El Santander está acelerando los procesos de integración con el Popular, lo que supone un riesgo para los afectados ya que, una vez que se integren las dos entidades y se elimine la personalidad jurídica del Popular, los afectados tendrán más complicado reclamar la devolución del patrimonio que perdió todo su valor la madrugada del 6 al 7 de junio, a pesar de que el Santander, por ser la entidad «compradora» tiene una responsabilidad.
La documentación publicada por Diario16, la aceptación de la misma por parte de la Audiencia Nacional a instancias del Fiscal Anticorrupción, el incremento de las demandas penales contra el Santander, tanto en España como en Estados Unidos, el fracaso de los bonos de fidelización con los que se quiso comprar el silencio de los afectados, además de la pérdida de vigencia de la estrategia judicial de los abogados de la entidad presidida por Ana Patricia Botín, están haciendo que el Santander haya decidido acelerar el proceso de integración. De ahí que haya contratado a Bluecap y a Deloitte —la que hizo el informe oculto y que fue su auditora durante más de 25 años— para apoyar al equipo de Víctor Menéndez para que la fusión de las dos entidades se implemente definitivamente antes de que finalice este año. Otro aspecto que puede haber provocado este intento de eliminar la personalidad jurídica del Popular cuanto antes es que, según fuentes jurídicas consultadas por Diario16, el juez Fernando Andreu comenzará a finales de mayo a llamar a declarar tanto a los demandados/imputados como a testigos de todas las instituciones implicadas en el caso, además de que, si no se reciben toda la documentación requerida por la Audiencia Nacional, es muy probable que se ordenen registros.
Ante este cambio de estrategia del Santander, los afectados no se han quedado quietos y la Asociación Independiente de Afectados del Popular (AIAP) ha solicitad a la Fiscalía Anticorrupción la imposición de medidas cautelares «tendentes a garantizar el buen fin del proceso, puesto que sin las medidas cautelares la tutela judicial efectiva quedaría reducida a un simple formalismo sin esencia práctica» contra el Santander en base al peligro de demora procesal, de la apariencia de buen derecho y de la «la caución de un euro, igual a la cantidad abonada por el Banco Santander en la subasta adjudicada por el Banco Popular Español».
La principal medida solicitada es, según el documento al que ha tenido acceso Diario16, es que al Santander «se le imponga, adicionalmente, una fianza proporcional a los ingresos generados por la venta de activos, recuperación de provisiones y créditos fiscales diferidos que suman un total de 21.613.758.000 euros», una cantidad superior a la solicitud presentada hace unas semanas por un bufete de Barcelona ante la Audiencia Nacional.
