto en el artículo Artículo 324 de la Lecrim, reformado en el año 2015, que establece en seis meses el plazo de duración ordinaria de la instrucción penal, pero que puede prolongarse a los dieciocho meses si la instrucción es declarada compleja, y prorrogarse por otros dieciocho meses más, haciendo un total de treinta y seis meses (3 años): «Si la instrucción es declarada compleja el plazo de duración de la instrucción será de dieciocho meses, que el instructor de la causa podrá prorrogar por igual plazo o uno inferior a instancia del Ministerio Fiscal y previa audiencia de las partes».
Por mucho que desde el aparato mediático al servicio del Santander se haya querido plantear esta actuación de la Fiscalía para desanimar a los afectados para que interpongan sus demandas, querellas, denuncias o recursos, la realidad es que esos 12 meses más de instrucción lo que van a permitir al juez Fernando Andreu es tener tiempo suficiente para instruir de manera correcta todas las actuaciones de los 305.000 arruinados, es decir, tiempo para analizar la documentación a medida que vaya llegando, realizar las comparecencias contra todos aquellos encausados que crea necesario, principalmente los responsables del Santander o de la operación, ordenar registros a las sedes o a los domicilios sociales de aquellos que se nieguen a entrar documentos relevantes, algo que está ya ocurriendo en los Juzgados de Primera Instancia, tal y como informamos en Diario16. Además, demuestra la seriedad y gravedad de la investigación.
Teniendo en cuenta el volumen de las causas que ya están presentadas en el Juzgado Central número 4 de la Audiencia Nacional y el elevado número que quedan por presentar, sobre todo las que se van a dirigir contra el Santander —cada vez es mayor el número de bufetes de abogados que han entendido que la única vía para recuperar el dinero de sus clientes es la penal contra el banco cántabro—, la decisión de la Fiscalía de solicitar que el Caso Banco Popular sea «causa compleja» demuestra que la Justicia va en serio, aunque vaya muy lenta. Es normal que los afectados quieran una solución rápida, pero deben tener en cuenta que cuando se va contra un gigante como el Banco Santander, el único que tiene capacidad —o no— de hacer frente a las indemnizaciones o a pagar un justiprecio por las acciones y los bonos de los afectados, los procesos se alargan salvo que haya una sentencia o se cree una jurisprudencia como la de las cláusulas suelo. Esta necesidad de una mayor premura se justifica en que esas 305.000 familias fueron arruinadas para rescatar al Santander y los movimientos que permitieron que fuera así deben ser analizados e instruidos con mucho detenimiento por la Justicia.
Evidentemente, los afectados tienen diferentes vías para reclamar un justiprecio por lo que se les arrebató la madrugada del 6 al 7 de junio. Por un lado, tenemos la civil a través de un largo proceso que comienza en los tribunales de primera instancia y puede llegar, a través de diferentes recursos, hasta la el TJUE. También tenemos la vía mercantil a través de la petición del concurso necesario, algo que paralizaría la operación. Luego está el recurso contencioso-administrativo que actualmente se halla paralizado en espera de que los tribunales europeos resuelvan. Sin embargo, según fuentes jurídicas consultadas por Diario16, la vía más rápida y efectiva, aunque pudiera parecer lo contrario, es la penal porque, además de que esos procedimientos en ningún caso se verán paralizados por la instrucción penal, que investiga posibles delitos societarios, la documentación presentada, publicada y por publicar por Diario16 demuestra a la perfección cómo hubo un presunto enriquecimiento ilícito del Santander. La vía penal, además, podría provocar que la entidad cántabra se plegara a la solución extrajudicial a la que le ha instado, incluso, el Defensor del Pueblo y, de este modo, lograr ese justiprecio para todos los afectados. Además, la vía penal es la única que podría paralizar la operación si el peritaje solicitado por un bufete de abogados de Barcelona a la Audiencia Nacional determinara que el documento con el que se inició la intervención del Popular se hizo a través de una presunta falsificación de la firma de Emilio Saracho.
Hubiera sido un error que, por la premura, se hubiesen archivado las causas o se hubiesen instruido de mala manera. Tal vez, el Santander hubiera preferido esto, pero hubiera sido, nuevamente, protagonista de un nuevo escándalo judicial y la Justicia española no está para mas escándalos.
