La ‘trama del agua’ en Murcia comenzó cuando ACS, la compañía de Florentino Pérez, pagó 1,1 millones de euros para negociar con inversores locales que querían construir una desalinizadora que paliara el déficit de agua en la región. Esa desaladora fue la que se construyó en Escombreras, Cartagena.
Documentos encontrados por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional en el llamado caso La Sal, revelan que el grupo ACS abonó ese dinero esperando ingresar de vuelta 600 millones de las arcas públicas con la “connivencia y activa participación” del Gobierno murciano del PP.
Así lo contaba ayer El Confidencial, que añade que este preacuerdo fue una decisión para improvisar una cláusula que evitara que le salpicaran posibles “consecuencias fiscales, legales o de cualquier otra índole”. ACS abonó 1,1 millones de euros pero nunca se usaron para trabajos en la salinizadora.
Los expertos de la Policía Nacional explican en un informe de más de 200 páginas que ese dinero de ACS se documentó en facturar falsas para justificar el movimiento de dinero. Inversores locales de Hydromanagement SA -empresa pública creada a manos del PP de Murcia- emitieron las facturas para dar apariencia de legalidad a la llegada de ACS al proyecto.
Ese preacuerdo dicta que «los vendedores y todas aquellas empresas bajo su control directo o indirecto se responsabilizan de todas las consecuencias fiscales, legales o de cualquier otra índole». Además, incluye «la compra de regalos».
Por tanto, según los agentes que llevan el caso La Sal, el grupo ACS “estaba intentando dejar constancia de manera clara que, aun siendo conocedores de diversas irregularidades [como la compra de regalos]», ellos no se responsabilizan de los actos de cuestionable licitud.
Además, el pasado lunes se desveló también que el PP de Murcia amañó la adjudicación de la desaladora de Escombreras y se la entregó a ACS. De ese modo, las consecuencias no asumidas por la empresa de Florentino Pérez fueron desviadas a las arcas públicas de la región.
