El representante electo del Consejo de Residentes Españoles de Buenos Aires (CRE), Xoan Negreira, entregó el pasado 10 de abril una carta a Mariano Rajoy, aprovechando su visita oficial a Argentina, donde se le exige que el Estado español extradite a 17 torturadores franquistas cuya participación en crímenes durante la dictadura está demostrada. La entrega se realizó durante el encuentro que tuvo el presidente del Gobierno con representantes de la colonia española en el Club Español de la capital argentina.
En la carta, que firman el propio Xoan Negreira y el miembro del CRE, Gustavo Fernández, exhortan a Rajoy a «cumplir los tratados internacionales firmados por España, que atañen al juzgamiento de crímenes de lesa humanidad». Asimismo, se le exige que no entorpezca la extradición de quienes “desaparecieron, torturaron y asesinaron a miles de compatriotas”.
Los descendientes del exilio republicano, agrupados en los colectivos García Lorca e IU Buenos Aires, denuncian igualmente la retirada de la dotación económica destinada a la Ley de Memoria Histórica desde la llegada del Partido Popular a La Moncloa en 2.011, lo que impide «localizar a los desaparecidos y desaparecidas repartidas en miles de fosas comunes en España».
Para Camilo Vera, coordinador de IU Buenos Aires, «la entrega de la carta pone de relieve la fuerte implicación que tiene la colectividad de descendientes del exilio republicano y la emigración española en Latinoamérica en relación con los asuntos de su país de origen. Una parte de España quedó hace décadas en países como Argentina, Uruguay y México, y reivindica de nuevo su derecho a ser escuchada».
Por su parte, Eduardo Velázquez, coordinador de la federación de IU Exterior, valora que «resulta inconcebible que un Estado que se reclama democrático y moderno como el español no cumpla con los compromisos internacionales asumidos en materia de derechos humanos. Somos el país con mayor número de desaparecidos del mundo tras Camboya y ya es hora de que el Gobierno del PP deje de mirar para otro lado. La localización de los restos de los represaliados es una cuestión de justicia, no de presupuesto».
