El vicesecretario general y portavoz del PSRM-PSOE, Francisco Lucas, ha asegurado que la ciudadanía de la Región de Murcia “sigue pagando las consecuencias de los desmanes megalómanos del PP y de Valcárcel”.
“Sin ir más lejos, este año tendremos que pagar a las empresas del grupo ACS más de 17 millones de euros por la construcción y mantenimiento de la desaladora de Escombreras, como consecuencia de que en su día se firmó un contrato leonino que costará a la Comunidad Autónoma más de 600 millones de euros”, ha señalado.
Según Lucas, la desaladora de Escombreras fue el proyecto estrella de Valcárcel para apoyar su modelo de crecimiento basado en la especulación con el suelo y la construcción, lo que ha traído a la Región innumerables casos de corrupción urbanística y el desprestigio de sus instituciones.
“Para recalificar más de 180 millones de metros cuadrados de suelo, Valcárcel montó un entramado empresarial público-privado para contratar al grupo ACS, eludiendo la legislación sobre contratación de las administraciones públicas”, ha indicado.
El portavoz socialista ha recordado que todos los comparecientes en la comisión de investigación de la Asamblea Regional que investigó durante meses la trama de la desaladora de Escombreras apuntaron a Valcárcel y Cerdá como los grandes muñidores de esta operación, que utilizó recursos públicos con la intención aparente de favorecer intereses privados.
“El Gobierno de López Miras continúa impasible ante uno de los mayores escándalos de las últimas décadas, lo que le hace cómplice de la situación”, ha denunciado.
“Lejos de atender las recomendaciones que realizó la comisión de la Asamblea para llegar a un acuerdo razonable con el grupo ACS, o denunciar ante los tribunales un contrato que se ha demostrado que es muy perjudicial para la Comunidad Autónoma, el Gobierno regional ha decidido seguir protegiendo a Valcárcel y a Cerdá a costa de seguir pagando un elevado coste por el alquiler y mantenimiento de la desaladora”, ha añadido.
Finalmente, Lucas ha remarcado que también el Tribunal de Cuentas y el interventor general de la Comunidad Autónoma han reclamado en reiteradas ocasiones al Gobierno regional que adopte medidas para acabar con esta situación injustificable.
