Izquierda Unida, a través de su coordinador federal, Alberto Garzón, y de su diputado andaluz Miguel Ángel Bustamante, ha puesto en marcha esta mañana en el Congreso una completa batería de iniciativas dirigidas al Gobierno de M. Rajoy para que se pronuncie en determinados temas de su competencia relativos a los/as miembros de la familia real y a la monarquía. Una batería de preguntas que acabarán, como suele suceder con los gobiernos de la derecha patria, en el limbo de las respuestas. Bien por negarse a responder o por el veto que puede imponer el gobierno, las preguntas relacionadas con la casa real suelen tener un corto vuelo, salvo que sea para vanagloriar a Felipe de Borbón, obviamente.
Así lo han reconocido los dos diputados de IU que, tras denunciar el “veto continuo” que la Mesa del Congreso impone (con el respaldo del PP, PSOE y Ciudadanos) a cualquier tema polémico sobre la casa real cada vez que lo plantea IU, han calificado este hecho que se arrastra desde hace años de “opacidad” e “inadmisible silencio” y coincidieron en rechazar de forma tajante que “los representantes de los ciudadanos no podamos saber qué hace la casa real en determinados ámbitos que nos afectan a todos y todas”. Intentarlo de nuevo está relacionado con la proximidad de la fecha del 14 de Abril, conmemoración del aniversario de la II República. Bustamante aprovechó sus explicaciones para hacer un llamamiento a “apoyar el movimiento republicano y el proceso constituyente” en las movilizaciones en este sentido convocadas para el próximo fin de semana en todo el Estado.
Tampoco hacen preguntas escandalosas los diputados de la formación de izquierdas, son más bien preguntas que cualquier ciudadano, que no se encuentre bajo el ensimismamiento del establishment o de la ideología monárquica, se hacen cualquier día de la semana. Como pueden ver en las galerías de imágenes, la primera pregunta se dirige a solicitar un razonamiento sobre un principio democrático “¿Considera el Gobierno que la Monarquía es compatible con el principio constitucional de igualdad de toda la ciudadanía ante la ley?”. Porque como saben hay miembros de la familia real, no se sabe muy bien por qué motivo (no lo han explicado), que son inimputables. La segunda tampoco parece que sea sumamente ofensiva para no responder: “¿Considera el Gobierno que es una posición radical pedir que ciudadanía española pueda decidir entre República y Monarquía?”. A lo que se suma una especie de corolario: “¿Ha valorado el Gobierno la posibilidad de convocar un referéndum para que la ciudadanía pueda elegir entre República y Monarquía?”.
La siguiente pregunta, se relaciona también con la igualdad de todos ante la ley, especialmente frente a la Hacienda pública: “¿Piensa exigir el Gobierno responsabilidades al rey emérito Juan Carlos I por contar con una cuenta en Suiza, al parecer, herencia de su padre?”. Todo ello cuando en el extranjero se publica sin problemas que Juan Carlos de Borbón tiene una fortuna valorada en más de 1.800 millones de euros. Parece que el tener el título de majestad concede privilegios frente al resto de ciudadanos y, por ello es lógica, la pregunta de IU. Curioso cuando menos, ya que el abuelo del actual monarca se lamentaba, como han recogido diversas publicaciones y libros, que no tenía dinero durante sus años de Estoril, Alfonso Ussía dixti. Lo que enlaza sobre las sospechas de la fortuna adquirida, sin más ingresos que los que vienen en los Presupuestos Generales del Estado, ya que el monarca no puede hacer negocios, o no debe porque son constantes los rumores de comisiones sobre contratos conseguidos para empresas españolas: “¿Considera el Gobierno necesario investigar el patrimonio de la Familia Real?”. “La Casa Real jamás documentó las justificaciones que ofreció ni el caso fue investigado”, recuerda Bustamante en su texto.
Las siguientes preguntas también son ya un clásico de las preguntas parlamentarias y senatoriales de la izquierda española, bueno el PSOE pese a su herencia republicana no pregunta por estas cosas. “¿Cuáles son los motivos por los que el CIS ha dejado de realizar encuestas sobre la monarquía española?”; “¿Está preocupado el Gobierno por la opinión que sobre la corona pueda tener la sociedad española?”; “¿Va a seguir el CIS ocultando la opinión de la ciudadanía sobre la monarquía?”. Tampoco parece ofensiva la pregunta sobre principios y los Derechos Humanos, por ello, instan al gobierno a que diga si “¿Considera el Gobierno que la monarquía es compatible con la declaración universal de derechos humanos que establece que todas las personas son iguales al nacer?”.
Venta de armas a Arabia Saudí con Felipe de Borbón como intermediario.
La siguiente pregunta nos lleva a un punto de la actualidad armamentística española, en vista de la reunión, que se debe haber mantenido esta mañana según fuentes de Moncloa, entre M. Rajoy, Felipe de Borbón y Mohamed Bin Salman, príncipe de Arabia Saudí, o con alguno de sus emisarios, para la compra de numerosas fragatas que se construirán en San Fernando (Cádiz): “¿Va a exportar España material militar a Arabia Saudí?”. A esto les podemos responder nosotros, diciendo claramente que sí, porque ayer se firmó el acuerdo con M. Rajoy. “¿Tiene indicios el Gobierno de que dicho material se utiliza en Yemen para violar los derechos humanos y el derecho internacional?”, o “¿Qué tipo de garantías sobre el uso del material militar exige el Gobierno antes de autorizar su exportación a Arabia Saudí?”.
En este último sentido, Alberto Garzón, ha denunciado y advertido hoy al Gobierno de Mariano Rajoy de que será “cómplice de los asesinatos y de los crímenes en la guerra de Yemen” al firmar en las próximas horas el acuerdo económico de colaboración con el príncipe heredero de Arabia Saudí, Mohamed Bin Salman, de visita en España, que incluye la venta de cinco corbetas para la Armada de guerra de este conflictivo país. Garzón ha reprochado con dureza que el Ejecutivo español mantenga la venta de armamento a “dictaduras” como la de Arabia Saudí, que “no sólo no respetan los Derechos Humanos”, sino que sostiene guerras como la de Yemen, un conflicto en el que se “asesina de forma indiscriminada” a miles de personas. Fuentes de Moncloa aseguran a este medio que los saudíes han exigido que el acuerdo fuese firmado por M. Rajoy y/o Felipe de Borbón para llevarse a cabo.
Volviendo al tema de los dinero de la casa real, una pregunta sumamente lógica, dado que se hace uso de dinero que sale del bolsillo de todos los españoles y españolas, Izquierda Unida pregunta por la no fiscalización de las cuentas de la casa real por el Tribunal de Cuentas: “¿No cree el Gobierno que es una contradicción en sus términos que el Tribunal de Cuentas no fiscalice a la Casa Real?”. No han debido querer poner Garzón y Bustamante contradictio in terminis no vaya a ser que respondan que no saben idiomas, pero no deja de ser contradictorio que no hay fiscalización alguna. De ahí se sigue que la siguiente pregunta sea si “¿Va a exigir el Gobierno a la Casa Real que detalle el patrimonio y las rentas de sus integrantes y que sus actividades sean fiscalizadas por el Tribunal de Cuentas?”.
Y, por último, una preocupación de la ciudadanía, especialmente después del escándalo de los papeles de Panamá. “¿Puede el Gobierno afirmar que ningún miembro de la Casa Real tiene cualquier tipo de activo financiero en el extranjero y, en concreto, en los conocidos como paraísos fiscales?”. Para Bustamante esta falta de explicaciones sobre el uso de recursos públicos por parte de la familia real contrasta con la “transparencia” que se exige al conjunto de responsables públicos y cargos electos.
IU aprovecha sus preguntas para denunciar el “anacronismo” de la Monarquía en pleno siglo XXI, una institución “obsoleta”, de “dudosa utilidad pública” y que “genera desigualdades sociales”.
