Aún con el dolor y la rabia por el asesinato del niño Gabriel Cruz, en España estamos asistiendo a un grave caso de populismo punitivo por parte de la derecha (Partido Popular y Ciudadanos) en lo relacionado con la ampliación de los casos a los que aplicar la cadena perpetua que impuso el PP con su mayoría absoluta en el año 2.015. Decimos cadena perpetua porque es lo que es por más que se le quiera denominar con el eufemismo de «prisión permanente revisable».
Es realmente bochornoso cómo la derecha española, tanto el Partido Popular como Ciudadanos, se quieren aprovechar del dolor de las víctimas para implementar en España una normativa penal que es antitética con el espíritu democrático y con la propia Constitución. Son precisamente los partidos a los que se les llena la boca con el respeto a la Carta Magna cuando se entra en el terreno del nacionalismo más rancio pero que no les tiembla el pulso a la hora de legislar o intentar legislar de espaldas a aquélla por un concepto ideológico de lo que deben ser las condenas en un país democrático.
Ciudadanos no tiene un bagaje aún de aprovechamiento del dolor de las víctimas porque llevan poco tiempo en el ruedo político, pero han aprendido bien de sus modelos y no han desaprovechado la oportunidad que se les ha presentado con el asesinato de Gabriel Cruz para ponerlo como justificante del incremento de los casos para aplicar la prisión permanente revisable. El Partido Popular ya tiene un largo bagaje a la hora de aprovecharse de las víctimas de hechos trágicos para sacar rédito electoral. Durante años lo vimos con las víctimas del terrorismo de ETA, llegando, incluso, ha hacer una catalogación de la dignidad de aquéllas en base a si apoyaban o no a los postulados del PP. Hay quien ha llegado a hacer del dolor por el asesinato de un familiar su modo de vida o de medrar en política.
La utilización del dolor de los familiares de las víctimas para aplicar la cadena perpetua en España no es otra que populismo punitivo. Cuando asesinan a un niño o a una niña, cuando asesinan a una mujer en los casos de terrorismo machista, cuando violan en manada a una joven, las tripas piden el máximo castigo para los criminales que cometen estas atrocidades. Incluso se puede llegar a aceptar el deseo de venganza de los familiares de las víctimas. Sin embargo, lo que dicen las tripas no puede aplicarse en política ni, mucho menos, en la acción de gobierno porque es inasumible que en un Estado de Derecho se legisle en caliente. Más bien va en contra de cualquier principio democrático.
No derogar la cadena perpetua, la denominada eufemísticamente «prisión permanente revisable» va en contra de la Constitución, pero, en un momento político como el actual, la derecha quiere aprovecharse de la rabia de la ciudadanía para imponer una reforma del Código Penal más propia de una ideología «neo-aznarista» que de unos partidos que dicen y presumen de respetar la Constitución. Diferentes dirigentes del Partido Popular han llegado a decir que se trata de una demanda de la ciudadanía. Esto es falso. Habrá quien sí esté de acuerdo con un cambio del espíritu penitenciario español que se basa en la reinserción y no en el castigo puro, tal y como ocurre en países como Estados Unidos. No obstante, apoderarse de las demandas de una minoría para endurecer las penas es un camino muy peligroso porque es la antesala de la petición de la pena de muerte. ¿Qué separa de solicitar la cadena perpetua a pedir que se vuelva a aplicar la pena capital en España? La línea es muy fina. Sin embargo, habrá una minoría que lo aplauda.
Hay que recordar que la cadena perpetua fue derogada en España en la dictadura, pero no en la de Franco, sino en la de Primo Rivera, a pesar de que se mantuvo la pena de muerte. ¿Tienen que ser Rajoy y Rivera, casi un siglo después, los que la vuelvan a incluir en nuestro Código Penal?
Es perfectamente comprensible que los padres de Marta del Castillo, de Jeremi Vargas, de Diana Quer, de Sandra Palo o la madre de Ruth y José Bretón soliciten a los políticos que se aplique la cadena perpetua. Es perfectamente asumible su deseo de venganza. Sin embargo, lo que es absolutamente bochornoso es que la derecha española se aproveche de ellos y utilice la memoria de quienes fueron asesinados de una manera cruel para conseguir réditos electorales.
El ejemplo más claro de esta obscenidad y de esta falta de escrúpulos la vimos en la capilla ardiente de Gabriel Cruz, donde Rafael Hernando se atrevió a hacer proselitismo de la cadena perpetua atacando a los partidos que se oponen, donde Juan Ignacio Zoido, ministro del Interior, recibió el pésame de los asistentes como si fuera un familiar más y, por supuesto, la manipulación informativa de los medios controlados por el Gobierno del Partido Popular mostrando largos primeros planos de Juan Manuel Moreno Bonilla, Gabriel Amat o Andrés García Lorca, por citar algunos, en vez de sacar planos generales del pueblo que había acudido allí a presentar sus respetos al niño asesinado. Mucho tienen que aprender de la dignidad que ha demostrado la madre de Gabriel quien en medio del dolor ha pedido paz y no crispación.
España es uno de los países con menores índices de criminalidad de Europa, algo que debemos agradecer a todas las Fuerzas de Seguridad del Estado, las nacionales, las autonómicos y las locales, no a un endurecimiento de penas. Un país como Estados Unidos tiene unos índices de criminalidad que triplican a los españoles con un código penal basado en el castigo y no en la reinserción, incluso aplicando la pena de muerte. Hay que tener en cuenta que cuando alguien asesina a un ser humano no piensa en si le van a caer varios años de cárcel, una cadena perpetua o si va a ser ejecutado.
Es intolerable que la derecha de este país utilice el endurecimiento de penas como arma electoral y aumente la presión mediática precisamente cuando se ha producido un hecho tan trágico como el asesinato de un niño. Cuando no hay escrúpulos no se puede esperar otra cosa.
